El ex secretario de Obras Públicas, José López, firmó anoche un acuerdo con el fiscal Carlos Stornelli para declarar como imputado–colaborador, es decir arrepentido. De inmediato lo sacaron de la cárcel de Ezeiza para preservar su integridad física, con el visto bueno del Tribunal Oral Federal 1, donde está siendo juzgado por los nueve millones de dólares que tiró en el convento. El “arrepentimiento” tal vez sea una buena oportunidad para saber de dónde sacó la plata ya que nunca explicó el origen. 

El contenido del acuerdo López–Stornelli no se conoce en detalle y deberá ser homologado por el juez Claudio Bonadio. Por de pronto, el movimiento de sacarlo de Ezeiza sugiere que declaró contra otros funcionarios, aunque su superior, Julio De Vido, está en Marcos Paz. Se dice que López podría recalar en Devoto, en otro pabellón de Marcos Paz o en una unidad policial. Tal vez le hayan prometido un lugar más confortable, como la Policía Montada, con empresarios que aceptaron arrepentirse. 

Hace una semana, el ex funcionario declaró ante el TOF 1 y contó una versión insostenible de los hechos. Adujo que los nueve millones de dólares no los tenía él, sino que se los trajeron tres desconocidos, uno en moto y dos en auto, que lo obligaron a ir hasta el convento. La versión es totalmente contradictoria con los hechos: en las cámaras de seguridad del trayecto de su casa, en Talar de Pacheco hasta General Rodríguez, no se percibe que lo escolten, ni alguien en moto ni un auto. También sus dichos contradicen su propia confesión anterior: para salvar a su ex esposa explicó que el dinero estaba escondido en un cuarto que no conocía nadie, en el techo, al lado de un tanque de agua. En la investigación que hicieron el juez Daniel Rafecas y el fiscal Federico Delgado constataron incluso que los billetes tenían la humedad característica de un tanque de agua.

Las versiones anoche indicaban que López habría apuntado tanto contra De Vido como contra algunos gobernadores, ya que buena parte de las obras estaban descentralizadas. El ex funcionario, igualmente, no afronta un panorama muy promisorio. En el juicio por enriquecimiento ilícito tiene pocas chances de escapar sin condena, porque nunca pudo probar que el dinero lo haya obtenido de manera lícita. Es casi seguro que terminará con una condena a cuatro o cinco años de prisión. A esto se sumará lo que resulte de la causa de los cuadernos.