En simultáneo con otras ciudades del país, una nueva marcha contra la violencia institucional sacará a la calle la lucha de los familiares de víctimas de las fuerzas de seguridad. La de este lunes, partirá a las 17 de los Tribunales provinciales (Balcarce y Pellegrini), para pasar por el Federal y llegar a la sede de Gobernación. Será la segunda convocatoria en Rosario y la cuarta a nivel nacional. “Yo marcho contra el gatillo fácil”, es el lema que se propuso este año desde la Multisectorial contra la Violencia Institucional, que --junto a otras organizaciones-- levantará las fotos de los pibes asesinados por uniformados. Entre las denuncias y reclamos, aseguran que la situación “recrudeció con el presidente Mauricio Macri, porque no solo habilita estas prácticas sino que además felicita a los policías que las cometen”, reprochó Julieta Riquelme, hermana de Jonatan Herrera asesinado en 2015.

Con el dolor que los invade en cada movilización, los familiares y organizaciones que trabajan en brindarles apoyo y contención, buscan que la marcha nacional sea una más en la agenda de reclamos sociales. Ya el año pasado, la movida rosarina fue la más grande de Argentina, en relación a la cantidad de habitantes. "La convocatoria se enmarca en una política general con la que trabajamos contra la violencia institucional en casos de homicidios, pero también contra otra serie de prácticas que componen hechos violatorios a los derechos humanos y deberes institucionales", dijo Marilé Di Filippo, investigadora y docente que forma parte de la Multisectorial. "Si bien la situación es más grave desde 2013, empeoró en los últimos años y sabemos que en Rosario hay un pico de este tipo de prácticas. Con el gobierno de Cambiemos se agravó notablemente por las políticas de seguridad”, dijo. En ese sentido, recordó los crímenes de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, hasta lo que se dio a llamar la "doctrina Chocobar", que es "el aval a que los policías cometan estas prácticas". También asoció los casos a "las situaciones que traen aparejadas las políticas sociales y económicas: crean un clima cada vez más complejo y violento, donde para las fuerzas, es un lugar de descarga de la fuerza letal", lamentó. "En la ciudad los casos son permanentes y alarmantes. Entendemos que hay ciertas actitudes convalidatorias al accionar de la fuerza desde el gobierno provincial", señaló.

Julieta sumó que con Bullrich "también nos sentimos vulnerados, porque las políticas van en ese sentido. Sabemos claramente contra quiénes nos enfrentamos, y a ninguno de nosotros le hubiera gustado estar en este lugar”, aseguró.

También apuntaron al Poder Judicial. “No se garantiza que haya justicia, lo que podría reparar en parte a las familias", dijo Di Filippo. “Queremos que esta marcha sea también un mensaje a los jueces que han dado condenas vergonzosas tanto en el caso de Jonathan Herrera como en el de Iván Mafud. Que sirva para los casos que vienen, que tienen que llegar a juicio. Entendemos que la primera marcha sirvió para sumar a gente que se anime a denunciar, esperamos que ésta interpele al Poder Judicial”, agregó Germán Campos, hermano de David, que iba en auto con su amigo Emanuel cuando la policía les disparó durante una persecución.

A los legisladores también les plantearon responsabilidades "por la producción y sanción de leyes que permiten esta mal llamada mano dura; y  porque no se avanza contra mecanismos contra la violencia institucional.

Jesica, tía de Maximiliano Zamudio --caso que había sido archivado y se logró reabrir--, dijo que “esta marcha busca hacernos escuchar, porque queremos que haya justicia para todos los chicos a los que mató la policía. Luchamos día tras día para eso, para que nuestros familiares estén en paz. Nosotros queremos marchar por Maxi, porque no lo tenemos hace tres años y tres meses”.

Varones, jóvenes y pobres. Para la Multisectorial, la violencia institucional es "sistemática, extendida y focalizada". En ese sentido, consideran que apunta --en la mayoría de los casos-- a jóvenes de sectores populares. Las prácticas denunciadas van desde averiguación de antecedentes, torturas y ejecuciones sumarias hasta desapariciones forzadas. Otro de los cuestionamientos de las organizaciones tienen que ver con que el Estado "niega" esas prácticas y no crea ni implementa políticas dirigidas a prevenir, detener y sancionar.