“El sistema recae sobre los pobres”

Balangione, quien está en el cargo del Servicio de Defensa Penal hace un año y medio, señaló que la gestión funciona en "dos velocidades". Y detalló: "Por un lado, desde lo provincial y en coordinación con las regionales, se hace un monitoreo e inspección permanente de los diferentes lugares de encierro; y por otro lado, hacemos presentaciones de habeas corpus por situaciones en común del conjunto de las unidades de cada zona, por diferentes temas". En ese sentido, días atrás se logró una respuesta positiva de la Justicia santafesina con respecto del plan de salidas transitorias; y ahora se está trabajando en otra presentación en relación a lo educativo. "La idea es recabar datos de boca de los propios internos e internas", dijo la funcionaria.

También lamentó que todavía hay situaciones complejas que se dan con los traslados y modificaciones dentro de los penales. "En un pabellón de Coronda, llegó a haber 290 presos condenados", triplicando el cupo. "Tengo entendido que se iba a trasladar a unos 80 pero, es a raíz de lo que nosotros planteamos, porque el día de visitas, esos lugares están repletos", lamentó. Ante el crecimiento de la población carcelaria, que dejó dos mil presos más, en un año y medio, planteó que "no se pueden seguir construyendo cárceles".

En su análisis de la situación, la funcionaria indicó que el sistema deja "muchas personas presas con penas cortas", y señaló que "en esos casos es donde el Estado debería trabajar: pensar en evitar la prisión para esas personas, porque los hacen pasar por la cárcel y no alcanzan a lograr nada positivo, sino por el contrario. Está claro que no saldrán de allí mejor de lo que estaban cuando entraron", dijo Balangione. Y señaló: "Los mismos imputados a los que defendemos son víctimas de malos tratos, entre otras cuestiones. Es muy difícil que la gente y el propio sistema entiendan esta cuestión, pero hay que verlo desde el punto de vista práctico: la cárcel devuelve a esas personas a la sociedad en algún momento, por eso hay que trabajar con criterios de justicia restaurativa, mecanismos pacificadores que permitan una salida y una reflexión, con programas integrales", instó. Al mismo tiempo, señaló que el sistema penal es "selectivo: recae en las personas de menos recursos económicos, en los sectores más populares".

Frente a ello, la funcionaria mencionó que está "trabajando en un anteproyecto de defensa pública integral, porque ahora somos solo penal. Los defensores civiles quedaron en esa esfera, con la vieja impronta. Lo que vemos es que el 95 por ciento de los casos que nos llegan están atravesados por una complejidad de factores entre los cuales el delito es una de las aristas. Hay personas que llegan a lo penal porque están en familias sumamente vulnerables y que son los mismos que transitan pasillos buscando apoyo para la defensa civil", evaluó.

"Creemos que la defensa tiene que seguir siendo un servicio a la sociedad para abordar las problemáticas. Si como defensa tenemos esa posibilidad de hacer un abordaje completo y ser una herramienta para hilvanar todas las áreas que atraviesan la situación, nos permitiría un mejor resultado de construcción, porque como vamos, vemos que la cosa empeora. Son las políticas de fondo las que no se están pensando con esta complejidad. Si bien nada da respuestas de un día para otro, en algún momento hay que empezar con los temas de fondo como la  educación y la salud, para no seguir criminalizando y ofreciendo la cárcel como lugar de reparación. La sociedad tiene que entender, porque piden endurecimiento, pero hay que pensar que eso ya se hizo con las leyes y las penas, y cada vez es peor el problema".

La defensora también mencionó el informe de registro de torturas y malos tratos de 2017, cuando hubo 453 casos de violencia institucional relevados por la Defensa Pública. "Implementamos un protocolo, recibimos las denuncias y acompañamos al denunciante en el camino, pero la mayoría no quiere hacer las denuncias por temor a represalias. Son casos que se dan durante traslados, ingresos y en el momento de la detención", dijo la funcionaria.

Mujeres y niñez

En el caso de las unidades 4, de Santa Fe; y 5, de Rosario, las unidades de mujeres tienen un monitoreo semanal, para dar cuenta de la forma de vida que tienen allí las 170 internas (120 en Rosario; y 50, en Santa Fe). "Lo hacemos de manera semanal en las unidades de mujeres, muchas de las cuales son detenidas federales, que están por temas de narcomenudeo. Tenemos que velar por los derechos humanos en todos los lugares de encierro, por eso intervenimos por todas por igual", dijo sobre los casos a los que no asisten penalmente, pero sí en el marco de la vida en prisión. En ese sentido, la defensora general también manifestó preocupación por niños y niñas menores de cuatro años, que están en la cárcel con sus madres. Si bien la ley contempla la situación, para buscar alternativas a la prisión preventiva --como el arresto domiciliario o la colocación de tobilleras electrónicas--, aún hay casos en los que las mujeres son encerradas y no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas. "En su gran mayoría las detenidas federales están por cuestiones de narcomenudeo", lamentó. También hay un pabellón de mujeres madres. "Hay seis mujeres, una embarazada, y cinco niñas", dijo la funcionaria sobre la unidad de Rosario. "Una de las nenas, que tiene tres años, salió solo dos veces de allí, para ir al médico", lamentó. "Las mujeres con hijos menores de cinco años, tienen derecho a transcurrir la prisión en una vivienda, norma que viene en favor de los niños y las niñas, pero que en el sistema jurídico penal es difícil de aplicar porque la primera vez los jueces les dan domiciliaria; pero, muchas veces, cuando vuelven a sus casas, las mujeres se encuentran con que no tienen para darles de comer a sus hijos y reinciden porque cometen delitos para la manutención; no porque tienen ganas. Hay delitos que van muy bien con los estereotipos de género", se quejó. Y agregó que en los casos de madres presas, "el castigo termina recayendo más sobre la niña o el niño". Por eso, consideró que "la solución es trabajar este tipo de casos de manera integral, que el Poder Ejecutivo pueda brindar una atención especial a estas mujeres, que no son gran cantidad". Al mismo tiempo, Balangione planteó que en la nueva unidad donde fueron trasladadas las mujeres (27 de Febrero al 7800) hay un jardín de infantes, que si bien puede ser necesario, evita que niños y niñas salgan de la unidad y estén en otro ámbito, con sus pares. "La idea es que puedan estar afuera e integrarse con la sociedad, pero en el nuevo lugar, no llegan los colectivos, por lo que es difícil trasladarlos. Sumado a ello, suele haber discriminación cuando se sabe que son nenes y nenas que viven en cárceles".

Por otro lado, la defensora planteó que las mujeres "sufren el encierro mucho más que los varones, porque suelen ser más abandonadas por sus familias, parejas, hijos más grandes y otros allegados". En ese sentido, contó que las hijas adolescentes de las mujeres dejan de ir a visitarlas porque sufren "requisas sin un criterio, que las avergüenzan, incomodan y no hay claridad sobre por qué y a quiénes se hace. Hay una violencia institucional que se termina naturalizando", señaló.