El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, anunció ayer un nuevo programa de ajuste fiscal para recortar 11.700 millones de dólares hasta 2020 y así conseguir que el Fondo Monetario cubra las necesidades de financiamiento para los compromisos de deuda del año próximo. El programa con que buscará convencer hoy al staff del FMI de renegociar las condiciones del préstamo es la vieja fórmula que intentó Domingo Cavallo en 2001: la del déficit cero. El plan involucra recortes de gastos en obra pública por 0,7 por ciento del PBI, la reducción de 0,5 puntos en subsidios a la tarifa social eléctrica y al transporte –que se traspasará a las provincias–, rebajas de gastos operativos y remuneraciones y achicamiento de gastos corrientes, en ambos casos equivalentes a 0,2 puntos del PIB (ver aparte). Como contrapartida, estableció dos canales que le permitirían sumar recursos. Por un lado, suspender por un año la reducción de aportes patronales prevista en la reforma tributaria y, por otro, restablecer los derechos de exportaciones para todos los sectores por dos años mediante una suma fija del gravamen. En el caso de la soja y derivados se compensará ese incremento adelantando la reducción de la alícuota. En bienes primarios y servicios, se retendrán cuatro pesos por dólar exportado y para el resto de las actividades –incluida la industria– serán tres pesos por dólar. Para el complejo sojero –porotos, harina y aceite– se acelera la reducción de alícuotas hasta 18 por ciento, 7,5 puntos menos que en la actualidad, a cambio del nuevo derecho a exportación de cuatro pesos por dólar. Con una cotización de la divisa de 40 pesos, sería equivalente a 10 puntos porcentuales, con lo cual la soja pagaría 28 por ciento. 

El Gobierno confirmó así su esquema remozado de “déficit cero” que, al igual que el anunciado en 2001 por la administración de Fernando de la Rúa, se enfoca en un fuerte recorte de subsidios y obra pública que impactará en mayor desempleo e inflación. Por el lado de los ingresos, un aumento variable y transitorio de retenciones a las exportaciones de todas las actividades económicas, sin discriminar entre sectores en dificultades de aquellos que tuvieron una renta extraordinaria con la disparada del dólar. “Es un impuesto malo, malísimo, cuando lo que se quiere son más exportaciones para generar puestos de trabajo. Pero estamos ante una emergencia y necesitamos su aporte”, aseguró Mauricio Macri en un mensaje grabado que se difundió antes de que se iniciaran las operaciones en los mercados de cambio y en la Bolsa. 

Las retenciones a los granos habían sido incluidas en 2002 como manera de ajustar las cuantas tras el default de la deuda. El kirchnerismo utilizó el sistema para aprovechar la renta extraordinaria que se generaba por el alza de los precios internacionales y la suba del dólar, como fuente de ingreso genuino de divisas y para desacoplar los precios internos de las cotizaciones internacionales del complejo agropecuario. El macrismo desmontó el esquema de retenciones para mineras, industria y todos los granos, con excepción de la soja. Para este último inició un programa de reducciones graduales de 0,5 puntos mensual hasta enero de 2020. Según la consultora EcoGo, cada punto de rebaja de retenciones le cuesta al Fisco unos 2700 millones de pesos de recaudación.

Ayer el equipo de Cambiemos restableció oficialmente los derechos a la exportación que tanto repudio cosecho dentro de sus filas durante la campaña electoral. Su eliminación fue una de las primeras medidas aplicadas por Macri no bien asumió el Gobierno en diciembre de 2015 y conformó la principal promesa de campaña, junto con la eliminación del cepo, para el establishment económico que sustentó su plataforma electoral. Ambas eliminaciones fueron responsables de la profundización de la restricción externa (insuficiencia de divisas) que provocó el Gobierno. Ahora se anuncia la retención como monto fijo, con el objetivo de que el impacto para el sector privado se licue con las sucesivas devaluaciones. La semana pasada se registraron saltos del dólar de más de 6 pesos, con lo que una retención de 4 o 3 pesos genera un incentivo extra para que los exportadores presionen por una suba del tipo de cambio que neutralice el nuevo derecho ce exportación. 

Con esta medida el Gobierno espera una recaudación adicional equivalente a 68.000 millones de pesos este año (0,5 por ciento del PBI) y de 280.000 millones en 2019 (1,5 por ciento del PBI). De todos modos, el ministro Dujovne, quien reconoció que “se cometieron errores”, aseguró que se trata de un esquema de retenciones transitorio para los próximos dos años, hasta diciembre de 2020. 

En el caso de la exportación de oleaginosos, la aplicación del monto fijo se compensa con una reducción del 25,5 al 18 por ciento en la alícuota de retenciones. A valores del dólar actual, en torno a los 40 pesos, para los exportadores de soja implica una suba de apenas tres puntos, posible de licuar en una eventual suba de la divisa. Pero para la industria y algunos servicios, que no estaban alcanzados por este gravamen, implica 10 por ciento, siempre recordando que es un monto fijo que cae como alícuota con la suba del dólar.

El ministro evaluó que el dólar no subirá sino que tenderá a bajar porque el tipo de cambio real “exagera los fundamentos con que cuenta la economía argentina”. “El actual es un tipo de cambio depreciado para las posibilidades que tiene el país”, completó Dujovne, mientras el dólar empezaba a subir en la city.