Con una acusación detallada sobre los diferentes roles en la cadena de comercialización de drogas, comenzó el primer juicio por narcotráfico contra la banda de Los Monos. A las 9 en punto, la llegada de Patricia Celestina “Cele” Contreras, la madre de Ariel “Guille” Cantero --uno de los sindicados jefes--, marcó el inicio de una jornada que se extendió por más de ocho horas. La mujer de 51 años se presentó en los Tribunales Federales de Oroño al 900 con las manos en los bolsillos de su pantalón de gimnasia gris y custodiada por otras mujeres. La ausencia de los líderes en la causa Los Patrones fue lo primero de lo que se quejaron sus abogados antes de entrar a la audiencia, ya que solo pudieron seguir el debate por videoconferencia, desde Ezeiza. Frente a ello, adelantaron que plantearán nulidades. Como dato saliente de la requisitoria de elevación a juicio, se indicó que las mujeres eran el contacto directo de los sindicados organizadores Ariel “Guille” Cantero y Emanuel Chamorro --mientras estaban presos en Piñero, por la causa de asociación ilícita y homicidios en la que ya fueron condenados a 22 y 10 años--. Sus parejas, Vanesa Barrios y Jésica Lloan fueron acusadas de tener un rol clave: hacer cumplir las órdenes de los jefes mediante directivas a los eslabones inferiores de la organización.

Mientras las partes y 17 de los 39 imputados estuvieron en la sala pegada al patio del Tribunal, familiares y trabajadores de prensa siguieron lo que sucedía desde dos pantallas ubicadas en carpas verdes, al lado del estacionamiento, donde el calor se hizo sentir.

Afuera, toda la manzana estuvo celosamente custodiada por tres fuerzas de seguridad, cámaras de videovigilancia y dispositivos móviles. Sin embargo, no se afectó el normal funcionamiento del vecindario.

Apenas terminó la lectura de datos de los 32 acusados en la causa Los Patrones --hay otras cuatro causas pequeñas--, los fotógrafos y las cámaras de video fueron directo a los imputados que estaban en la sala, en su mayoría mujeres. Esas fueron casi las únicas imágenes posibles, ya que los principales imputados apenas podían verse del otro lado de la pantalla, en Ezeiza, donde eran 22. Antes de la acusación, el abogado Fausto Yrure se quejó por la "abusiva" cantidad de fotos. También planteó que sus clientas, las parejas y allegadas a Guille y Chamorro, tenía dificultad para presentarse todos los días al debate, ya que no tienen con quién dejar a sus hijos e hijas, que las mantienen en prisión domiciliaria. Y cuestionó que los acusados no estuvieran en la sala y que encima los dejaran esposados; pero el Tribunal entendió que se trata de una decisión de las fuerzas de seguridad. Los abogados aseguraron que no hay pruebas contra sus clientes.

Frente al Tribunal compuesto por los jueces Ricardo Vázquez, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano --con Germán Sutter Schneider como cuarto juez--, Secretaría leyó la requisitoria de elevación a juicio elaborada por Adriana Saccone y Diego Iglesias, de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar); y nombró 239 elementos de prueba.

Al mencionar cómo comenzó la investigación, se habló de una comunicación del 19 de noviembre de 2014 en la que se dio cuenta de la comercialización de estupefacientes en la zona de Chávez y Laprida, al sur; cuando personal policial identificó a un hombre que contaba con apoyo de dos soldaditos en una “maniobra típica de venta al menudeo”. En la investigación, personal de la policía federal llegó al dato de que era el apodado “Sordo Juan”, Juan Carlos Sánchez, pareja de Vilma Reyna, quien fue presentada como “comerciante y prostituta” y es hermana de la Cele, por parte de madre.

Desde entonces, las conexiones se fueron estableciendo con el correr de los días. Así, se mencionan eslabones intermedios de la organización y los organizadores de la estructura criminal con el interés puesto en el rol de las parejas de Guille y Chamorro.

La pesquisa concluyó que el control, apoyo logístico, cobro y recuento de ganancias, entre otras tareas, estaban a cargo de las esposas de los principales acusados, presos en Piñero desde hacía más de un año, por la Justicia provincial. Para los acusadores “los cuatro tenían absoluto control de la organización”.

Al parecer, los contactos de fabricación y elaboración de cocaína los tenían Guille y Barrios. “Estaba encargada de controlar el desarrollo de la cadena de comercialización”, expresa la requisitoria sobre ella. Mientras que la otra pareja estaba en el tema de la marihuana, para que Jésica se la proveyera a Vanesa. En tanto, la acusación apunta a que entre las dos mujeres había una fuerte conexión que permitía “mantener la hegemonía territorial”.

Fiscalía indicó que el rol de la Cele era “por debajo de los organizadores” aunque indicaron que "las charlas (escuchadas) dan pauta de que Vanesa y Celestina administraban y gestionaban los estupefacientes de manera autónoma”. Además, a la Cele se le atribuye un papel importante dentro de la comercialización, en la toma de decisiones sobre puntos de venta.

Párrafo aparte merecieron los proveedores de la organización, como Diego Cuello, quien fue detenido y desvinculado en la causa conocida como la “narcochacra” de Alvear. En tanto, Gladis Barrios, tía de Vanesa, aparece con un rol más relevante, ya que se encargaba del contacto con los proveedores y fabricantes.

Para la Fiscalía que en el juicio está representada por Federico Reynares Solari, los acusados conforman una “estructura ilícita con proyección en distintos puntos del país”. Eso es lo que se intentará demostrar en los alrededor de dos meses que durara el juicio, por donde pasarán más de 250 testigos.