El gobierno nacional y sus operadores en el fútbol se traen algo entre manos. Se trata, ahora sí, del intento para que la AFA considere y si fuera posible apruebe, un proyecto que le dé el pase libre a las sociedades anónimas deportivas. La instancia elegida será una asamblea extraordinaria. El momento: nunca antes de febrero-marzo del 2019. Previo a ello, el Comité Ejecutivo de la asociación que preside Claudio “Chiqui” Tapia debería aprobar la inclusión del tema en otra asamblea pero ordinaria. Será en la tercera semana de noviembre. Desde este espacio ya se había informado en un artículo publicado el 19 de junio de 2016, que “la Súper Liga puede ser un Caballo de Troya si el fútbol argentino modifica su estructura jurídica, les abre las puertas a las sociedades anónimas deportivas y baja la guardia”. Desde esa organización se alienta la idea de que haya una herramienta legal para que determinados clubes opten por las SAD. Aunque antes se tiene que modificar el estatuto de la AFA, un hecho que los críticos a esta movida ven como improbable.
Uno de los emisarios que cumple servicios para la Casa Rosada es Fernando Marín. El ex gerenciador de Blanquiceleste SA que controló a Racing después de la quiebra y de que la contadora Liliana Ripoll dijera aquella frase que la ubicó en la historia amarga del fútbol argentino: “Racing ha dejado de existir como club”. El empresario se ha reunido en la AFA con sus autoridades al menos una vez en las últimas dos semanas. Tiene coincidencias con dirigentes del Comité Ejecutivo que acompañarían la propuesta de abrirle la puerta a las SAD. Son los presidentes de Huracán, Alejandro Nadur; de Estudiantes, Pascual Caiella y de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, entre otros. Pero no integran la Asamblea, el órgano legislativo y supremo de la AFA que es el ámbito donde realmente se cuentan los porotos.
Cuatro fuentes distintas para esta nota consideran que en la asamblea ordinaria prevista para noviembre, se introducirá en el orden del día la convocatoria a una extraordinaria que debería discutir la inclusión de las SAD en el estatuto. En la Superliga sus integrantes están divididos sobre este punto. Luis Chebel, el vice de Lanús, se niega a habilitar la discusión en la AFA. Su club es uno de los más firmes en contra de la vieja iniciativa del presidente Mauricio Macri. También el San Lorenzo de Matías Lammens. Esa posición tiene la mayoría silenciosa, aunque nadie está en condiciones de garantizar que el tema no se tratará en los primeros meses de 2019. Por estatuto, después de la asamblea del mes próximo donde se votará también la memoria y balance del último ejercicio, tendrían que pasar noventa días para que sesione una extraordinaria. Todavía no se fijaron las fechas de cuándo serán las dos.
En la AFA hay temas no resueltos que pueden influir en el humor general camino a esos eventos. Uno es el problema de los derechos de formación que los clubes más grandes no quieren pagar. La justicia los obligó a hacerlo a River y Estudiantes el mes pasado mediante dos fallos que pueden sentar precedentes. Se basó en la ley 27.211 de noviembre de 2015 que fija un 0,5 % por cada año que haya transcurrido un niño-adolescente-jugador en el club donde se inició. La edad que comprende es desde los 9 hasta los 18 años. En la Superliga están que trinan por esta cuestión.
Para la diputada provincial por Santa Fe, Claudia Giaccone –la autora de la norma– “ni un representante ni un dirigente podrá apretar a nadie, esto es ley desde hace tres años pero nunca se cumplió, se la quiso menoscabar y se la trató de inconstitucional, nunca se les quiso reconocer el esfuerzo y la inversión a los clubes formadores. Estos dos clubes santafesinos tuvieron el coraje de presentarse a la Justicia y no serán los únicos”. Se refería a Unión de Totoras y Bochófilo Bochazo de San Vicente que reclamaron por Nicolás Domingo y Facundo Sánchez, respectivamente. Los dirigentes de los clubes que juegan en la élite del fútbol argentino temen que se produzca un efecto cascada. Sólo desde la Liga de Casilda podrían surgir reclamos por Franco Armani y Damián Musto, por citar dos casos.
Otro conflicto potencial surge de la dolarización de las deudas que mantienen los clubes con la asociación que preside Tapia. En julio del año pasado, cuando el presidente anunció el programa de Fair Play financiero, el dólar estaba a 17,28 pesos. Además, había explicado que a los deudores de la AFA se les descontarían distintos porcentajes de los derechos televisivos, partiendo de un 15 por ciento que se elevaría hasta un 30 o 50 si decidían incorporar jugadores. Hoy, con el dólar a 42 pesos, el panorama se modificó radicalmente. Y en instituciones del Ascenso donde los ingresos en divisas son una rareza, hay preocupación. A estas inquietudes que en el primer caso afectan a los grandes de la Superliga y en el segundo a los más chicos del resto de las categorías, debe sumarse la indefinición con la modificación o anulación del decreto 1212, el régimen especial de aportes personales de los futbolistas y las contribuciones patronales de los clubes al Estado. Si el gobierno lo suprimiera, sería un golpe de nocaut para varias instituciones.
El combate de fondo de esas disputas preliminares será –si sale– la modificación del estatuto de la AFA que podría darle impulso a la instalación de las sociedades anónimas, el viejo sueño de Macri. La historia registra varios antecedentes desde el gobierno de Carlos Menem para acá.
El 1º de junio de 1996 un proyecto de Ley del Deporte que impulsaba el menemismo recogió casi textualmente el modelo español de las SAD, basadas en su norma 10/90 y el real decreto 1084/91. Dos años más tarde, el senador peronista Augusto Alasino, insistió con su propia idea de Ley del Deporte que contenía la posibilidad de ingresar a los torneos oficiales a las sociedades anónimas. Establecía presupuestos y contabilidades separadas para el deporte amateur y para el profesional, más una participación de origen extranjero que no debía superar el 20% del capital social, entre otras medidas.
En 1999 volvió a la carga el diputado peronista Fernando Galmarini. Presentó en el Congreso lo que denominó Ley del Fútbol, bajo el número de expediente 2066-D-1999. Su artículo 34 era muy gráfico, la idea casi perfecta de lo que pretendería ahora el gobierno nacional de Cambiemos: “Los clubes que intervengan en competencias de carácter profesional podrán adoptar la forma jurídica de sociedad civil o comercial”. En esa época, el ministro de Justicia de la Nación Raúl Granillo Ocampo convocó a un grupo de especialistas para redactar un proyecto de ley de sociedades anónimas. Ingresó al Senado el 10 de marzo de 1999 bajo el título de Sociedades anónimas deportivas (SAD).
En el 2000, el ex senador tucumano José “Yayo” Carbonell, quien a su vez es presidente de la Federación Argentina del Citrus, ingresó en la Cámara alta el último proyecto del que se tenga memoria (bajo el número 1364/00). Su propuesta legislativa tenía 39 artículos y ocupaba diez carillas. El 1° decía: “Las asociaciones o entidades civiles autorizadas a funcionar como personas jurídicas podrán desarrollar una o más disciplinas deportivas de carácter profesional a través de una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), la que se constituirá con terceros a ese efecto. Dichas Sociedades Anónimas Deportivas se sujetarán al régimen general de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 y sus modificatorias…”
Todos los proyectos perdieron estado parlamentario. El gobierno quiere copiar y pegar lo esencial de estas iniciativas y que recobren vida. Pero antes debería imponerle su voluntad a la AFA para que acepte una reforma estatutaria. Será mediante la asamblea extraordinaria que ya tiene el guiño de varios dirigentes que parecen jugar a dos puntas.
