El desafuero (o no) de Cristina Fernández de Kirchner desató una interna en el oficialismo. El ministro de Justicia, Germán Garavano, opinó que “no puede ser nunca bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención”. El funcionario nacional se mostró contrario al uso de la prisión preventiva en el caso de un ex presidente, donde “no debería haber sospecha de que esa persona se fugue”. “Estos dichos de Garavano son una vergüenza para la República y la división de poderes”, explotó Elisa Carrió, quien ya tiene viejas cuitas con Garavano desde la disolución de la Unidad AMIA. “Puede estar emparentado también con la impunidad de Menem en la Cámara de Casación. Si esto es así es pasible de juicio político”, amenazó la aliada cívica en relación a un posible fallo sobre el ex presidente de la Cámara de Casación en la causa por contrabando de armas. En el entorno de Carrió indicaron que están analizando seriamente presentar un pedido de juicio político contra el funcionario. 

La frase que desató la ira de Carrió, en verdad, apuntaba a la gravedad institucional de que haya una ex presidenta procesada. “No puede ser nunca bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención”, fue la reflexión que Garavano hizo en diálogo con ElDestape Radio. “En principio uno tendería a pensar que no debería haber sospecha de que esta persona se fugue y no debería haber elementos para pensar que va a entorpecer el accionar de la justicia”, indicó sobre la posibilidad de aplicarle la prisión preventiva a CFK. “La Argentina ha tenido un uso errático de la prisión preventiva. No es una herramienta buena, sobre todo, cuando son prolongadas”, indicó. 

Garavano advirtió, no obstante, que esta es una decisión que compete al magistrado que interviene y al Poder Legislativo en caso de un desafuero. “También hay que recordar que los fueros sólo implican que una persona no pueda ser arrestada. Se debería elevar a juicio”, indicó el ministro de Justicia. “En principio, no parece bueno el desafuero y la detención entendiendo que se pueden brindar explicaciones en el marco de un juicio oral”, remarcó.

Carrió no tardó en salir a responderle. Lo acusó de interferir en otros poderes. Indicó que “puede estar emparentado con la impunidad de Menem”, una acusación que Garavano ya recibió por parte de la líder de la Coalición Cívica en la causa por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Incluso, Carrió sugirió que podría pedirle el juicio político, una idea que rondó su discurso en otras oportunidades. 

En el entorno de la dirigente indicaron que la posibilidad de un juicio político “se está analizando” en forma seria y que depende principalmente de cómo falle la Cámara de Casación hoy sobre el ex presidente Carlos Menem en la causa de la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Hay rumores de que el ex mandatario podría ser absuelto en esa causa por haberse cumplido el plazo de la prescripción. “Los delitos de corrupción son imprescriptibles y están equiparados a la traición a la patria por el artículo 36 de la Constitución Nacional”, sostuvo ayer Carrió. En particular, en el entorno de Carrió estaban muy atentos a cómo votaría en el fallo el camarista Carlos Mahiques, padre de Juan Mahiques, un funcionario que depende de Garavano y que representa al Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura.

A la aliada cívica se unió una vieja compañera de ruta, la diputada Graciela Ocaña, que tras su paso por el kirchnerismo nunca volvió a tener la relación de confianza que tenía con Carrió, pero Cambiemos las volvió a encontrar juntas en el mismo espacio. Ocaña también se refirió en su cuenta de Twitter a las declaraciones de Garavano. Aunque no cuestionó al ministro en la forma que lo hizo Carrió, se mostró en desacuerdo: “Es inaceptable que el Senado no otorgue los desafueros que la Justicia ha pedido, obstruyendo sus investigaciones y convirtiéndose en un aguantadero”, tipeó. 

Casualidad o no, luego de esta escalada el presidente Mauricio Macri se mostró junto al ministro de Justicia, Germán Garavano, en un acto en Misiones en el que buscaron mostrar que el dinero recuperado a la corrupción se usa para obras de bien. Dato: el dinero utilizado fue incautado al venezolano-estadounidense Guido Antonini Wilson en agosto de 2007, es decir, hace 11 años. Los 799.550 dólares fueron usados para construir en Misiones un espacio de primera infancia llamado “La casa de los Gurises”, en Villa Bonita. “Esta obra que es tan real, las sillitas de los chicos, tienen que ver con plata recuperada de la corrupción”, sostuvo Macri, quien estuvo acompañado por el ministro de Justicia. 

Viejos rencores

La interna de Carrió con Garavano no es reciente. Proviene de los tiempos en los que una abogada vinculada a Lilita, Mariana Stilman, renunció a la Unidad AMIA y cuestionó duramente su accionar. La reyerta creció y Carrió terminó por sostener que Garavano buscaba direccionar el trabajo de la querella para no acusar en el juicio por encubrimiento al atentado a la AMIA a los ex fiscales Eamon Muller y José Barbaccia. 

En esa disputa por la Unidad AMIA, Carrió llegó a decir que Garavano tenía “un problema cerebral grave”. Garavano, por lo general, ante estos ataques hizo lo posible por eludir una confrontación directa. “El presidente sostiene a Carrió, quien en estos temas de corrupción es una persona que tiene un liderazgo y marca el camino por el que hay que avanzar”, se limitó a decir en aquella oportunidad en la que Lilita puso en duda su capacidad cerebral. En otros momentos, el ministro llegó a decir que si Carrió quería pedir su juicio político, estaba en su derecho. 

La disputa continuó cuando la querella estatal en el caso AMIA cambió su posición sobre los ex fiscales Muller y Barbaccia. A esto se opuso Cimadevilla. Mientras Garavano insistió en que la posición mayoritaria de los abogados fue no insistir en esa acusación, Cimadevilla y Carrió afirmaron que Garavano hizo cambios de último momento en la querella para garantizar esa posición en el juicio. El escándalo creció cuando se supo que la persona que hizo el alegato ocupaba un cargo en el Consejo de la Magistratura porteño y estaba inhabilitado para ejercer el rol acusador en un juicio. 

La interna se incrementó cuando Garavano finalmente se sacó de encima al titular de la Unidad AMIA, el radical Mario Cimadevilla. Lo hizo en pleno proceso de recorte de cargos políticos. Concretamente la Unidad AMIA como tal dejó de existir y sus funciones fueron absorbidas por el Programa Verdad y Justicia, que funciona bajo la secretaría de Derechos Humanos. Quien quedó a cargo de esas funciones es Mariano Fridman, que fue abogado de la DAIA en la época de Rubén Beraja –uno de los acusados por encubrimiento– y trabajó con una abogada que también estuvo vinculada a Alfredo Yabrán y era íntima amiga del comisario Jorge “Fino” Palacios. El ex titular de la DAIA, Jorge Elbaum, contó que Fridman debió renunciar a su cargo porque cobraba un sueldo y no iba a trabajar.

Cuando fue removido, Cimadevilla presentó una denuncia penal contra Garavano y otros diez funcionarios. Los acusó de “entorpecer la tarea de la querella tratando de buscar algún favoritismo para alguno de los acusados”. En ese momento, Carrió también aludió a la posibilidad de un juicio político al ministro. Habrá que ver si esta vez cumple su vaticinio.