El Gobierno volverá a la carga en el Congreso en busca de aprobar la implementación de la polémica Boleta Unica Electrónica (BUE) en las elecciones legislativas de este año y que la oposición parlamentaria paralizó en el Senado. El secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, afirmó ayer que el Ejecutivo insistirá en marzo para que la Cámara alta retome el debate del proyecto oficial de reforma electoral que quiere aplicar contrarreloj en las elecciones 2017. En paralelo, la justicia federal ya investiga al ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ante la denuncia sobre la sospecha de que el funcionario ya habría comprado las máquinas de votación en un acuerdo sellado con Corea del Sur a pesar que la ley no fue aprobada ni la Justicia electoral –como establece el proyecto– homologue el sistema informático que se utilizaría si la BUE finalmente fuera aprobada.
“La idea del Gobierno es insistir con la reforma electoral porque pensamos que, como cuando se inició el debate, hay una deuda con la sociedad para que la gente vote mejor, de una forma más accesible, que sea más transparente el proceso, se simplifique el cronograma electoral y que tengamos resultados más rápidos, por lo que para nosotros es un debate que sigue abierto y lo vamos a continuar a partir de marzo en el Senado”, señaló Pérez en una entrevista concedida a la agencia oficial Télam.
La iniciativa macrista obtuvo a fines de octubre del año pasado media sanción en la Cámara de Diputados, con el respaldo del massista Frente Renovador y el Bloque Justicialista. Cambiemos ofreció a la oposición amigable incorporar al proyecto oficialista –que no lo contemplaba– el reclamo transversal sobre paridad de género (intercalar un hombre y una mujer en toda la listas de candidatos) como moneda de cambio de su apoyo a la implementación de la BUE en todo el país para las elecciones legislativas de este año. Pero no consiguió imponer el corralito en las PASO, donde los electores tendrían que optar por participar en una sola interna partidaria sin diferenciación de categorías.
Atrás quedaron los cuestionamientos sobre la vulnerabilidad del sistema –como comprobó la justicia electoral en la implementación de la BUE en la última elección porteña– ni el reclamo de su puesta en marcha gradual en todo el territorio nacional.
Cuestionamientos que sí tomaron los senadores del Frente para la Victoria (FpV-PJ), que incluso presentaron un propio proyecto donde proponían incorporar al sistema de votación por pantalla, el soporte del voto en papel que se utilizaría para el conteo final del resultado electoral, desechando el cuestionado conteo electrónico de la votación. En paralelo, los senadores aprobaron por unanimidad la “paridad de género”. Pero ante la negativa del oficialismo de modificar su proyecto, los senadores del FpV-PJ paralizaron el debate en noviembre. Como represalia, Cambiemos se negó a convertir en ley la paridad de género.
El presidente Mauricio Macri incorporó el debate de la BUE en las sesiones extraordinarias de diciembre pero tampoco pudo doblegar la voluntad de los senadores opositores. Ahora el Ejecutivo retoma la ofensiva con presión sobre los gobernadores. “Nosotros ya empezamos a dialogar del tema con todos los sectores, gobernadores y, fundamentalmente, con senadores, con el objetivo claro de que esto llegue al recinto del Senado en marzo”, insistió el funcionario, que llegó al Gobierno desde el Frente Renovador, luego de su paso como diputado por la CC-ARI y como compañero de fórmula de Elisa Carrió en la elección presidencial de 2011.
