La sorpresiva salida de Luis Caputo de la presidencia del Banco Central y el anuncio de un nuevo plan monetario y cambiario por parte de las nuevas autoridades no va a hacer otra cosa que profundizar la agonía en la que ha entrado la economía argentina. Si la victoria de Cambiemos en 2015 fue saludada por casi todos los representantes de la gran burguesía (finanzas, industria, campo, comercio), muchos señalábamos que, además de los desafíos que podía plantear la resistencia social al regreso de políticas neoliberales, había que ver si el gobierno lograría arbitrar entre las distintas fracciones del empresariado de manera de “dejar a todos contentos”. 

La deriva de los últimos meses, incluyendo el acuerdo con el FMI, ha dinamitado definitivamente esta posibilidad. Buena parte de la burguesía industrial, sobre todo los pequeños y medianos empresarios afectados por las importaciones, la suba de muchos costos de producción y la contracción del mercado interno, ya venía planteando sus reclamos ante la delicada situación sectorial. Esta tendencia se ha profundizado en los últimos meses, sumando nuevos reclamos de grandes empresarios o sus representantes corporativos como la UIA. Algo similar puede señalarse del sector comercial, con una situación cada vez más compleja que está afectando incluso a grandes cadenas de supermercados y shoppings centers (como lo revela el cierre de locales de Carrefour y Walmart, y la continua caída en las ventas).

Pero lo más novedoso es que parece haberse resquebrajado también el principal sostén empresario del gobierno: la burguesía agroexportadora y al capital financiero, los principales beneficiarios de las medidas tomadas tras la asunción de Cambiemos a fines de 2015. Aunque no afectan significativamente su situación dada la magnitud de la reciente devaluación y tenderán a diluirse en el tiempo, la reimposición de retenciones a las exportaciones ha sido resistida por las corporaciones agropecuarias. Dicha medida responde a las necesidades fiscales del gobierno a partir de la firma del acuerdo con el FMI. 

Las exigencias del organismo no terminaron allí. La última “imposición” por parte del FMI fue la salida de Caputo del Banco Central. Lamentablemente ello no se debió tanto a los saldos de su pésima gestión (tasa de interés al 60 por ciento, incremento del tipo de cambio superior al 40 por ciento y sensible pérdida de reservas), como al fraccionamiento del capital financiero y los distintos intereses en su interior. 

Si bien las fronteras entre una y otra fracción son porosas, el ex presidente del Banco Central representaba mayormente los intereses de los inversores institucionales, es decir, del capital especulativo que busca realizar grandes ganancias en el corto plazo a partir de diferentes instrumentos financieros en distintas partes del mundo. Junto a la compra y venta de derivados de distinto tipo, la principal operatoria de este tipo de capital es la especulación con las monedas, el famoso carry trade (diferencial de tasas teniendo en cuenta los riesgos de depreciación). 

Con el intento por tratar de estabilizar el tipo de cambio a partir de la vuelta de las intervenciones directas del Banco Central en el mercado cambiario, Caputo buscó darle cierta certeza a los inversores externos de manera de poder regenerar el circuito de valorización financiera que había sido alterado con los anuncios de diciembre de 2017 (relajación de las metas de inflación y reducción de la tasa de interés). Circuito que, vale destacar, había sido desarticulado con la corrida cambiaria que se inició en mayo de este año. 

El FMI, a través de la dupla Dujovne-Sandleris, se encargó de dejar en claro que los dólares que ingresen al país tendrán como prioridad el pago de la deuda y sólo en segunda instancia podrán ser destinados a premiar las inversiones especulativas. El Fondo representa a la fracción del capital financiero que corresponde al capital de préstamo. En este sentido, vela por los intereses del conjunto de los acreedores, aunque siempre prioriza dentro de estos el repago de los créditos, sobre todo, claro está, los otorgados por el propio organismo multilateral. 

Para ello, antes que garantizar ganancias fáciles para el capital especulativo a través de estabilizar el tipo de cambio, la prioridad del Fondo es la reducción del déficit fiscal y el de cuenta corriente. De esta manera busca que haya recursos –en dólares– para poder pagar los intereses de la deuda externa. El problema con este planteo es que el ajuste no parece tener fin en la medida en que la cuenta de intereses sigue incrementándose, más aún si la moneda local continúa su proceso de devaluación.

El cambio en la política monetaria a partir de la asunción de Guido Sandleris en el Banco Central va en ese sentido. La emisión monetaria cero, en un contexto inflacionario, reducirá la circulación monetaria y encarecerá el crédito, profundizando la recesión. Las bandas sobre las que se dejará flotar el dólar no sólo son muy amplias, sino que además se van a ir modificando mes a mes. Aun así, nada garantiza que puedan ser sostenidas. 

La autorización del FMI al Banco Central a vender hasta 150 millones de dólares de las reservas en caso que el valor de la divisa supere el techo impuesto suena a una pequeña concesión política al gobierno (para mostrar que este retendría un margen mínimo de acción), con escaso impacto real en la economía. Una intervención en el mercado cambiario tan limitada es absolutamente insuficiente para parar una corrida. Sería el equivalente a querer evitar que un barco encallado se hunda sacando agua con un vaso.

La base de sustentación del gobierno al interior de los sectores dominantes se ha ido achicando cada vez más hasta replegarse sobre una fracción del capital financiero: el capital de préstamo representado por el FMI. Desde ya, esto no implica que el resto de las fracciones de los sectores dominantes le retiren completamente su apoyo. Siempre es preferible soportar algunas pérdidas parciales que el retorno de un gobierno “populista” o la supuesta “venezuelización” de la Argentina 

El gobierno no solo deberá lidiar con una creciente conflictividad social derivada del inexorable deterioro en las condiciones de vida de los sectores populares que genera el ajuste en curso, sino que también deberá hacer frente a crecientes cuestionamientos de buena parte de los sectores dominantes. Algo similar le pasó al gobierno de Fernando de la Rúa, el cual fue quedando cada vez más aislado hasta que el FMI, su último aliado, terminó soltándole la mano. La reacción popular hizo el resto.

* Investigador del Conicet y del área de Economía y Tecnología de la Flacso.