El juez federal Sergio Torres decidió habilitar la feria para avanzar en la causa contra el director de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, quien fue denunciado por recibir 600 mil dólares de parte de un operador de la constructora  brasileña Odebrecht, columna vertebral de la megacausa por corrupción conocida como "Lava Jato". El martes, la diputada y aliada del gobierno nacional Elisa Carrió, quien presentó la demanda contra el jefe de inteligencia cercano al presidente Mauricio Macri, deberá ir a Tribunales para ratificar la presentación.    

El 11 de enero pasado, Carrió denunció penalmente a Arribas, luego de que el diario La Nación publicara que en 2013 Arribas había recibido cinco transferencias por casi 600 mil dólares, ordenadas por el operador brasileño Leonardo Meirelles, condenado en Brasil por pago de coimas.

Por sorteo, la denuncia recayó en el Juzgado Federal Nº 6, de Rodolfo Canicoba Corral, con la intervención del fiscal Federico Delgado. La Justicia habilitó la feria de enero para tramitar la investigación y citó a Carrió para ratificar la denuncia en un trámite que, ahora, está en manos del juez Ariel Lijo.

Tras la ratificación de Carrió, el fiscal Delgado estará en condiciones de impulsar la investigación para iniciar formalmente la causa. Una denuncia similar presentaron diputados kirchneristas, por el delito de cohecho, que recayó ante el juez federal Sebastián Casanello.

El diario La Nación publicó que el operador financiero y cambiario brasileño transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Arribas, en cinco pagos que comenzaron un día después de que, en septiembre de 2013, se reactivara el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento, proyecto del cual participaba Odebrecht.

Meirelles se acogió luego al régimen de la "delación premiada" y aportó documentación sobre miles de transferencias que hizo para Odebrecht y otras empresas brasileñas. Entre ellas, precisó que transfirió un total de 594.518 de dólares a una cuenta de Arribas, radicada en Suiza, entre el 25 y 27 de septiembre de 2013, desde una cuenta de Hong Kong que el operador brasileño controlaba a través de la empresa RFY Import & Export Limited, que la justicia ya calificó como "empresa de fachada", destinada al pago de coimas, lavado de activos y evasión.