Dos imputados de peso quedaron afuera de la megacausa por estafas inmobiliarias y lavado de activos que salpicó a profesionales y empresarios, en 2016. Pese a que tenían pedido de pena de cuatro años y medio de prisión, el agente bursátil Jorge Oneto y el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala, fueron beneficiados por un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal que hizo lugar al principio de oportunidad acordado con la Fiscalía, en el que los sindicados se comprometieron a restituir bienes y entregar sumas de dinero en dólares a la víctima de uno de los inmuebles involucrados en las maniobras delictivas. El fiscal regional Patricio Serjal fue quien instruyó el acuerdo para darles la salida alternativa al juicio oral y desistir de promover la acción penal que iniciaron hace dos años los fiscales Sebastian Narvaja y Valeria Haurigot. En tanto, otro de los peces gordos de la investigación, el dueño de la clínica de implantes dentales Marcelo Jaef, quedó en libertad; y otros dos implicados lograron la prisión domiciliaria, pero siguen ligados al expediente.
La causa de la que fueron desligados dos de los principales imputados se destapó en octubre de 2016 como una megaestafa inmobiliaria con imputados de guante blanco. Por esos días, el entonces fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Narvaja, detuvo a una decena de implicados y los acusó por haberse apoderado de diferentes tipos de inmuebles, de manera irregular. El hecho más grave involucró a los ahora desvinculados: un campo de 124 hectáreas ubicado en la localidad de Villa Amelia que pertenecía a la familia del ex camarista (fallecido) Ernesto Navarro, cuya primera venta se realizó con un poder apócrifo y luego fue pasando de mano entre los sindicados "para meterlo en el circuito legal". La viuda de Navarro reclama desde entonces que se restituya el bien, que estaba en su familia desde hacía años.
Meses después, Fiscalía presentó una acusación en la que solicitaba altas penas y sumas millonarias contra los sindicados, acusados por los delitos de lavado de activos en concurso ideal con falsedad ideológica de documento público. Sin embargo, dos años después, el jefe de los fiscales regionales instruyó a Narvaja a cerrar el acuerdo con Oneto y Abdala, que les permitió quedar afuera de la acción penal con la condición de cumplir una serie de puntos.
El primer intento de que un tribunal avale el acuerdo se dio en agosto pasado, pero la respuesta llegó los primeros días de septiembre, cuando los jueces Hernán Postma, José Luis Suárez y Héctor Núñez Cartelle rechazaron homologar el criterio de oportunidad por entender que era “un pedido incongruente”. Entre los fundamentos, lanzaron: “Resulta insostenible que la Fiscalía que pidiera penas para cada uno de los imputados, luego -‘mutatis mutandis’- renuncia a ese impulso”.
Sin embargo, el 18 de octubre pasado, el acuerdo entre Fiscalía y la defensa de Oneto y Abdala llegó a la Cámara Penal, donde el juez Daniel Acosta le dio el visto bueno y cerró la persecución penal de ambos.
El acuerdo
Los detalles del acuerdo –que también tiene el aval de la damnificada, dueña del campo de Villa Amelia- se conocen desde la primera audiencia en la que fue rechazado. En el caso de Oneto, Narvaja detalló que se acordó la reparación del daño causado mediante la restitución del campo a su dueña, y abonar una suma “como compensación”, de 200 mil dólares, para lo que se abrió una cuenta especial. En aquel momento, los abogados plantearon que Oneto adquirió el campo “de buena fe” y que “si hubo una víctima, fue él”. En ese sentido, remarcaron que no se trata de una restitución porque el campo “nunca fue suyo”, sino que se trata de “retrotraer las cosas al estado inicial”.
En tanto, Abdala acordó entregarle a la viuda de Navarro el 50 por ciento de un departamento con cochera en la torre Aqualina y el total de una oficina en el edificio Embajador, más el pago de 50 mil dólares que abonará mediante un plan de pago a 90 días.
Acusación
Cuando lo detuvieron, Oneto fue acusado de tener capacidad de actividad de fronting (maniobra de lavado), “aún mayor que la de Marcelo Jaef y Pablo Abdala, por ser controlador de actividades de bolsa”. También por tener “relación con la célula (de la asociación ilícita) que tiene contacto con actividades narcocriminales”, le achacaron hace dos años.
Abdala no estaba en Rosario cuando se ordenaron los allanamientos. Días después quedó detenido, pero rápidamente le dieron libertad bajo fianza. El ejecutivo fue acusado de integrar la célula de personas con capacidad de actuar como fronting, para hacer circular activos.
Más beneficios
En la causa están implicados otros empresarios, escribanos y testaferros. Otro de los renombrados implicados, el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef, , el viernes pasado logró la libertad. Este había violado la prisión domiciliaria meses atrás, para salir a navegar en un yate por el río Paraná. El camarista Gustavo Salvador dispuso el beneficio para el sindicado que tenía arresto domiciliario con salidas laborales, pese a que su par Daniel Acosta había prorrogado por un año la detención, a principio de este mes. Jaef sigue ligado a la investigación y tiene pedido de pena de siete años de prisión, si llega a juicio oral.
En su fallo del viernes, Salvador también ordenó prisión domiciliaria para el gremialista Maximiliano González de Gaetano y para uno de los organizadores de las maniobras, Juan Roberto Aymo, que estaban presos desde hace dos años. Más de una decena de acusados sigue a la espera del juicio.
