Con balas de goma y gases lacrimógenos, efectivos de la policía local ingresaron este jueves a primera hora de la mañana al predio del barrio La Sexta, en Rosario, para sacar por la fuerza a las familias que resisten el desalojo. En esas tierras, el gobierno provincial junto con el municipal y la Universidad Nacional de Rosario planean realizar un proyecto habitacional que incluiría viviendas sociales. Pero las familias no creen en el plan oficial y denuncian que el Gobierno los quiere sacar para avanzar con un “gran negocio inmobiliario”. Según denunciaron organizaciones sociales presentes en el lugar, producto de la represión hay alrededor de 20 vecinos heridos y un detenido.
“Llegaron a las 6 de la mañana y empezaron a tirar, mi esposo quiso acercarse a hablar pero siguieron con las balas de goma y los gases. Tuve que sacar a mi bebé en un remis porque tenemos la casa llena de gas lacrimógeno. Tiraron contra niños, embarazadas, contra todos. Nosotros no nos vamos a ir, no queremos dejar nuestras casas”, le dijo a Página/12 Lorena, vecina del barrio que resiste el desalojo.
Según contó la vecina, el grupo de seis familias que no quieren dejar sus casas y el centro comunitario La Sexta Resiste ya habían acordado con el Gobierno la no demolición por medio de un amparo juicio que la Justicia resolvió a favor de los vecinos y le ordenó a las autoridades “no innovar”.
El programa habitacional que presentó el gobierno de Miguel Lifschitz, en conjunto con el gobierno municipal en el predio que pertenecía a la Universidad de Rosario, incluiría la construcción de unas 300 viviendas. La mayorías de las familias que vivían en el barrio negociaron dejar sus casas a cambio de una suma de dinero o la promesa de obtener una casa en el nuevo complejo por construir.
“Desalojaron a los vecinos diciéndoles que les van a dar una casa nueva y son puras mentiras. Es un gran negocio inmobiliario lo que quieren hacer acá. Ahora dicen que por culpa nuestra no pueden empezar a construir cuando todo el predio está vacío”, se quejó la vecina, que ante la negativa del Gobierno de dar escrituras de las futuras casas desconfía de la versión oficial.
