En medio de la tensión por la interna entre los jueces que la integran, la Corte Suprema definió los temas que tratará hasta fin de año. En la agenda figuran casos clave, como cuál debe ser el índice que se aplique a las jubilaciones, qué jueces deben pagar Impuesto a las Ganancias y la definición con respecto a la aplicación del beneficio del 2x1 a los represores.
“La Corte Suprema resolvió en el Acuerdo de hoy fijar el siguiente calendario de sentencias”, anunció el máximo tribunal que, por primera vez, publicó la agenda de las sentencias más trascendentes que le quedan hasta fin de año, en el Centro de Información Judicial.
Este cambio de metodología había sido anticipado por PáginaI12 en una entrevista al juez Horacio Rosatti, que señaló que tenía intención de modificar la cultura cortesana en la que un expediente podía quedar capturado en algún despacho y demorar años en ser resuelto.
- De acuerdo a la agenda difundida, el 27 de noviembre el máximo tribunal dictara sentencia sobre una “medida cautelar por pago del impuesto a las Ganancias por jueces incorporados a partir de 2017”. En esa ocasión la Corte no tratará la “cuestión de fondo” que es si los magistrados y funcionarios del Poder Judicial deben tributar Ganancias, sino la medida cautelar dictada hace un año por el juez en lo contencioso administrativo Esteban Furnari, ratificada luego por la Sala V de la Cámara de ese fuero, en relación a la última ley sancionada en relación a ese tema, señalaron fuentes judiciales.
Además del Poder Ejecutivo y la Procuración General de la Nación, en el expediente figuran como demandados el Ministerio Público de la Defensa y el Consejo de la Magistratura de la Nación.
En declaraciones realizadas el fin de semana, el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, aseguró que el no pago del impuesto no era “una consagración de un privilegio”, y que estaba de acuerdo en que los jueces paguen Ganancias siempre y cuando eso no implicara una pérdida del salario, lo que en rigor ocurre con todos los trabajadores que sí deben pagar. “Lo que no se quiere es que el salario sea reducido para pagar Ganancias. Pero si hubiera un incremento salarial y sobre ese incremento se redujera el monto para pagar Ganancias no habría ninguna oposición”, puntualizó.
- El 4 de diciembre el máximo tribunal dictará una nueva sentencia vinculada con la “aplicación de la ley del 2x1 en las causas de delitos de lesa humanidad”. En mayo de 2017 la Corte opinó sobre el tema le otorgó ese beneficio del 2x1 al represor Luis Muiña. El fallo lo impulsó Rosenkrantz, entonces recién llegado al tribunal y recibió un fuerte rechazo por parte de la sociedad. En medio de masivas movilizaciones contrarias a lo resuelto por la Corte, el Congreso sancionó una nueva ley para que ese cómputo no pueda volver a aplicarse a casos de lesa humanidad.
En la práctica, el 2x1 casi no se aplicó debido a que los jueces de primera instancia y las Cámaras se negaron a seguir el criterio del máximo tribunal. Y en marzo de este año, la Corte rechazó por inadmisible un pedido del represor Jorge Humberto Appiani para que se compute su prisión preventiva en base a la llamada ley del 2x1. En esa ocasión, el tribunal lo hizo sin fundamentar la decisión, aplicando la fórmula de artículo 280, lo que implica confirmar de hecho la decisión del tribunal inferior. Pero en esa ocasión, PáginaI12 consultó a Rosatti y desde su vocalía ratificaron que la escueta decisión en el caso de Appiani implicaba un cambio en la postura debido a la sanción en el Congreso de la ley que sostuvo que el 2x1 no se podía aplicar a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado. Los organismos de derechos humanos exigen desde entonces que la posición de Rosatti -que formaría una nueva mayoría junto a Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda (la posición de Elena Highton está por verse)— se refleje en un fallo fundado que pueda ser invocado ante los tribunales inferiores y que reconozca que no puede haber una reducción de pena para delitos de lesa humanidad.
- La Corte anunció también que el 11 de diciembre resolverá acerca de la constitucionalidad o no de la ley de lemas vigente en Santa Cruz. Ese sistema electoral le permitió a Alicia Kirchner llegar a la gobernación provincial, pese a que en forma individual el radical Eduardo Costa la había superado en cantidad de votos. Fue la Unión Cívica Radical la que llevó el caso a la Justicia.
- En una de las últimas reuniones del año, el 18 de diciembre, la Corte Suprema emitirá sentencia sobre la “determinación del índice aplicable para el nivel inicial de retiro”, para lo cual tomará el caso Blanco, una denuncia realizada contra la Anses. Para el Poder Ejecutivo debe utilizarse el índice Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) para la actualización de haberes jubilatorios, mientras que muchos jubilados demandaron al Estado para que se les siga aplicando el Isbic (Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción).
Lucio Orlando Blanco inició la demanda en 2012 con la expectativa de que se le aplicara una fórmula que la propia Corte había establecido para mejorar los haberes iniciales y que tomó como base el índice conocido como Isbic. La Cámara de la Seguridad Social le dio la razón a Blanco este año, pero la Anses pretende que se utilice el Ripte, que es el índice que fijó como pauta de movilidad cuando el gobierno actual ofreció la llamada “reparación histórica” a cambio no hacer juicio. Con este cálculo, la jubilación es alrededor de 60 por ciento inferior. La encrucijada para la Corte es si sostiene su viejo criterio favorable a los jubilados -que fue adoptado con otra integración- o si admite la postura de la administración de Mauricio Macri. Todas las apuestas apuntan a que para este caso las posiciones más afines podrían estar entre Lorenzetti, Maqueda y Rosatti, aunque no está definido. La Corte tiene más de 7000 expedientes de jubilaciones. Mientras que los cálculos de especialistas apuntan a que en todo el sistema judicial habría unos 150.000 reclamos.
