La ONG estadounidense Human Rights Watch pidió a la Justicia argentina iniciar una causa penal contra el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, quien visitará el país por la cumbre del G20. Según publicó The New York Times, se lo acusa como el responsable de "ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles" en Yemen, algo que está catalogado como un crimen de guerra. La denuncia también incorpora el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, que fue brutalmente torturado.

La denuncia recayó en el juez federal Ariel Lijo y fue remitida al fiscal Ramiro González para que determine si realiza un requerimiento de instrucción y si se trata de un hecho bajo jurisdicción argentina. El fiscal González llevó adelante una causa por crímenes cometidos por el régimen de Francisco Franco, en España.

Mohammed bin Salman llegará a la Argentina en los próximos días encabezando la delegación saudí que participará de la cumbre del G20.

El diario The New York Times señaló que la denuncia se basa en crímenes de guerra en el marco de una intervención militar liderada por Arabia Saudita en Yemen. El príncipe saudita quedó en el centro de la mirada mundial luego del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía. De hecho, las torturas y el asesinato del periodista disidente saudí también es parte de la denuncia.

"Mohammed bin Salman debería saber que podría enfrentar una causa penal si viaja a la Argentina", dijo el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth.

Según la denuncia, el príncipe saudí es también el Ministro de Defensa de su reino y llevó adelante una campaña de bloqueo naval y bombardeos contra Yemen por parte de una coalición de aliados árabes, con el objetivo de derrocar del poder a una facción de ese país aliada con Irán.

La denuncia de Human Rights Watch, presentada este lunes, argumenta que el príncipe es responsable de múltiples violaciones a la legislación internacional en Yemen, incluyendo "ataques aéreos indiscriminados y desproporcionados contra civiles", así como el uso de armas prohibidas por la comunidad internacional.

Human Rights Watch aseguró que documentó 90 de esos bombardeos, los cuales tuvieron como objetivos "hogares, mercados, hospitales, escuelas y mezquitas".