“Argentina tiene una agenda fuerte de debes en materia de infancia: el 40 por ciento de los niños vive en condición de pobreza”. Quien lo dice es Luis Pedernera, Relator del Comité de los Derechos del Niño. Entre los debes del Estado argentino señaló además la demora en la designación del Defensor o Defensora del Niño, la falta de cumplimiento de la ley de Educación Sexual Integral, que no se garantice el derecho al aborto para adolescentes y la persistente violencia institucional contra niños y adolescentes.
Pedernera es Secretario Ejecutivo del Comité de los Derechos del Niño, un órgano independiente de Naciones Unidas que hace un seguimiento a los Estados firmantes de la Convención de los Derechos del Niño para auditar su cumplimiento. Además, es miembro del Consejo Coordinador de la Red Latinoamericana y Caribeña por los derechos de niños, niñas y adolescentes (Redlamyc) y responsable del Área de Derechos de la niñez y adolescencia del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur). El experto uruguayo estuvo en Buenos Aires la semana pasada para presentar las recomendaciones a operadores judiciales que integran la Red de Jueces y Juezas comprometidos por los Derechos de los NNyA que organiza anualmente Unicef. En ese marco, conversó con PáginaI12 sobre las “Observaciones finales sobre los informes periódicos quinto y sexto combinados de la Argentina”, que el Comité aprobó en junio, luego de un par de sesiones de diálogo con el Estado argentino que se hicieron en mayo, y se dieron a conocer días atrás.
Ese diálogo se dio en los días en que en el país se debatía la cuestión de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y el Comité se mostró preocupado por lo que eso significaría en materia de políticas sociales para los niños y niñas partiendo de que “inversión en infancia es la mejor inversión. Esto está tasado porque por cada dólar que los estados invierten en infancia tienen, en los panoramas más negativos, una devolución en la vida adulta de 7 dólares por cada dólar y en los más positivos 15. Por eso no hablamos de gasto, sino de inversión”, explicó. “Hemos pedido que los niños no sean el valor del ajuste. Hay que sostener las políticas de infancia y profundizarlas”, agregó.
Otro de los temas de gran preocupación del Comité es el demorado nombramiento del Defensor del Niño. “Al cierre de la sesión hemos dicho que esperamos que el Poder Legislativo cumpla con un largo anhelo planteado por la ley de protección en 2005”, comentó Pedernera. La preocupación ahora es mayor dado que se agotaron los plazos estipulados por la Comisión Bicameral conformada a tal fin y, a la vista de sus últimas comunicaciones, este año tampoco habrá dictamen para definir quién será propuesto como Defensor/a. Consultado por este diario, el experto dijo que el criterio principal para el nombramiento es que “sea una persona con autonomía e independencia para cumplir su tarea. Ese debe ser el criterio principal para su nombramiento. Un defensor sin autonomía no va a poder cumplir con su tarea”. Además habló de la necesidad de que “haya transparencia” en la selección.
–Hay casos de abusos sexuales de niños y niñas cometidos por los propios padres en los que los jueces, desoyendo el relato las víctimas, los obligan a revincularse con el abusador. ¿Qué políticas concretas deberían adoptar el Estado argentino para modificar esta concepción en los agentes de justicia?
–Un aspecto es que ese derecho (del niño a ser oído) se tiene que poner en funcionamiento en la familia, en la comunidad, en la escuela, en los agentes de justicia. Pero para que eso ocurra hay que formarse. Fundamentalmente, en el sistema de justicia donde la estructura es sumamente formal, hay que convertirla en un espacio especialmente amigable para el niño, para que pueda sentirse cómodo. Además los adultos tenemos que prepararnos para escuchar a los niños, porque ocurre que se desvaloriza su testimonio, se le cree al adulto, se los revictimiza. Por lo tanto ocurren estas cuestiones, casos evidentes de malos tratos y abusos en los que se los revictimiza y se los revincula. Entonces la voz del niño debe ser una voz atendible y creíble fundamentalmente en el proceso judicial.
El operador de la justicia necesita que en este proceso reciba asistencia de otros actores que van a ayudarlo a tener mejor comprensión de lo que el niño dice; hablo de otras disciplinas, psicología, trabajo social, que acompañen al juez.
–El incesto es una de las formas de abuso sexual más habituales y de las que menos se habla.
–Se enmarca dentro de esas relaciones y ejercicio de poder. Concretamente en el diálogo pusimos un ejemplo, no de incesto pero sí de violación, de una niña wichi que fue violada en un campo sagrado por un grupo de varones criollos y quedó embarazada y no pudo acceder al aborto terapéutico y ninguno de los violadores terminó perseguido por la justicia. El Comité dice que hay que desarrollar una política de atención a este tipo de delitos, pensar fundamentalmente en la reparación, las niñas no pueden quedar libradas a su suerte en términos de lo que signifique el impacto en su vida. Pero tiene que haber persecución del delito. Se le ha pedido al Estado eso. Y el establecimiento de mecanismos de protección para que en una revinculación no vuelva a ocurrir lo peor del escenario. También hemos visto serias deficiencias de aplicación de la Ley de Educación Sexual, deficiencias y disparidades, que hay quienes la asumen y quiénes no. Ahí tiene que haber una política firme y clara de que la educación sexual tiene que ser una materia en la currícula escolar, que atraviese todo el ciclo escolar. Porque es a través del conocimiento que los niños y niñas tienen elementos para poder atravesar este tipo de situaciones. Hay un gran debe en esa materia. No puede ser que todavía eso quede librado a la compresión de personas comprometidas, sino que el Estado tiene que dar señales claras de que el programa de educación sexual tiene que cumplirse a lo largo y ancho del país y en todo el ciclo escolar.
–El Comité recomienda específicamente al país que se garantice el derecho al aborto seguro para las adolescentes. ¿Qué opina sobre la situación local tras el voto negativo en el Congreso?
–Fue una oportunidad perdida. El Comité con sus recomendaciones viene a reforzar lo que han dicho otros órganos de tratados como la Cedaw (Convención contra la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) sobre la necesidad de despenalizar el aborto y facilitar el acceso a servicios de interrupción voluntaria del embarazo y de atención posaborto. Nosotros le hemos dicho eso: interrupción voluntaria y atención posaborto que sea con consulta a las adolescentes. Eso debe ser política de salud. Los riesgos que corren las niñas y adolescentes embarazadas, en las circunstancias en las que viven y desarrollan esos embarazos, son de grave riesgo muchas veces, y deben tener un servicio accesible en materia de salud donde puedan participar en la toma de la decisión de continuar o no con ese embarazo. Nosotros cuando hablamos no le hablamos solo al Ejecutivo, le hablamos a los tres poderes, al Judicial y al Legislativo también. En este momento la responsabilidad es del Legislativo que no permitió que el Estado argentino se pusiera a tono con las recomendaciones de los órganos de tratados.
–En las últimas semanas hubo intervenciones preocupantes de la policía en escuelas, ¿tomó conocimiento de estas situaciones?
–Hicimos una recomendación específica sobre las intervenciones policiales en los centros educativos. Pedimos que cesen ese tipo de intervenciones. No por estos últimos acontecimientos porque el diálogo fue en mayo. Pero sí teníamos información anterior.
