El Gobierno sacó de la galera otra maniobra para contrarrestar eventuales medidas de fuerza a los gremios aeronáuticos. Autorizó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Fuerza Aérea a prestar durante los próximos 30 días servicios de rampa y funciones en plataformas en aeropuertos.

El permiso para que las fuerzas de seguridad realicen tareas del personal civil había sido autorizado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de manera excepcional durante los días en que se desarrolló la Cumbre del G-20, con lo cual la resolución 929/2018 publicada hoy en el Boletín Oficial es una prórroga de esa medida.

Para habilitar la intromisión de la PSA en caso de que esas tareas no puedan llevarse a cabo por medidas de fuerza o suspensión y postergación de vuelos, el Gobierno se ampara en las normas que indican que la aeronavegación “es un servicio público esencial para la seguridad” y que, por ende, el Estado “debe arbitrar todos los medios que resulten necesarios” para su prestación.

Llamativamente, uno de los fundamentos que la resolución mantiene vigente es el que habla de la necesidad de “garantizar la seguridad de los líderes mundiales que visitarán nuestro país en ocasión de la Cumbre” que, como se sabe, concluyó el sábado 30 de noviembre. Sin embargo, esta misma justificación tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre.

Pero por más que esa justificación haya perdido vigencia, la prórroga tiene otro objetivo: abrir el paraguas ante la posible profundización de las medidas de fuerza de los gremios aeronáuticos, que la semana pasada concretaron un paro en reclamo de la reapertura de paritarias y la aplicación de la cláusula gatillo pactada a principios de año.

Los trabajadores no solo demandan reivindicaciones salariales sino que también alertan sobre la situación de “vaciamiento” en que se encuentra la estatal Aerolíneas Argentinas, con abandono de rutas y recortes de vuelos de cabotaje a favor de las líneas lowcost promocionadas por el Ministerio de Transporte.

Si bien los gremios no anunciaron próximas medidas de fuerza -como la que concretaron el lunes pasado y a la que el Gobierno salió al cruce con un lock out en la línea de bandera- la intervención de las fuerzas de seguridad pretende garantizar en las pistas la asistencia al menos a las empresas extranjeras.

La resolución manifiesta que la ANAC autoriza tanto al personal de la PSA como a la Fuerza Aérea “a desempeñar funciones en plataforma y prestar servicios de rampa, ante la presentación de circunstancias excepcionales que así lo requieran” durante un “plazo máximo de 30 días contados” a partir de hoy.