El rechazo a las políticas del G-20 se expresa cotidianamente en distintas luchas que realizan los pueblos para enfrentar la intensificación hasta niveles letales de la explotación de cuerpos precarizados, el despojo de derechos, la expulsión de los territorios, la militarización de la vida, la criminalización de líderes sociales y su asesinato (como Berta Cáceres en Honduras, Marielle Franco en Brasil, Macarena Valdés en Chile, Juana Ramírez en Guatemala, entre otras cientos de mujeres defensoras de la vida y de dirigentes de comunidades en resistencia en el continente). Lo distintivo de iniciativas como las Contracumbres, es que se hace vivo el internacionalismo de los movimientos populares, que se trasladan al territorio en el que se reúnen los “jefes” políticos del mundo, para expresar colectivamente su repudio a los mismos y a su alianza criminal. Frente a la globalización del capitalismo patriarcal y colonial, la internacionalización de las luchas y de las esperanzas. Así sucedió una vez más en Argentina, donde los gastos derivados de la militarización de la ciudad-organizada para impedir nuestras manifestaciones-, fueron un rubro fuertísimo de la “inversión” del gobierno de Macri. 

El G-20 no recibió una sola expresión de apoyo por parte de la sociedad. La Ministra de Inseguridad, lejos de invitar a la ciudadanía a la “fiesta”, la invitó a irse, a vaciar Buenos Aires. Pero esto no sucedió y lo que hubo, por el contrario, fueron expresiones que condenaron la presencia de tantos criminales seriales -desde Trump hasta Erdogan-. A pesar de no tener trenes ni subtes y de estar cortados todos los accesos a la ciudad, de la campaña de miedo sembrada con intensidad, de la deserción de algunas organizaciones políticas y sindicales que se suponen “opositoras” a estas políticas, miles de personas salieron a las calles en todo el país. Las manifestaciones de rechazo incluyeron múltiples actividades realizadas los días previos y el mismo 30, donde se marchó en una ciudad sitiada, con presencia policial en todas las esquinas, con el golpe en la cabeza y en el corazón de las sentencias absolutorias de los asesinos de Lucía Pérez y de Santiago Maldonado, y desafiando a los mensajes alarmistas de los grandes medios de comunicación.

El Foro Feminista contra el G-20 se reunió como parte de ese espacio pluralel día 28 -en la Facultad de Ciencias Sociales- y el 29 en la Plaza Congreso. En ese marco sesionó el Tribunal Feminista, un día antes del inicio del encuentro del G-20 en Buenos Aires. 

¿Por qué un Tribunal Feminista?

–Uno de los aprendizajes realizados por mujeres, lesbianas, travestis y trans, a lo largo de estos años de expansión del feminismo, es el papel de las instituciones judiciales como instrumento de naturalización y legitimación de las violencias que refuerzan el orden patriarcal, capitalista y colonial. En el proceso de Juicio a la Justicia Patriarcal promovido por Feministas de Abya Yala, se observó entre los mecanismos patriarcales de la llamada “justicia”, cómo su actuación busca reforzar la sumisión de las mujeres y su lugar subordinado en el “orden patriarcal” como encargadas de la reproducción, y cuidado de la vida. Desde las instancias judiciales se castiga la autonomía de las mujeres, y se asegura la división sexual del trabajo, invisibilizando el trabajo doméstico como trabajo y su valor. Por eso necesitamos reinventar la justicia, sus tribunales, desde la perspectiva política, cultural, ética del feminismo.

¿Por qué un Tribunal ético? 

–La “justicia” tiene un enorme sesgo de clase, racista y patriarcal. Por eso estos tribunales al mismo tiempo que buscan “desencubrir” el papel de la justicia, van pensando colectivamente -como lo propuso en su intervención Celina Rodriguez Molina, una de las integrantes del Jurado (parte del Frente Popular Darío Santillán CN/MdeP) –en qué consiste la idea de “justicia feminista”, y qué propuestas permitirían desmarcar y cuestionar los modos “punitivistas” de disciplinamiento -las modalidades penales re-conocidas–, evitando al mismo tiempo que esta búsqueda consagre la impunidad de los responsables de crímenes contra la vida, la autonomía y la libertad de las mujeres, lesbianas, travestis, trans. El Tribunal tiene un componente fuertemente ético, porque a diferencia de la justicia patriarcal, burguesa, colonial, se trata de crear una relación íntima entre el respeto a la dimensión individual y colectiva que se expresa en la afirmación feminista de que “lo personal es político”. Es una ética de la solidaridad, del acompañamiento -”acuerpamiento” se lo nombra en el Abya Yala-, bien lejana de la “moral” cínica patriarcal capitalista racista de “defendemos las dos vidas”, con la que se salven las mujeres ricas en abortos ilegales, o que sostiene que la propiedad privada es más importante que la vida, o de que hay golpes de estado necesarios. Daniella Hinojosa, integrante de la Araña Feminista de Venezuela, otra de las participantes del Jurado, expresó con claridad cómo el poder mundial promueve golpes de Estado contra los pueblos que intentan crear territorios de soberanía y de autonomía. Cómo esos golpes de estado son misóginos, patriarcales y racistas.

¿Por qué un Tribunal popular?

–Estas propuestas se proyectan -como señaló una de las coordinadoras del Tribunal, Analba Teixeira (AMB)- desde la experiencia de los feminismos populares. Se trata de feminismos negros, originarios, campesinos, villeros, de trabajadoras, de lesbianas, travestis, trans, por mucho tiempo invisibilizados, pero que en las calles han ido coordinando solidaridades y estrechando redes. 

Frente a una justicia patriarcal que ha condenado históricamente a las mujeres empobrecidas por el capitalismo y el colonialismo, el tribunal feminista tiene una perspectiva clasista. Es un instrumento de lucha de las explotadas, de las oprimidas, de las que no sólo son víctimas de las políticas de muerte de los poderosos, sino que se levantan para enfrentarlas como parte de las organizaciones populares.

“Ahora que sí nos ven”

El Tribunal fue inaugurado por Nora Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ella se refirió al dolor provocado por la sentencia que consagra la impunidad de los asesinos de Lucía. También recordó la larga historia de lucha de las Madres, que nos invita a no bajar los brazos jamás.

La audiencia fue organizada a través de casos concretos, organizados en tres ejes:

1. Avance del fascismo en América Latina

2. Defensa del territorio y lucha contra el extractivismo

3. Movimientos migratorios. Las mujeres y las disidencias sexuales en las migraciones.

Participaron con denuncias Sofía Garzón, delProceso de Comunidades Negras de Colombia, Adriana Odara, de la Red de Mujeres Negras de Río de Janeiro y de AMB, Mónica Francisco, diputada electa y ex asesora de Marielle Franco en Brasil, Sandra Marli del Movimiento de Mujeres Campesinas (MMC) de Brasil, Ivana Huenelaf, mapuche, Jóvenes al Frente de Parque Esperanza, Argentina, Paublina Ramos de CONAMURI (Coordinadora Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas de Paraguay), Andrea Margarita NunesChaim, de Justicia en Movimiento de México, Francesca Paule Decrop (MIREDES), Sara Garcia (El Salvador), el Comité de solidaridad con Kurdistán, y la activista afroargentinaTixaCámera. 

En la Sentenciase denunció:

“–que estamos viviendo una fuerte ruptura de los Estados democráticos, negándoles a nuestros pueblos los básicos derechos políticos, sociales, culturales y religiosos. 

  •  que en Argentina la deuda con el FMI se inició en la dictadura. El dinero fue utilizado -entre otros destinos- para comprar las armas con las que torturaron a presos/as y desaparecidos/as...
  •  que una derecha fascista, racista, clasista, misógina, y ultraneoliberal viene ganando poder a través de golpes legitimados por los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales y mediáticos. A través de estos poderes, mantiene una apariencia de legalidad que justifica y normativiza opresiones, explotaciones, asesinatos y un real terrorismo de Estado. 
  •  que el G-20 es parte del “cuarteto del mal”, formado junto al FMI, el Banco Mundial y la OMC. Sus negocios son una forma de hacer más pobres a nuestros pueblos. Quienes disienten de esta realidad son asesinadas, criminalizadas, judicializadas, por alzar sus voces contra las desigualdades estructurales que crea el sistema patriarcal, racista y clasista...
  •  que el crecimiento económico que salva bancos, desfinancia las universidades públicas, niega la comunidad, se concentra en el valor de cambio, se basa en la ausencia de empatía y en la naturalización de la violencia y muerte. 
  •  que los estados genocidas, aliados a las corporaciones transnacionales, masacran al pueblo negro y pobre de las periferias de las ciudades, en el campo lo expulsan de sus tierras, intentan aniquilar sus culturas, sus cuerpos, sus territorios...
  •  la criminalización y el hiperencarcelamiento de la juventud negra en Brasil y en todo el continente.
  •  la criminalización en Brasil de las religiones de origen africano. 
  •  las políticas del G-20 desarrollan un nuevo genocidio contra los pueblos originarios, sus comunidades y líderes. 
  •  la criminalización del feminismo y de las luchas sociales, la naturalización de la violencia contra las mujeres, el crecimiento de los feminicidios, el racismo estructural institucionalizado.
  •  que se castiga a las víctimas –especialmente cuando son mujeres, lesbianas, travestis, trans– hasta después de la muerte. La impunidad que decretan los tribunales para los criminales -como en el caso de Lucía Pérez en Argentina-, está acompañada y pretende ser “justificada” a través de la difamación y la exposición real o fraguada de la vida de las asesinadas.
  •  que cientos de defensoras de la tierra y las comunidadeshan sido obligadas a desplazarse de sus territorios y comunidades, a través de amenazas a su vida y a su integridad (como el caso de Lolita Chávez en Guatemala).
  •  que el sistema capitalista patriarcal está destruyendo la vida en el campo. Las transnacionales han destruido los territorios y los sembradíos. Se dio el ejemplo de Brasil, donde no se permite el aborto legal, pero se permite usar 12 litros de agrotóxicos por habitante, lo que provoca malformaciones fetales, abortos espontáneos, cáncer, etc. Se criminaliza la cosecha agroecológica y la producción campesina para autosustentación. 
  •  el papel criminal de Bayer - Monsanto, Benetton, y otras transnacionales que privatizan las semillas, ocupan territorios, contaminan ríos y tierras, y son cómplices de la militarización y represión de comunidades indígenas y campesinas.
  •  que las fronteras son herramientas geopolíticas. Se presentó el ejemplo de la caravana migrante que busca de forma colectiva una vida digna. Son los/las despojados/as, precarizados/as, sobrevivientes a las políticas extractivistas y a los estados terroristas. (…) El andar colectivo les permite salir de la clandestinidad y cuidarse. El éxodo cristaliza la perversión del sistema excluyente. (...).
  •  los cambios en las políticas migratorias en Argentina han afectado de manera negativa a la comunidad migrante –en especial a las mujeres–, y han vulnerado derechos tales como el derecho a una identidad, a un sistema de salud,a la educación, los derechos laborales yel derecho a la libertad de expresión.
  •  el DNU 70 de 2017 en Argentina, asocia a la migración como delito, criminalizando la migración. (...).
  •  que las políticas del G-20 permiten la libre circulación de mercancías, pero no la libre circulación de personas. Los estados se reservan el derecho de “dar ciudadanía” como si no fueran derechos humanos. Se estimula el resurgimiento del nacionalismo, la xenofobia y el cierre violento de las fronteras. 
  •  la política intervencionista de los EE.UU. en Venezuela, su amenaza permanente, el bloqueo que le imponen a su pueblo, en la búsqueda de ahogar a la revolución bolivariana.
  •  la ilegalidad del aborto promueve muertes de mujeres en distintos países del continente. Se denunció el caso de Imelda, de El Salvador, víctima desde los 12 años de violencia sexual sistemática por partede su padrastro de 70 años. Imelda será juzgada, acusada de un aborto clandestino. Se denunció el caso de 22 mujeres presas, acusadas de abortar en El Salvador.
  •  al gobierno fascista de Erdogan, responsable de la masacre de las mujeres y el pueblo kurdo, de los ataques militares a ciudades que eran habitadas de forma soberana por los pueblos kurdos y otros pueblos, particularmente en la ciudad de Afrin desde principios de este año. Se denunció las masacres realizadas, la persecución y muerte de líderes kurdas y kurdos, la esclavización de las mujeres de esos pueblos y su explotación sexual.
  •  la expulsión de Nicaragua de la feminista Ana Quiroz, luchadora por los derechos de las mujeres y educadora popular. 
  •  la falta de justicia en Honduras, y en particular la obstaculización realizada por el Tribunal y por el Gobierno, para que sean juzgados y condenados los autores intelectuales del crimen de Berta Cáceres: la familia Atala, dueña de la empresa DESA.
  •  la impunidad consagrada en el fallo por el crimen en Argentina de Santiago Maldonado.
  •  la impunidad en Argentina del crimen de Lucía Pérez. Se convocó al Paro de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans para el próximo 5 de julio.

Las experiencias de los Tribunales Feministas son parte de la creación de una pedagogía popular feminista que permite crear lazos de solidaridad en las luchas comunes, identificando a los responsables de las políticas de recolonización del mundo, sus relaciones con el poder local y mundial, y a través de la identificación de las víctimas generar empatía y vínculos para acompañar cada resistencia, sabiendo que si “tocan a una, respondemos todas”. Es parte de la revolución feminista que tiñe de múltiples colores las calles y los territorios del AbyaYala, y que tiene la fuerza de un río que no puede represarse con propuestas de tibias inclusiones, porque lo que busca es cambiar la vida, cambiarla desde abajo, desde las raíces, desde los corazones, desde el deseo. Como concluye la Sentencia, la revolución feminista “llegó para quedarse, y no hay marcha atrás”.