La Cámara Penal ordenó la libertad del militante social de República de la Sexta, Guillermo Píccolo, que estuvo preso durante casi tres semanas por manifestarse contra un emprendimiento que avanza en la zona y es fuertemente resistido por vecinos. La medida de prisión preventiva había sido resulta por el juez Hernán Postma, quien ordenó que quedara preso por 43 días, que vencían el 28 de diciembre. Para los manifestantes y grupos de abogados que acompañaron la causa, se trató de una clara criminalización a la protesta social. El acusado por la Fiscalía es profesor del Instituto Politécnico y durante los días de detención obtuvo salidas laborales para las mesa de examen de sus alumnos.

El conflicto social y habitacional del barrio República de la Sexta llegó a la Justicia el mes pasado, con la detención de dos manifestantes durante una protesta frente a la Municipalidad de Rosario. Se trató de una de las medidas de resistencia al desalojo en un predio donde avanza un proyecto habitacional del gobierno provincial, el municipal y la Universidad Nacional de Rosario, que un grupo de vecinos denuncia como "negocio inmobiliario". En aquella audiencia, uno de los manifestantes quedó en libertad, pero Fiscalía apuntó contra Píccolo, quien ya tenía imputaciones en libertad, por otras manifestaciones, y solicitó que quede bajo arresto por los delitos de "privación ilegal de la libertad calificada y entorpecimiento del transporte público".

En la audiencia de ayer, la abogada Matilde Bruera -ex defensora federal- aseguró que la decisión de Postma fue "infundada" y "parcial". "Todos los relatos que se hacen en la acusación tienen que ver con su ejercicio legítimo del derecho a protesta, que es constitucional". Y agregó que Píccolo no cuenta con antecedentes penales y tiene arraigo familiar y laboral. 

El fiscal Iván Enriquez, en tanto, recordó que a Píccolo se lo acusó también por un hecho del 1 de noviembre cuando alrededor de las 5.45 -dice la acusación fiscal- resistió los trabajos de construcción y la custodia policial en la zona de obras. Según indicó, el día anterior había sido notificado por el juez Juan Andrés Donnola de una prohibición de acercamiento al personal a cargo de las obras en el barrio, ya había sido imputado en libertad, por un suceso previo.

La camarista Carina Lurati le dio la razón a la defensa y ordenó que el sindicado transite el proceso penal en libertad, ya que entendió que no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento probatorio, como intentó probar la Fiscalía.

Hasta el Tribunal movilizaron otros manifestantes de República de la Sexta, para exigir la inmediata libertad del acusado, que es uno de los referentes del movimiento. "Fue detenido ilegalmente", aseguraron en la previa de la audiencia.