A un año y medio de haber asumido, Emmanuel Macron se volvió muy impopular en los sondeos. Insultado en las manifestaciones donde se pide su dimisión, y que afronta la degradación de la economía francesa debido a los bloqueos de rutas y cierre de comercios, el presidente necesita apaciguar la cólera que ha ganado a parte del país. En efecto, la fractura parece cada vez mayor entre una parte de los franceses que sienten deslizarse hacia la pobreza y que aseguran no ser escuchados por las “élites”, y Macron, a quien llaman “presidente de los ricos”.

El impacto económico de esta crisis, que entra en su cuarta semana, preocupa. Varios comercios en París y en provincias decidieron no abrir en los últimos sábados de manifestaciones y disturbios, renunciando a importantes ingresos a dos semanas de las fiestas de fin de año. El ministro de Finanzas, Bruno Le Maire, indicó ayer que los disturbios que han acompañado estas manifestaciones le costarán a Francia 0,1% de su 

PIB. “No nos gustaría que las empresas sean víctimas colaterales”, sostuvo el presidente de la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (CPME), François Asselin, partidario de exonerar de impuestos las horas extras para “impulsar el trabajo” y favorecer el poder adquisitivo.

A ellos y a representantes de organizaciones sindicales Macron prometió que las medidas que anunciaría horas después del encuentro de ayer a la mañana buscaban mitigar las protestas de los chalecos amarillos.

Por otra parte, el mandatario defendió el uso de la fuerza contra los manifestantes. “Esta violencia no se beneficiará de ninguna indulgencia”, advirtió ayer Macron al principio de su alocución. El mandatario de línea liberal apenas se había pronunciado desde desde las manifestaciones del 1 de diciembre y los inauditos enfrentamientos bajo el Arco de Triunfo en París. En el cuarto sábado de movilizaciones, participaron unos 136.000 manifestantes y se saldó con un número récord de detenciones, más de 320 heridos y numerosos daños en ciudades como París, Burdeos y Toulouse. En total, desde el 17 de noviembre se detuvo a 4523 personas en todo el país, informaron el lunes fuentes policiales.