La ley salió con la oposición de los vecinos
Aprobaron la reurbanización de la 31

A pesar de la oposición de los vecinos del barrio y de diversas organizaciones sociales, la Legislatura sancionó la ley de reurbanización del barrio Padre Carlos Mugica, más conocido como Villa 31 de Retiro. Un  plan de obras que prevé la construcción de viviendas, mejoras en las existentes y la conectividad de servicios, según el oficialismo. Desde la Mesa Participativa de Urbanización del Barrio vienen luchando contra este proyecto que impulsó el macrismo porque es expulsivo.

El proyecto que no logró tener el consenso vecinal fue aprobado con 31 votos a favor, 13 en contra (UC, PTS, FIT, AyL y PO) y 11 abstenciones (BP, GEN, MC y Ev), mientras los vecinos se manifestaban bajo la lluvia en los alrededores de una Legislatura vallada y fuertemente custodiada por uniformados.

El reclamo de los habitantes de la Villa 31, donde viven unas 40.000 personas de acuerdo al último censo poblacional, aludió que el diseño del proyecto de urbanización no contó con la participación vecinal y consideraron que “es expulsivo porque facilitará que el mercado inmobiliario compre los terrenos”. 

En ese sentido, uno de los puntos críticos es que la ley aprobada permitirá que una persona que no acredite una residencia en el barrio mayor a dos años podrá comprar la vivienda pagando tres veces el valor de la hipoteca establecido al momento de la primera escrituración y valuada en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA). Y quienes acrediten más de dos años de residencia no pagaran ningún impuesto. El problema, es que en ningún caso se dice nada sobre el cargo de vivienda única y familiar para las que deberían estar destinadas, ni la cantidad de unidades que se pueden comprar,  posibilitando que se cambie el uso y la concentración de las mismas. Además de ser ilegal de acuerdo a la Ley de Barrios Populares, que establece que cuando interviene Nación cediendo terrenos, esas tierras tienen que ser para viviendas sociales, justamente para evitar que terminen en manos de desarrolladores inmobiliarios.

Por otra parte, el proyecto votado contempla la construcción de la sede del Ministerio de Educación y un polo educativo y un puente peatonal en el cual se instalará una sucursal en el país del Banco Interamericano de Desarrollo.

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