Las críticas al rumbo económico se multiplican en los círculos empresarios. El vicepresidente tercero de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, aseguró que “si la sociedad quiere suicidarse, seguirá con este modelo económico”. La Junta Directiva de la UIA debate un documento elaborado por sus equipos técnicos. La conducción de la central fabril propondrá un conjunto de medidas para aliviar la crisis de las pymes industriales. Entre otras cuestiones, el informe plantea la necesidad de morigerar el impacto del esquema tarifario.
El subsidio a los servicios públicos fue una de las herramientas utilizadas para apuntalar el proyecto económico–social instaurado en 2003. El objetivo era doble: 1) aumentar por vía indirecta los ingresos populares y 2) reducir los costos empresariales. Cristina Fernández de Kirchner explicó que “en aquel momento (refiriéndose al 2003) si no se hubiera subsidiado la energía no hubiera sido posible apuntalar el consumo. Recién empezaba a moverse la rueda para construir industria y abrir fábricas, mientras comenzaban las primeras convenciones de trabajo”.
El contexto era distinto al comenzar la segunda presidencia. La mandataria sostuvo que debía iniciarse una etapa de “sintonía fina”. En materia tarifaria se retiraron los subsidios a sectores económicos muy rentables (bancos, aeropuertos, financieras, compañías de seguro, casinos, telefonía móvil, actividades extractivas, refinamiento de combustibles, procesamiento de gas natural, biocombustibles y aceites de exportación, agroquímicos) y residentes en zonas de alto poder adquisitivo (por ejemplo: countries). El siguiente paso fue un retoque tarifario (gas y agua) en abril de 2014. No se avanzó demasiado más en ese terreno. “En el equipo económico empezaron a visualizar señales de desaceleración de la actividad económica y primó la idea de que una baja en los subsidios complicaría aún más el desempeño económico, por lo que se optó por posponer esas medidas”, explica el economista Matías Kulfas en su libro Los tres kirchnerismos.
Previamente, en noviembre de 2011, el gobierno habilitó un mecanismo para renunciar a los subsidios de manera voluntaria. La implementación de ese registro fue precedido de múltiples manifestaciones de dirigentes y opinadores “indignados” por pagar tarifas “regaladas”. Sin embargo, la iniciativa fue un fracaso: apenas 32.000 personas renunciaron al beneficio.
La apelación a la “responsabilidad ciudadana” de los sectores pudientes también salió mal en Inglaterra. En febrero de este año, el ayuntamiento de Westminster anunció que pediría una contribución voluntaria a sus residentes más ricos. El universo apuntado eran los dueños de los inmuebles más caros de ese distrito londinense.
Los fondos recaudados financiarían algunos programas sociales (destinados a jóvenes, ancianos y homeless) muy debilitados por las políticas de ajuste implementadas post-crisis financiera. El relator especial sobre pobreza extrema y derechos humanos de la ONU (Philip Alston) sostuvo que, desde 2010, aumentó 60 por ciento el porcentaje de personas sin hogar y se multiplicaron los bancos de alimentos.
Es ese marco, el Consejo de Westminster aprobó la contribución voluntaria inmobiliaria. La periodista Rebecca Mead explica en el artículo “Un informe mordaz sobre el trato a los pobres en Gran Bretaña” que “la medida, que fue caracterizada por el Consejo como una “contribución de la comunidad” y rápidamente llamada “impuesto de culpa” por la prensa, llamó a los residentes de casi dieciséis mil casas o apartamentos a duplicar voluntariamente la cantidad de impuestos correspondientes a sus hogares: una contribución adicional de poco más de mil dólares al año” (publicado en New Yorker).
Los resultados del programa fueron decepcionantes: apenas 2,5 por ciento de las familias (400 sobre 16.000) abonaron la contribución voluntaria. La apuesta a la compasión de los más ricos no es la mejor forma de construir un mundo más equitativo.
@diegorubinzal
