Opinión
Trump y los limones

“Se inicia una nueva etapa en EE.UU. Trabajemos juntos para profundizar nuestro vínculo buscando oportunidades para nuestros pueblos”. El tweet de la canciller Malcorra del 20 de enero, día de la asunción de Donald Trump como presidente de los EE.UU., estuvo en sintonía con la pretendidamente “inteligente” política exterior del macrismo, fomentando “relaciones maduras” con todos los países del mundo. La respuesta de Trump no se hizo esperar: avanzando con sus promesas de campaña de “compre estadounidense”, sólo dos días después el Departamento de Agricultura (USDA) emitió un comunicado congelando por sesenta días la decisión de permitir la importación de limones frescos desde el Noroeste argentino (NOA), aprobada por la Administración Obama en diciembre pasado.

Vale recordar que, si bien la Argentina es líder mundial en producción y exportación de limones frescos, desde septiembre de 2001 está prohibido el ingreso a los EE.UU., en un claro ejemplo de cómo las medidas de carácter sanitario y fitosanitario son utilizadas como barreras proteccionistas. Sin fundamento científico alguno, el gobierno de los EE.UU. adujo entonces la sospecha de que los limones argentinos podrían ser transmisores de una bacteria (Clorosis Variegada de los Citrus, o CVC). Como consecuencia de ello, y luego de infructuosas negociaciones bilaterales, en 2012, bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la Argentina decidió presentar una demanda contra los EE.UU. en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). A partir de la presión ejercida en el ámbito internacional, las autoridades estadounidenses se vieron obligadas a poner en marcha el plan de trabajo para la apertura del mercado a los limones argentinos.

En abril de 2014 el USDA público el Análisis de Riesgo de Plagas para la importación de limones del NOA, demorado hacía varios años. Posteriormente, Argentina presentó un trabajo científico que demostraba la condición del limón argentino como no hospedante de la bacteria CVC. Sin embargo, si bien en términos estrictamente técnicos ya existían las condiciones para la apertura del mercado, la decisión política fue tomada recién el día 23 de diciembre pasado. Este hecho fue festejado como un logro propio de la administración macrista, cuando claramente se trató del tramo final de una política de Estado que mantuvo nuestro país desde hace más de diez años, que incluyó un litigio internacional contra los EE.UU. que oportunamente fue tildado por la entonces oposición como “agraviante” y que, además, iba a tensar las relaciones bilaterales de manera innecesaria.

Sin embargo, más allá de este revés puntual, lo que queda en claro es que la política exterior que viene llevando la Argentina desde la asunción del macrismo no es compatible con un escenario de proteccionismo creciente a nivel mundial, y de los EE.UU. en particular. Si bien el alineamiento automático de nuestro país respecto de los intereses de los EE.UU. venía dando resultados mixtos en términos económicos durante la Administración Obama (con incremento de las exportaciones de un 31 por ciento para los primeros 11 meses del año, pero con una anunciada “lluvia de inversiones” productivas que no se hizo presente), el cambio de escenario no es para nada prometedor. Más bien, la nueva gestión ya tiró por la borda los planes que había trazado el macrismo en materia de política económica exterior con los EE.UU., desde el momento que en su tercer día como presidente Trump firmó una orden ejecutiva retirando a su país del Tratado Transpacífico (TPP), bloque económico al que Argentina pretendía ingresar.

En un mundo en que las tensiones proteccionistas y las guerras comerciales estarán a la orden del día, las políticas de alineamiento dócil con los EE.UU. y de inserción “boba” en el escenario internacional difícilmente traigan buenas noticias para la Argentina. Tal como figura en la plataforma de campaña del partido republicano, seguramente Trump ya tenga planeada una agenda de trabajo con la Argentina: la firma de un Tratado de Libre Comercio de manera bilateral, en donde EE.UU. tratará de imponer sus intereses. En dicho caso, si pretendemos que Argentina retome el proceso de industrialización e inclusión social vigente entre 2003 y 2015, seremos los trabajadores quienes, al igual que en 2005 en ocasión del “No al ALCA”, tendremos que salir a las calles a impedir el nuevo acuerdo.

* Docente-investigador de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) y asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la CTA de los Argentinos.