El Gobierno no resigna sus ambiciones políticas. Pese a que a lo largo del año parlamentario el oficialismo impuso al Congreso su propia agenda, para la Casa Rosada fue una derrota no haber logrado transformar en ley dos proyectos que el presidente Mauricio Macri incluyó en las sesiones extraordinarias de diciembre. Una de ellas es la ley “anti barrabravas” que la Cámara de Diputados devolvió a la comisión de Legislación Penal para corregir aspectos jurídicos de un proyecto redactado de apuro en medio de un tratamiento “super express”. La otra, es la ley de financiamiento de los partidos políticos que abre la puerta al aporte empresario a las campañas electorales, que las diferencias dentro de Cambiemos frustraron en la Cámara baja y que tampoco lograron imponer en el Senado. Ahora, el Ejecutivo quiere volver a la carga por esos dos proyectos en un llamado a extraordinarias para febrero con una prioridad: Macri quiere que el aporte privado a las campañas rija en las presidenciales de 2019.

El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, ya había adelantado la intención del Gobierno en la última sesión del año en la Cámara alta donde no pudo imponer el tratamiento de la reforma a la ley de financiamiento de los partidos. “Creo que vamos a volver a tratarlo en febrero si el Ejecutivo convoca a extraordinarias”, dijo el senador macrista. “El proyecto tiene un consenso muy amplio porque es un mecanismo para transparentar el financiamiento de las campañas políticas”, insistió Pinedo, que no pudo justificar la derrota. 

Macri envió el proyecto a Diputados, pero las diferencias dentro de Cambiemos –donde Elisa Carrió se pronunció contra del aporte empresario– frustró su tratamiento. Con la prórroga de las extraordinarias, el Presidente habilitó su tratamiento en el Senado. El acuerdo previo con el peronismo federal que conduce Miguel Pichetto, parecía despejarle el camino al oficialismo. Sin embargo, las disidencias dentro de la bancada de Pichetto dieron por tierra con las aspiraciones del Gobierno. 

Ahora la Casa Rosada busca revertir la suerte en una convocatoria a extraordinarias para febrero. Macri quiere la ley con aportes económicos empresarios el año próximo donde buscará su reelección.  

El proyecto del Ejecutivo ya tiene el apoyo de la Cámara Electoral. “La Constitución dice: El Estado contribuirá al sostenimiento de los partidos políticos. Contribuirá, no financiará. Deja abierta la posibilidad de un financiamiento mixto. Lo que no podemos hacer es esconder la tierra bajo la alfombra. Si hay financiamiento de empresas tiene que ser rigurosamente claro. A nosotros no nos resulta grato como jueces ver que aparecen los mal llamados aportantes truchos”, remarcó su presidente, el juez Alberto Dalla Vía, en una entrevista con el diario La Nación, donde definió como “hipocresía” prohibir los aportes empresarios a las campañas electorales. 

Otro derrotero tuvo la ley anti barras. El proyecto enviado de apuro por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras el escándalo que frustró la final de la Copa Libertadores en la Argentina. El proyecto tuvo un tratamiento express en la comisión de Legislación Penal que preside la radical jujeña Gabriela Burgos. Consiguió dictamen pero las diferencias hicieron que el debate no llegara al recinto de la Cámara baja.

Febriles negociaciones con distintas bancadas, algunas concesiones y la arenga de la ministra Bullrich a los diputados oficialistas que integran la comisión no alcanzaron para borrar las diferencias. La última sesión del año tuvo el proyecto como eje central. Desde todas las bancadas opositoras respaldaron la intención de terminar con la violencia en el fútbol y aunque se dividieron en la votación advirtieron que darían una dura discusión. 

La votación en general fue afirmativa pero el debate no se calmó. Las diferencias sobre las penas que imponía el proyecto “desvirtuaban” las sanciones que establece el Código Penal. Algunas de ellas fijaban hasta 4 años de cárcel la “tenencia” de una entrada apócrifa a un espectáculo futbolístico y su reventa igualaba la pena mínima por homicidio.      

El oficialismo resistía cualquier intento de modificación, pero su preocupación pasaba por su disputa interna: Carrió propuso la “incompetencia” para que funcionarios públicos (incluidos jueces y fiscales) formaran parte de la dirigencia de un club de fútbol, a lo que se acopló el kirchnerismo y que amenazaba con bloquear la ley. En medio de duras discusiones dentro de Cambiemos, un aliado –Martín Lousteau– hizo propio el reclamo opositor de que el proyecto volviera a comisión. La oposición impuso el regreso a comisión y en el oficialismo quedaron expuestas sus diferencias: Cambiemos votó en contra salvo el jefe de la bancada macrista, Nicolás Massot, que se abstuvo en contra de todo su bloque. Sin que las diferencias y pases de facturas en el oficialismo se hayan resuelto, el Gobierno buscará saldarlas en febrero.