En la Ciudad de Buenos Aires la pregunta quedó flotando en el aire impreciso de los días que van entre el 25 de diciembre y el fin de año: ¿qué pasa con el Estado laico cuando la cartelería pública, destinada a información pública y necesaria para los ciudadanos, se convierte en espacio de divulgación de un mensaje religioso? Algunos expertos consultados por este diario consideran que, al publicitar profusamente (en pantallas digitales de metrobus, de turnos de sedes comunales, subterráneos, carteles de indicaciones viales, la pantalla de la playa del Teatro Colón, casi todas ellas superficies en las que el mensaje iba acompañada del logo institucional del gobierno) el texto “Navidad es Jesús”, tal como hizo a pedido de un grupo de iglesias evangélicas, el gobierno porteño incumplió la normativa legal vigente. Otros, sin embargo, consideran que sólo se trata del correlato y la actualización de algo que ya sucedía antes: algunos cultos, que comenzaron a reorganizarse, reclaman participar de los privilegios que el Estado argentino concede, normas de dictaduras mediante, a la Iglesia católica. Coinciden, de todos modos, en señalar que la irrupción en el espacio público estatal de distintas religiones, lejos de garantizar diversidad, le pone cepos y la anula.
El poder en los detalles
“Una cosa es un texto de ‘Feliz Navidad y felices fiestas’. Ese es un mensaje culturalmente aceptado. Pero cuando se excede de eso y el Estado asume, a través de los medios públicos, una posición de preferencia de una religión respecto de la otra, está violando el principio de neutralidad estatal. Ese principio es el eje de nuestro sistema constitucional en cuanto a la relación entre Iglesia y Estado”, evaluó el constitucionalista Andrés Gil Domínguez. “El principio de neutralidad estatal significa que el Estado no puede hacer ningún tipo de acto que implique un tipo de preferencia de una religión sobre otra, o sobre los que no creen. No puede usar fondos públicos para ningún tipo de manifestación que implique preferencias de ese tipo”, añadió. Eso precisamente es lo que violó la decisión del gobierno porteño que acogió el pedido elevado por Aciera (Alianza Cristiana de las Iglesias Evangélicas) para la puesta en cartel del lema religioso. Y ese principio, añadió, el experto está lejos de ser novedoso o improvisado: “surge del modelo constitucional de relación entre el Estado y la Iglesia, que los convencionales constituyentes aplicaron en 1994; también está reafirmado en la Ciudad de Buenos Aires por su propia Constitución, en el artículo 10 y el artículo 11. El 10 (que estipula que en la jurisdicción rige todo el marco normativo que establecen la Constitución Nacional, las leyes nacionales y los tratados internacionales ratificados y por ratificar) tiene fuerza normativa y se aplica sin necesidad de otra ley; el 11 evita todo tipo de discriminación”.
Para la abogada Analía Más, secretaria de Género y Laicismo de la Federación Argentina LGBT e integrante de la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL), “que haya múltiples confesiones religiosas en el espacio público no hace que ese espacio sea más diverso”. Si existe el principio de neutralidad estatal, acota, es porque existen religiones monopólicas y otras que padecieron esa hegemonía. “En Argentina, históricamente la monopólica fue la católica. Tanto que se naturalizó que está presente en todos los espacios públicos y se admite que el Estado sostenga económicamente ese culto. Nosotros en los próximos meses vamos a estar ante la Corte Suprema, que ya aceptó la demanda, por el pedido de inconstitucionalidad de las normas que obligan a los hospitales públicos a tener capellanes católicos y pagarles el sueldo. Eso está amparado por una ordenanza de la dictadura que está vigente hasta hoy. No nos sirve que nos contesten ‘bueno, que haya una o dos religiones mas presentes en el espacio público, que también se sostengan con el erario público’. Eso no responde al Estado laico. Es una violación a los derechos de quienes tienen otras creencias y a los de quienes no creemos en nada”.
La denuncia por la presencia de curas pagados por el Estado y con poder (de saber qué sucede, acceso a despachos y consultorios, de invasión de cuartos de pacientes) en los hospitales públicos comenzó en 2013 y fue la respuesta a un caso testigo de cómo operan los activistas antiderechos al amparo estatal. Poco antes, el cura Fernando Llambías, capellán del hospital Ramos Mejía, enterado de que una mujer había solicitado acceder a un aborto no punible, dio a conocer el caso, divulgó sus datos a una ONG antiderechos para que obstaculizaran la práctica, ofició misa en la puerta de la casa de la mujer. La abogada Más y María Rachid elevaron un pedido de amparo (que la jueza Elena Liberatori avaló, pero el gobierno porteño apeló y, luego el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, desestimó, por lo que, tras otro recurso, llegó al máximo tribunal nacional). La respuesta inicial que cosechaba la demanda era una constante: “lo primero que te dicen es ‘¿pero qué daño te hacen?’”. Años antes, cuando defendió un proyecto de ley presentado por María José Libertino para retirar símbolos religiosos de los edificios públicos porteños, Más había escuchado el mismo argumento. “Me decían ‘¿qué te molesta? ¿Cuál es el daño?’. Y muchas veces entonces, como ahora, lo defienden como si fuera algo progresista, muestra de una presunta diversidad”.
A la abogada Laura Saldivia Menajovsky también le pasa. Cuestiona la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos (vírgenes y otras imágenes de santos en escuelas, en plazas, en los ingresos de oficinas públicas) desde siempre, porque tiene madre judía, padre católico y estuvo “desde chiquita expuesta a mirar eso que el común de la gente no mira en lo que se refiere a naturalización de cuestiones religiosas”. “En la facutad empecé a comprender, además, que detrás de esto hay sostenimiento de tipo económico especialmente al culto católico, que esos simbolismos están vinculados al culto católico”, añade. Tiene como reflejo cuestionarlos, hacer planteos a eso que algunos no ven. Conoce de memoria la respuesta a esos planteos: “Me miran como diciendo qué te molesta, qué te jode”. Agrega que los carteles de “Navidad es Jesús” no la escandalizaron demasiado, porque en realidad “eso es un coletazo de un problema mayor, que está dado por el apoyo que se da a la Iglesia católica. No veo diferencias entre eso y los pesebres en Parque Las Heras o en la puerta de Casa Rosada, o con la presencia de presidentes en Te Deum. Para mí, una cosa y otra violentan por igual la neutralidad en materia religiosa que debería tener el Estado. Mi punto es el siguiente: por el tema que se vio con el debate por el aborto, por la campaña anti Educación Sexual Integral del lema “con mis hijos no te metas”, hay un miedo generalizado con los evangélicos. De ese miedo quiere ser conciente y darme cuenta de que no tiene por qué ser un miedo distinto al que debería haber habido ante los privilegios del catolicismo. Pero creo que sí debe alertarnos la aparición de otra religión que pide la misma cancha que se ha reconocido a la Iglesia católica. Va a haber que dar argumentos muy fuertes en aras de la laicidad del Estado para hacer frente a estos pedidos de las religiones, que reclaman espacio en el campo público”.
