El DNU que Macri le dedicó al deporte con su rúbrica autoritaria es un tiro en el pie. Se metió en su patio trasero –en el que forjó su carrera política– como si pisara tierra firme. Un espacio que intuye conocer, donde descuenta adhesiones masivas que no son tales. Ahora tiene frente a sí a dirigentes, atletas, entrenadores, capacitadores, deportistas olímpicos y no olímpicos, clubes sociales y con disciplinas profesionales, todos unidos dispuestos a resistir su política. Salieron a la calle y se lo hicieron sentir, aunque esté de viaje por Asia a la búsqueda de inversiones que no llegan. Al presidente de la Nación solo le interesa hacer negocios en beneficio propio y de su círculo íntimo. Ya lo explicitó el 20 de julio de 1993. Durante una entrevista con Nelson Castro confesó que aspiraba a comprar Deportivo Español con el fin de trasladarlo a Mar del Plata. Desde entonces no paró.
Ideó el Fondo Común de Inversión de Boca. Financió a ACE Sociedad Anónima para colocar jugadores en el exterior con fondos aprobados por su comisión directiva. Se metió en el club Badajoz español cuando lo controlaba Marcelo Tinelli. Le abrió las puertas a la quebrada ISL para que se apropiara de las acreencias boquenses aunque fracasó en el intento. Avanzó con sus continuadores, de Pedro Pompilio a Daniel Angelici, sobre tierras fiscales destinadas a viviendas. Siempre basado en una misma matriz. Favorecer intereses privados en detrimento de lo que es de todos: desde el deporte, la ciudad de Buenos Aires y el estado nacional.
El decreto innecesario y sin urgencias que firmó invierte la carga de la prueba. Alude a agilizar la entrega de fondos que una Agencia desparramaría sobre el deporte como si eso –en sí mismo– fuera suficiente. Una falacia. Durante la gestión del último secretario del área, Carlos Mac Allister, no se ejecutó el presupuesto por cifras obscenas: 392 millones de pesos en el primer año, 165 millones en el segundo y en 2018 apenas se utilizó el 58,7 por ciento del dinero disponible. Esta política deliberada desemboca –entre otras calamidades– en que los deportistas federados no cobraron todavía las becas de enero y los paralímpicos ni siquiera las de diciembre.
Mientras tanto, el DNU persigue el fin de entregar las hectáreas del Cenard y el Instituto Superior de Educación Física Romero Brest al mercado inmobiliario. Los damnificados son quienes marcharon al Congreso para que se derogue el decreto. Saben que Macri, Werthein, De Urquiza Anchorena, Marín y los CEOS que colonizaron el gobierno vienen por más. Esto recién comienza.
