El juez federal Ariel Lijo delegó ayer en el fiscal Gerardo Pollicita la investigación por la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir. Pollicita es un integrante de la armada de Comodoro Py que durante el último año, en conexión con el macrismo y una parte de los medios, impulsó una serie de causas judiciales contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus funcionarios y cualquiera que hubiera tenido relación con el gobierno anterior. La acusación en el expediente iniciado por Nisman es por encubrimiento, es decir por haber favorecido a los iraníes sospechados de haber perpetrado el atentado contra la AMIA. Como en su momento señaló el juez Daniel Rafecas, se cuestiona un memorándum que nunca entró en vigencia; capturas con alertas rojas que se iban a levantar pero nunca se levantaron; una Comisión de la Verdad que iba a favorecer a los iraníes pero que nunca existió, un supuesto acuerdo con Irán de intercambio de granos por petróleo que nunca ocurrió y el armado de una pista falsa de nazis locales que tampoco se instrumentó nunca. Aun así, se ponen en marcha una serie de medidas, algunas de las cuales exhiben la evidente intencionalidad de armar, como sea, una imputación contra CFK y su canciller Héctor Timerman.
Ofensiva
La decisión de Lijo de delegar la instrucción en el fiscal fue interpretada por algunos en Comodoro Py como “bajarle el precio al expediente”. El juez no se involucra directamente sino que se saca de encima la causa. Otros interpretan que, como es un expediente fuertemente político, se lo entregó a alguien que tiene interés en el caso. Pollicita integró la comisión de seguridad de Boca Juniors en la época de Mauricio Macri y luego integró la comisión electoral en representación de los directivos cercanos al actual presidente. En su momento, Lorena Martins, quien denunció a su padre, el espía y dueño de postríbulos Raúl Martins, recusó a Pollicita por sus vínculos con el macrismo. En 2016, el fiscal, junto a su par Ignacio Mahiques, encabezó la acusación por asociación ilícita contra CFK por la obra pública en Santa Cruz, sobre la base de un informe realizado por la administración macrista de la Dirección de Vialidad. La causa es llamativa: el informe no dice lo que Pollicita-Mahiques sostienen e investigó a una sola provincia y, de hecho, a una sola empresa: la de Lázaro Báez.
Aunque Pollicita empezará a instrumentar medidas de investigación, tarde o temprano habrá que dirimir qué juez se queda con el expediente. En otra maniobras insólitas de Comodoro Py, los camaristas e integrantes de Casación alineados con el macrismo permitieron el armado de una causa paralela, con el mismo objeto procesal. El segundo expediente fue iniciado por dos denunciadores vinculados al PRO y luego lo reforzó la dirigencia de la DAIA aportando a dos familiares de las víctimas del atentado, cercanos a esa dirigencia. En esa segunda causa, la imputación contra CFK y Timerman fue por traición a la patria –nada menos–, un delito por el que nunca hubo un procesamiento desde que se imputó a Juan Domingo Perón en 1956. El expediente lo viene instruyendo el juez federal Claudio Bonadio, punta de lanza contra el kirchnerismo. Al recibir la denuncia, el magistrado, en lugar de enviar como corresponde el caso al juez que tenía el expediente original sobre el memorándum, Daniel Rafecas, decidió seguir adelante con esa causa colectora. Ayer, Lijo firmó una resolución disponiendo la apertura de un incidente. Bonadio pide hacerse cargo de todo el caso, ya que se trata del mismo objeto procesal –el memorándum y los sospechosos iraníes–, pero Lijo considera que su expediente es el anterior porque es el que se instruye en base a la denuncia original de Nisman. Lijo rechazará el pedido de Bonadio y habrá que ver si éste acepta. En caso de discrepancia, resolverá la Cámara Federal. Sería grotesco que le den la instrucción a Bonadio, pero cosas por el estilo ya han ocurrido en Comodoro Py.
Medidas
Las medidas propuestas por Pollicita, más de 50, adelantan hacia adonde va la investigación, aunque hay cartas que serán exhibidas más tarde. El menú de testigos inicial lo integran el espía Antonio Horacio “Jaime” Stiuso, echado durante el gobierno de CFK; actuales funcionarios como Laura Alonso y Patricia Bullrich, dirigentes de la AMIA y la DAIA, un grupo de periodistas de Clarín y La Nación, el ex vicecanciller García Moritán, que terminó enfrentado con el gobierno anterior, y también los ex cancilleres Rafael Bielsa y Jorge Taiana. Hay también medidas de manual, como la transcripción de las 40.000 horas de escuchas telefónicas realizadas principalmente al referente iraní en la Argentina, Youssuf Khalil, y los entrecruzamientos de llamadas de otros imputados como Luis D’Elía, Fernando Esteche, el ex juez Héctor Yrimia, el diputado Andrés Larroque y el curioso espía o falso espía, Allan Bogado. Se supone que estas personas, ninguno con responsabilidad ejecutiva, armaron el plan de encubrimiento.
Como la hipótesis de la denuncia de Nisman es que el Gobierno anterior trató de anular las órdenes de captura de Interpol –cosa que no ocurrió–, el secretario general de Interpol de aquella época, el norteamericano Ronald Noble, debería ser el primer testigo. Timerman ya exhibió las cartas de 2013 en las que quedó claro que el Memorandum con Irán no podía alterar las órdenes de captura: las cartas que fueron y vinieron están firmadas tanto por el canciller como por el secretario general de Interpol. Noble ya dijo en PáginaI12 y en The Wall Street Journal, que la denuncia de Nisman era falsa y fue muy elogioso con Timerman. Habrá que ver cuándo lo llaman a declarar, supuestamente lo hará vía Skype.
En la manga parecen guardar un show. Es posible que le pidan el testimonio de alguno de los guardaespaldas de Hugo Chávez. Los custodios, que son hoy disidentes del gobierno venezolano, viven en Miami y están listos para declarar lo que se necesite. Seguramente dirán que Chávez arregló con Irán que gestionaría impunidad en la causa del atentado. La cuestión es que eso no se verificó: ni los sospechosos iraníes dejaron de ser sospechosos ni se levantaron sus órdenes de captura. En la coyuntura internacional actual, no obstante, la jugada contra Irán es la que conviene a la derecha norteamericana e israelí, con Donald Trump y Benjamin Netanyahu a la cabeza. El tema geopolítico está en el centro de la causa Nisman: no es casualidad que la ex pareja del fiscal, la jueza Arroyo Salgado, y sus hijas estén hoy invitadas en Israel.
Congreso
En las medidas pedidas por Pollicita está la incorporación al expediente de las grabaciones de las sesiones en el Congreso Nacional. El memorándum con Irán se votó tanto en Diputados como en Senadores, por lo que habrá que ver cómo encuadran el fiscal y el juez la participación de los legisladores en el encubrimiento.
Es uno de los puntos calientes de la causa. Los más importantes juristas del país consideraron que en lo denunciado por Nisman no había delito alguno y que, además, el Memorandum fue un tratado, malo o bueno, pero que no puede constituir delito. Más aún, desde el momento en que se votó en el Congreso. Así opinaron Raúl Eugenio Zaffaroni, León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Julio Maier y Luis Moreno Ocampo, entre otros. Sin embargo, la alianza político-judicial-mediática, con la DAIA y el alineamiento internacional Washington-Jerusalén consiguieron la apertura del expediente. El objetivo es apuntar los cañones –como en decenas de otras causas– contra el gobierno anterior.
