Cuentan la crónica, la historia o la leyenda (se combinan a menudo) que allá por los 90 el pluriministro Carlos Corach consignó en una servilleta de bar el equipazo de jueces federales designados para (en)cubrir las fechorías y eventuales delitos del presidente Carlos Menem. El super ministro Domingo Cavallo le discutía a su modo: con los ojos fuera de las órbitas y gritando.
No se conserva constancia material de la servilleta (ni una fotocopia) pero quedó comprobada la resiliente existencia del sistema de protección y de la horda de magistrados.
El casting lo hicieron Corach y el Secretario de Inteligencia del Estado, Hugo Anzorreguy. Abogados prósperos, titulares de estudios taquilleros, importantes e influyentes. No fueron menester concursos, las denominaciones se digitaron: la confianza (o complicidad) política prevaleció sobre los antecedentes académicos, la capacidad técnica o esa clase de antiguallas.
A Juan José Galeano le echó el ojo “Hugo”, “el señor 5” capo de la SIDE. El elegido era un oscuro empleado en tribunales. Le cupo en suerte (creyeron ambos por entonces) un juzgado penal, disciplina ajena a su experticia. Comenzó a trabajar y a estudiar al mismo tiempo.
Demasiado rápidamente le cayó en desgracia la causa por el atentado terrorista en la sede de la AMIA. Un asunto de Estado, un crimen gravísimo muy superior a sus aptitudes. En los pininos del expediente, Galeano anunció al mundo que el crimen estaba casi desentrañado, que cuando se revelara todos “se iban a caer de espaldas”: mensaje prematuro y falso a carta cabal.
La cuestión se empiojó cuando periodistas, algún pesquisa y familiares de las víctimas comenzaron a explorar la llamada “pista siria” que por varios lados conectaba directamente con Menem. Se tornaba imperioso, para su Gobierno, desviar la atención. Se urdió una tramoya que, de carambola, buscaba herir al gobernador bonaerense Eduardo Duhalde. Compañero de fórmula de Menem en 1989, había devenido su principal rival en la interna peronista. Ambicionaba llegar a presidente electo, sueño jamás concretado…. en aquella época ninguno de los protagonistas lo sabía.
La operación distractiva era audaz, berreta y desfachatada a la vez. La ahorramos acá porque ha sido descripta muchas veces en este diario. Nos alcanza decir que medió un soborno por 400.000 dólares, con el Gobierno como mentor, el juez y los fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia como partícipes imprescindibles. La jugada contaminó la causa, impidió una investigación seria, imantó la atención pública.
Los familiares de víctimas, nucleados en Memoria Activa y luego Apemia bregaron por romper el manto de mentira e impunidad, denunciaron el delito (ver asimismo nota aparte).
En 2004 un Tribunal Oral Federal sancionó la nulidad de todo el expediente corroído por esa prueba mal parida, “contaminada” en mejor jerga legal.
El jueves pasado el Tribunal Oral Federal2(TOF 2) tras un proceso como los de Kafka pero más prolongado dio a conocer su veredicto sobre dicho encubrimiento. Galeano recibió una condena a seis años y dos meses de prisión. El fallo ratifica una vieja certeza: el encubrimiento con participación estatal existió, con grave corresponsabilidad del ex magistrado.
Las palabras de Galeano antes de la sentencia pintaron un autorretrato cruel. Se describió como un perseguido, se defendió como un ladrón de gallinas, difamó a los familiares. Entre los atenuantes adujo que cuando sucedió el encubrimiento era inexperto, contaba con “sólo 35 años”. Un reconocimiento implícito de que no capacitaba para el cargo. Si se permite ironizar: una tentativa de elevar (contra las tendencias de moda) la edad de inimputabilidad: de la tierna infancia a la madurez.
Galeano enrostró a los familiares haberse ensañado con su modesta persona y haber “perseguido venganza e indemnizaciones millonarias”. La afrenta –repetida en otros casos por jueces, periodistas o políticos– trasciende los límites de lo humano: nadie “invierte” un ser querido como sujeto pasivo de un crimen para hacerse de unos pesos. Nadie, ni siquiera gente como Galeano.
Más allá de su discurso inverosímil y taimado, la condena lo coloca en su sitial histórico: un juez destituido que jamás dio la talla y que quebrantó la ley. Un antimodelo por donde se lo mire.
A Anzorreguy, el cerebro más obvio de la movida, le cayó una condena seria.
A Mullen y Barbaccia les cupo una pena más leve, igualmente ejemplarizadora. Mediaron tremendas presiones desde Comodoro Py y la Casa Rosada para zafarlos. El ministro de Justicia Germán Garavano las cometió a la luz del día: ordenó a las querellas estatales desistir de las acusaciones contra los fiscales. El radical Mario Cimadevilla repudió la maniobra públicamente. Renunció a la titularidad de la Unidad Especial de Investigación a la AMIA.
Garavano desmintió con sus actos los embustes sobre la independencia de poderes que profirió Macri ante la Asamblea Legislativa. Acumuló maniobras non sanctas para influir en una sentencia.
La magnitud de las condenas a Galeano y a los fiscales debería calibrarse dando por sentadoque les tocó un “descuento corporativo”. Sin el lobby del Ejecutivo y de las agrupaciones de fiscales, todo lo indica, hubieran recibido penas mayores, más coherentes con la gravedad de sus conductas.
A los integrantes del TOF 2 les habrá pesado condenar a colegas sobre todo si fueron sometidos a marca hombre a hombre desde “la política” y “la Justicia”, en yunta.
Sin conocer los fundamentos del veredicto este cronista prefiere diferir opiniones drásticas sobre condenas, absoluciones y penas.
A cuenta y sujeto a revisión ulterior: llamativamente se absolvió a personajes aliados o afines al gobierno macrista. Menem, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja. De nuevo, cuando se divulguen los considerandos habrá que ver.
Con el diario de anteayer: Galeano cobró mucho de entrada, “garpó” bien a sus sponsors cuando fue menester y ahora paga caro, tal vez menos de lo que merezca.
El serpentario de Comodoro Py se pobló originariamente también con fiscales. Uno de ellos, el trending topic del verano: #Carlos Stornelli.
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Una trayectoria reveladora: Corach escogió a Stornelli en 1993. El “Yomagate” constituyó el primer desafío para el fiscal en ligas mayores. Menos encarnizado que en el siglo XXI, Stornelli cumplió los mandados y pidió el sobreseimiento de la cuñada presidencial, Amira Yoma. Un acusador indulgente, en ese trámite.
Un chimento o mito urbano de Comodoro Py refiere que pidió a sus promotores un ascenso, quería ser juez. Le habría sido denegado con un argumento de fierro: ya había “cobrado”antes. Quizás ese desaire influyó en su actuación en la causa por venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador por la que Menem fue sometido a prisión domiciliaria. Imposible de corroborar. Es indiscutible, en cambio, que la vindicta se produjo en simultáneo con la caída política de Menem. Los `pobladores deTribunales saben ser procíclicos en materia política. O veletas, si optamos por un vocabulario más sencillo.
Stornelli jamás concursó para juez. Por ahí fue consciente de las limitaciones de su formación. Por ahí, la pasa cómodo con el poder que dispone. O las dos cosas.
Su amistad con Macri se remonta a la prehistoria. Va más allá de la mutua condición de hinchas de Boca aunque la abarca. El hombre prestó servicios en la seguridad del club. Parece incompatible con los deberes de fiscal pero adujo que se dedicaba gratis, de onda y le fue tolerado. Sus relaciones afables, su amistad personal con el barra brava Rafael Di Zeo, reveladas hasta en imágenes de la tevé española, revelan un extraño criterio sobre la seguridad en las canchas.
El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli lo conchabó como Ministro de Seguridad al inicio de su primer mandato, en 2007.
Funcionó como un test de inteligencia para Stornelli: salió fatal. Condujo el “caso Pomar”, episodio novelesco en el cual la Bonaerense, el equipo de Stornelli y la fiscalía no encontraban el auto de una familia tipo que había salido de viaje sin llegar a destino.
La prolongada ineficacia de la búsqueda alimentó embustes y sospechas sobre las víctimas. Al final se corroboró que el Duna, rojo para mayores señas, había chocado y volcado a contados metros de la ruta que transitaba. Los cuatro integrantes de la familia fallecieron a causa del accidente.
Durante el penoso suceso Stornelli dio pruebas de impericia y de una sensible dificultad para hablar en castellano. Requisito exigido a los funcionarios políticos del que los fiscales se pueden escurrir.
El fracaso lo devolvió a su territorio. Hace más de un año el diario La Nación lo designó como fiscal a cargo de la denuncia del ex chofer Oscar Centeno.
La tramitación de la causa, debo esta expresión a un juez digno (que los hay), construyó una máquina para extorsionar. Desde este diario y esta columna se señalan esos abusos que, hasta hace pocos días, se consideraban “circunscriptos” a las violaciones del derecho de defensa en juicio, la presunción de inocencia y la prohibición de encarcelar sin condena salvo contadísimas excepciones.
La versión criolla del sistema del arrepentido cobijó todas las tropelías. El manejo arbitrario de “la sortija” para apresar o liberar, las presiones a sospechosos para que incriminaran funcionarios kirchneristas, so pena de ir en cana.
La causa abierta por el juez federal Alejo Ramos Padilla acumula pruebas contundentes sobre desviaciones personales, colectoras a favor de operadores judiciales taimados y truchos o del propio fiscal. A Stornelli le cabe penalmente la presunción de inocencia y el derecho a defenderse. Debe quedar a cubierto de vendettas por justificadas que parecieran.
Pero la dimensión del escándalo lo forzaría, si tuviera pundonor
(por favor no se ría quien está leyendo, se expresa una hipótesis, virtual)
… si tuviera pundonor tendría que dar un paso al costado en el expediente iniciado por las denuncias de Centeno. Para prestarse a la investigación sobre su desempeño y despejar de dudas el trámite de la causa a la que consagra tantos afanes.
El Ministerio Fiscal es una organización piramidal y jerárquica. Difícil explicar su funcionamiento a profanos. Los fiscales, su base, gozan de autonomía funcional para manejar los juicios a su cargo. Pero el Procurador General es su superior jerárquico. La máxima autoridad, que conduce a todos, los ubica, eventualmente discierne sanciones disciplinarias.
Eduardo Casal, el Procurador actual, se vio obligado a abrir un expedientepara investigar la conducta de Stornelli y sus factibles vinculaciones con una runfla de “servicios”, comunicadores que fungen de tales, agentes o colaboradores de la DEA norteamericana o la Agencia Federal de Inteligencia. Y Marcelo D’Alessio, que desempeña todos esos roles de modo conjunto, separado, alternativo o intermitente. Banda trucha, habituada a jugarretas brutales y rústicas, como lo fue antaño el encubrimiento de la AMIA. Las características hablan de quienes las cometen, de los blindajes que los tutelan, de su sensación de impunidad.
Casal dispone de facultades para suspender a Stornelli o para suplirlo por un colega en la causa de las fotocopias de los cuadernos. No como sanción anticipada sino como medida cautelar para facilitar que se lo investigue a fondo. Algo semejante a lo que se resuelve (o tendría que resolverse) respecto de las fuerzas de seguridad cuando se averigua si participaron en la comisión de un delito.
Apartarlo oxigenaría el ambiente y despejaría (un cachito) las crecientes sospechas sobre una red de protección a Stornelli. El expediente sobre retornos y sobreprecios podría seguir su curso.
Claro que cesarían o quedarían en riesgo nuevos aprietes a acusados o testigos. Y que es posible que la minuciosa denuncia del empresario Pedro Etchebest detone un efecto dominó entre otros damnificados por la praxis del juez Claudio Bonadio y de Stornelli. Pero esas derivaciones dan la impresión de ser inevitables tanto si Casal cumple son su deber como si “cubre” corporativamente a Stornelli.
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Un par de digresiones: Van un par de digresiones, llamémoslas técnicas. El modo en que se aplica la institución del “arrepentido” la desnaturaliza, aún para quienes la reivindican de buena fe.
No tiene semejanzas con los procedimientos en otras latitudes. En ningún “país serio” un fiscal raso dispone del poder brutal detentado por Stornelli. Un fiscal de primera instancia es una pieza menor en la barroca estructura de un proceso penal. Intervendrán luego Fiscales de Cámara de Apelaciones o de Casación. Los procesos no culminan en primera instancia.
Raya con la Inquisición deferirles, de facto, “la suma del poder público” de encarcelar sin condena por tiempos prolongados. Quienes se llenan la boca de precedentes extranjeros pasan por alto que en Brasil es el símil del Procurador General quien maneja las sortijas para arrepentidos. No un Stornelli brasileño, sino el Casal de allá.
Agrava el problema el pésimo régimen procesal vigente, que superpone tareas de jueces y fiscales. Mejor sistema es el inquisitorial. Los fiscales llevan la carga de la acusación “hacen de fiscales” sin concurrencia promiscua de los jueces. Estos “hacen de jueces” de garantías, velando por los derechos de las partes.
Hay un código procesal aprobado por el Congreso que mejoraría el sistema pero no se pone en vigencia. Uno de los motivos es la oposición de los jueces federales que rehúsan ser despojados de poderes omnímodos y “reducidos” a hacer lo que deberían. La servilleta no se rinde…
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Comprobaciones y encubrimientos: El encubrimiento en el caso AMIA quedó filmado, acreditado, ahora condenado.
Una formidable trama de protección política, periodística y judicial batalla para proteger a Stornelli. El primer objetivo es conseguir que se lo investigue o juzgue en su guarida, Comodoro Py. De local, como si fuera en Boca, club de Macri y de Daniel Angelici, gran operador judicial de PRO.
Consumar tamaña impunidad degradaría al sistema democrático, que viene cuesta abajo en su rodada. La pugna se desenvuelve ahora, los detritus de las cloacas enchastran a medios hegemónicos, periodistas de “prestigio”, integrantes del Poder Judicial.
Diego Maradona, honrando a los jugadores de fútbol (que no a los dirigentes) cinceló una frase de su cosecha: “la pelota no se mancha”. La servilleta es (muy) otra cosa.
