Hoy se cumple un año de la muerte de Facundo Ferreira, el niño de 12 años asesinado de un tiro en la nuca por policías de la provincia provida de Tucumán. Su caso conmocionó la agenda pública nacional. El Gobierno lo utilizó para intentar validar la Doctrina Chocobar y bajar la ley de imputabilidad, y las organizaciones sociales lo denunciaron como un caso de violación de los derechos humanos. La investigación judicial le dio la razón a estas últimas a tal punto que la ONU elevó una queja al Estado nacional por el endurecimiento de su política de seguridad. Uno de los dos policías procesados está detenido, el otro libre y en funciones. A pesar de la “holgada prueba recolectada”, la causa sigue estancada desde septiembre y el Poder Judicial retrasa su elevación a juicio oral.

En la madrugada del 8 de marzo de 2018, Facundo iba como acompañante en la moto que conducía su amigo Juan, de 14 años. Volvían por la avenida Avellaneda de unas picadas en el Parque 9 de Julio hasta que la Motorizada 911 comenzó a perseguirlos y, en cuestión de segundos, a dispararles. En Avellaneda y Río de Janeiro, Facundo cayó con un balazo de plomo en la nuca y múltiples postas de goma en la espalda y brazos. Lo llevaron al Hospital Padilla prácticamente muerto.

La versión de la Policía de Tucumán fue que la Motorizada había dado la voz de alto a los chicos por "circular en forma sospechosa" y que, cuando los agentes comenzaron la persecución, los chicos habían comenzado a "hacer disparos con armas de fuego" y eso fue "lo que obligó al personal policial a repeler la agresión".

Este relato publicado en una gacetilla oficial del Ministerio de Seguridad provincial fue respaldada y adoptada por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien nueve días después del crimen dijo que "las pruebas de parafina" en las manos de Facundo habían demostrado que "el chico le disparó a la policía". Y luego, para rematar su postura, sentenció: "Disparar o no por la espalda depende de la situación (...) Es un detalle que no se puede analizar".

En junio, un barrido electrónico por las manos de Facundo desmintió esa versión. El gobierno de Tucumán y Bullrich quedaron en offside pero no se retractaron.

Los policías que persiguieron y mataron a Facundo fueron identificados en pocos días: Nicolás Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres. Los peritajes determinaron que los dos habían disparado pero que la bala que causó la muerte del niño salió de la 9 milímetros de Díaz Cáceres. De todas maneras, a Montes de Oca no le fue mejor: un dopaje determinó que antes del operativo había consumido cocaína y marihuana.

A través de Emilio Guagnini y Florencia Vallino, miembros de Abogados del Noroeste por los Derechos Humanos (Andhes), la familia Ferreira pidió la detención con prisión preventiva para ambos agentes ya procesados por “homicidio culposo”. La fiscal Adriana Gianonni elevó sus pedidos y los cuatro que los abogados presentaron en ese sentido. Todos fueron rechazados, primero al juez subrogante Víctor Manuel Rougés y más tarde al titular del caso, Facundo Maggio, otrora abogado de acusados por delitos de lesa humanidad durante la dictadura.

Durante la exhaustiva investigación de Giannoni, los policías siempre estuvieron en funciones y en libertad. Hasta que una noche de septiembre, uno de ellos, Montes de Oca, fue sorprendido en su moto robándole la cartera a una mujer. Por ese delito sí fue detenido instantáneamente, es decir que por un robo ocurrió lo que no había ocurrido por una muerte. Recién entonces se dio vía libre al pedido de preventiva por el crimen de Facundo, y semanas después fue pasado a disponibilidad. Sin embargo, su compañero Mauro Díaz Cáceres, autor del disparo que hace un año mató al niño de 12 años, sigue libre, en funciones dentro de la fuerza y, por lo tanto, porta un arma.

La familia de Facundo pasó mil y una noches de persecución y hostigamiento. El primero lo sufrió Romina, la madre del niño, cuando un policía que la cruzó en la calle le dijo que sus otros hijos correrían la misma suerte que Facundo. Luego, familiares de uno de los policías imputados le mandaron mensajes por Facebook advirtiéndole que cese con sus reclamos de justicia. Estos y varios más fueron denunciados ante Giannoni.

La gravedad quedó demostrada cuando, en junio, un agente de la Policía tucumana se presentó espontáneamente a la Justicia y denunció pormenorizadamente cómo un integrante del Comando Radioléctrico le había ofrecido un arma para amenazar y amedrentar a los tiros a la familia Ferreira. A cambio, su expediente quedaría “limpio” de una causa por la que se lo investigaba. El complot nunca fue concretado. Sin embargo, dos semanas después, la Policía hizo un procedimiento sin causa en el barrio La Bombilla y dispararon contra el frente de la casa donde Facundo vivía con su abuela. La saña fue tal que mataron al perro del niño.

Por esa saña del fusilamiento, por la gravedad institucional, por la ilegalidad de los argumentos que defendieron el asesinato y por su violación a los derechos del niño, el crimen de Facundo llegó hasta las Naciones Unidas (ONU). En mayo, durante una audiencia en Ginebra, el Comité sobre los Derechos del Niño expresó su “preocupación por la situación de la violencia policial contra niñas, niños y adolescentes” en la Argentina. El de Facundo fue un caso testigo de ello.

La reacción del gobierno nacional frente a este reclamo internacional fue nula. Nunca se retractó de haber abonado la hipótesis de que el niño había disparado contra la policía sino que, por el contrario, siguió abonando la Doctrina Chocobar, de tirar primero y preguntarle después al cadáver.

El asesinato de Facundo “es un típico caso de gatillo fácil producido en el marco de la Doctrina Chocobar”, definió en diálogo con Página/12 Guagnini, quien además consideró que el rol del gobierno tucumano en ese caso “dejó mucho que desear”. “Desde el momento inicial hubo un discurso que avaló el accionar policial. Incluso se les puso a los imputados un abogado de la misma Policía”, lamentó.

Al cabo de un año, el gobierno tucumano fue tomando cada vez más distancia de ese hecho. Las veces que hablaron los funcionarios fue para justificar a las fuerzas de seguridad, hasta que los peritajes determinaron que Facundo no había disparado ni portado un arma. Fue entonces que el ministro de Seguridad local, Claudio Maley, se reunió con la familia del niño para decirles que se quedaran tranquilos y prometerles que aplicaría todo el peso de la ley con los agentes.

Nada de eso pasó porque el caso Ferreira fue fruto de una política de seguridad que en el “jardín de la República” dejó que siempre florezcan los chocobares. De hecho, tres semanas antes del fusilamiento, la Policía había matado a Alexis Noguera de un balazo de coma en la cabeza y a Víctor Robles (17) de un disparo de plomo.

A pesar de la dimensión nacional en internacional que cobró el asesinato de Facundo, la política de seguridad de la provincia provida de Tucumán “no cambió nada”, lamentó Guagnini. Paralelamente, la causa judicial está estancada. “Desde que uno de los imputados estuvo preso no hubo avances y la causa sigue sin elevarse a juicio oral pese a que hay holgada prueba producida como para que se tome esa medida”, subrayó el abogado de Andhes.

Las pruebas no solo dan de lleno contra los policías sino también sobre la política de seguridad provincial, pero aún así la fiscal Gianonni -hace poco denunciada por obstaculizar la interrupción legal del embarazo de una niña de 11 años en Tucumán- no planteó al juez el cierre de la etapa de instrucción.

Por ello, la familia Ferreira, junto con amigos, vecinos y organizaciones políticas de diversos sectores, marcharon esta mañana desde el barrio La Bombilla hasta los tribunales provinciales en San Miguel de Tucumán con una sola demanda: el juicio oral contra los policías para que de una vez por todas haya “justicia por Facundo”.