Cecilia Ousset y José Gijena, los médicos que realizaron la microcesárea a la niña tucumana de 11 años violada por la pareja de su abuela y forzada a ser madre por el gobierno provincial, publicaron en sus redes sociales una carta en la que aseguraron que siguen atendiendo a sus pacientes con normalidad a pesar de la denuncia que impulsó en su contra un grupo de médicos y abogados antiderechos que, tras el fallecimiento de la bebé de Lucía, los acusaron de “homicidio calificado”.

“Para empezar queremos decirles que estamos muy bien nosotros y nuestros hijos. Ellos están felices en su nuevo colegio. Seguimos atendiendo en consultorio y en quirófano normalmente y como siempre”, aclararon Ousset y Gijena en una carta escrita a mano que publicaron en las redes sociales.

En el mensaje, los médicos agradecieron el apoyo de la comunidad y se mostraron confiados “en que la persecución judicial pase lo antes posible” ya que su intervención en el caso de Lucía fue “a pedido de las autoridades del gobierno” y está contemplada en “las normas legales vigentes en Argentina”. 

Lucía, de 11 años, quedó embarazada tras una violación. La niña, con el consentimiento de su madre, había solicitado en más de una oportunidad que le sacaran “lo que el viejo me puso en la panza”. Tal como lo establece el artículo 86 del Código Penal y el fallo F.A.L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el pedido de Lucía y de su madre para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) era un derecho que debía ser garantizado de inmediato. Sin embargo, el sistema de salud tucumano tardó 5 semanas en actuar y el gobierno provincial impuso una serie de barreras médico burocráticas y jurídicas diseñadas para dilatar y promover el avance gestacional de la niña con el objetivo de llegar a la cesárea y forzar el nacimiento del bebé. 

“En cuanto conocimos la realidad de Lucía pusimos fin a su tortura. ¿Cuántas semanas hay que esperar para frenar un tormento? Para nosotros ni un solo día”, opinaron los profesionales, quienes fueron convocados por las autoridades provinciales para realizar la microcesárea luego de la declaración de objeción de conciencia de todo el personal. 

“No podemos negar la sorpresa y la conmoción ante la realidad de las niñas y adolescentes violadas y torturadas en nuestra provincia. Queremos que piensen solo en ellas y pongan su esfuerzo en frenar esa práctica perversa. No se preocupen tanto por nosotros, que estamos bien representados por los abogados de Andhes y Cladem”, escribieron Ousset y Gijena.

“La vida sigue pero todos somos responsables de terminar con la naturalización de las violaciones y los embarazos forzados (especialmente en niñas). Tucumán debe ser una provincia decente con infancias felices. Ese es el objetivo”, agregaron. Los profesionales también aclararon que seguirán “en la lucha con firmeza y sobre todo tranquilidad” por “nuestras hijas y posibles nietas, por sus hijas y nietas”, gracias a las cuales “aprendemos más sobre los derechos de las mujeres”. 

En las redes sociales, la carta provocó mensajes de gratitud: “Gracias por el coraje inclaudicable”; “No nos conocemos Cecilia y flia pero desde Córdoba y como mamá de una nena, los felicito y agradezco la forma de actuar y condeno a quienes los denunciaron! A seguir adelante, hicieron lo que debían hacer, salvar a esa criatura!”; “Estimada estoy a disposición si necesita asesoramiento y apoyo internacional. Desde la distancia observo que su caso es un acto de violencia política. Lo mismo que hoy está ocurriendo en mí provincia de la Rioja”; “Así se habla, ayudándonos entre todos a poner el foco donde se debe, en evitar más horrores, violaciones y abusos. Lo mismo saber que ustedes y su familia están bien es una tranquilidad. Gracias por enfocar las fuerzas!”, fueron algunos de los comentarios que cientos de usuarios dejaron en la cuenta de Cecilia Ousset, con el hashtag #estamosconustedes.

La “persecución judicial” a la que hacen referencia Ousset y Gijena quedó evidenciada con la denuncia presentada por María Teresa Mockevich, Luciana Colombres, Viviana Matar, Jorge Ramacciotti, Constanza del Carril, Raúl Lezana, Angela Vittini y Ricardo Miguel Auad tras la muerte del bebé de Lucía. Los antiderechos que los acusaron de “homicidio agravado”, un delito que contempla una condena que puede llegar hasta la prisión perpetua, se basaron en la supuesta “tortura” que sufrió la beba que falleció y hasta llegaron a desestimar el Código Penal y el fallo F.A.L., normas que desde hace años permiten a las niñas abusadas acceder a la interrupción legal de su embarazo.

“Hemos recusado a la fiscal (Adriana Giannoni) que está interviniendo en la denuncia contra los médicos porque es la misma que ha sido denunciada por coacción a los médicos del hospital en forma previa a que se realice el procedimiento (cesárea). Una fiscal que está siendo investigada por los mismos hechos vinculados a la denuncia en contra de los médicos no debería intervenir en esta nueva causa”, explicó a PáginaI12 Emilio Guagnini, abogado de Andhes que junto a Pablo Gargiulo asiste a Ousset y Gijena. Según explicó el letrado, Giannoni ya dictó secreto de sumario –es decir, aceptó su intervención en la causa– y solicitó medidas dando inicio a la investigación.

Informe: Azul Tejada.