Intendentes del PJ contra el tarifazo bonaerense
Los desprotegidos de María Eugenia
La acción de amparo contra los tarifazos habilitados por la gobernadora Vidal fue presentada por intendentes peronistas y el Cepis.
Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, junto a Mariano Lovelis (Cepis) y otros denunciantes.Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, junto a Mariano Lovelis (Cepis) y otros denunciantes.Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, junto a Mariano Lovelis (Cepis) y otros denunciantes.Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, junto a Mariano Lovelis (Cepis) y otros denunciantes.Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, junto a Mariano Lovelis (Cepis) y otros denunciantes.
Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, junto a Mariano Lovelis (Cepis) y otros denunciantes. 
Imagen: Bernardino Avila

El peronismo bonaerense presentó una medida judicial para frenar la nueva serie de tarifazos en el servicio eléctrico de parte del gobierno de María Eugenia Vidal. La acción colectiva es encabezada por Fernando Gray,  presidente del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires e intendente del partido de Esteban Echeverría. También está acompañada por otros jefes distritales peronistas y por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). El eje de la presentación es el aumento “desproporcionado” en las boletas del servicio eléctrico y la compensación que dispuso la provincia a las empresas distribuidoras por la pérdida de rentabilidad asociada a la devaluación del año pasado. El Cepis ya presentó pedidos de cautelares en materia tarifaria y en 2016 logró un fallo a favor de la Corte que frenó el tarifazo del gas.

 “Esta firma que estamos lanzando la vamos a replicar en distintas secciones para que tome mayor impronta y de esta forma hagamos valer la voz de los más desprotegidos. Vamos a iniciar las acciones legales correspondientes, instancias administrativas y judiciales para defender a los vecinos de este robo desproporcionado”, señaló Fernando Gray. Lo secundaron en la firma de la medida colectiva los intendentes Osvaldo Caffaro (Zárate), Aníbal Regueiro (Presidente Perón), Hernán Izurieta  (Punta Indio) y Santiago Maggioti (Navarro), entre otros.

 Con la acción colectiva buscan impugnar las resoluciones 1/2019 y 39 del Oceba y 186 del Ministerio de Infraestructura. La resolución 1 aprobó los aumentos tarifarios de este año para las distribuidoras Edelap (La Plata y alrededores), Edea (zona atlántica), Eden (zona norte) y Edes (zona sur). A través de la resolución 39/2019, de febrero, el Gobierno bonaerense habilitó a las empresas de electricidad a trasladar a los usuarios las diferencias por la devaluación de 2018 a través de la inclusión en las facturas del concepto “Incremento de Costos Tarifarios (ICT)”.

 Desde el Cepis plantean que la Provincia “autorizó subas de hasta el 5700 por ciento en Edelap y de un 2600 por ciento en promedio para el conjunto de las empresas distribuidoras de energía desde diciembre de 2015”. “Esto implica que una familia tipo que consume hasta 300 KWh en la ciudad de La Plata haya pasado de una factura de 46 pesos en diciembre de 2015 a 2696 pesos en febrero de 2019. En cambio, en el mismo período el ingreso promedio ciudadano de la provincia sólo tuvo como incremento un 112 por ciento; el haber jubilatorio, un 116 por ciento; el Salario Mínimo Vital y Móvil, un 102 por ciento; la Asignación Universal por Hijo, un 117 por ciento y el salario docente, un 110 por ciento”, agregan.

 La entidad de consumidores Adduc también participó de la acción colectiva. Su titular, Osvaldo Bassano, explicó a este diario que “la provincia de Buenos Aires cometió graves irregularidades en los aumentos de energía eléctrica. No sólo el aumento es desproporcionado en sí sino que está previsto el resarcimiento a las empresas por la devaluación, lo cual puede llegar a significar aumentos del 60 por ciento en el cargo variable. No hay razón por la cual el riesgo empresario debe trasladarse al consumidor, a los trabajadores y jubilados. Lo que estamos haciendo es una intervención judicial para regularizar un derecho que está siendo agredido. Esperemos que los jueces se dignen a fallar del lado del consumidor”.

 En tanto, Mariano Lovelli, titular del Cepis, planteó que “estas cuestiones son ilegítimas, son ilegales e inconstitucionales. Van en contra de lo que estableció la propia Corte Suprema de justicia de la Nación en el fallo Cepis de 2016. Ese caso, si bien dirigido a las tasas de gas, dio premisas generales de lo que debe ser una tarifa de un servicio público, tanto para el gobierno Nacional como Provincial”. En 2016, el Cepis logró un fallo favorable de la Corte Suprema que obligó al Gobierno a retrotraer el aumento del gas por no haber celebrado audiencia pública previa.

Audiovisual
Audiovisual
Suplementos
Suplementos
Tu navegador tiene deshabilitado el uso de Cookies. Algunas funcionalidades de Página/12 necesitan que lo habilites para funcionar. Si no sabés como hacerlo hacé CLICK AQUÍ