La mayor parte de los ingresantes de la fallida resolución de fiscal Jorge Baclini tenían menos de un mes desde su ingreso al servicio público mientras 43 eran afiliados a partidos políticos a cargo del gobierno provincial, otros 7 son funcionarios políticos, otros 13 parientes cercanos de funcionarios de gobierno, y otro número importante poseen conocida amistad o llegada a funcionarios políticos del gobierno provincial. "Todos ellos, deberían estar de acuerdo a la ley que los comprende, inhibidos de ocupar esos puestos, o bien éticamente no deberían ocuparlos" dijo ayer el diputado provincial Héctor Cavallero, cuyo equipo de investigación analizó el currículum de los 195 aspirantes designados por Baclini, que tras el clamor sindical debió derogar. "Estas cosas ponen en juego la transparencia", agregó.

La historia dice que el 7 de febrero el Fiscal General  dictó la Resolución 23 por la cual dispone el traspaso al MPA de 195 personas, que se venían desempeñando en distintos ministerios del Poder Ejecutivo provincial (Seguridad, Justicia y Derechos humanos, Desarrollo Social y Salud), al Órgano de Investigaciones creado por la Ley 13.459, que fue sancionada a fines del 2014 y promulgada en enero del 2015, cuando era gobernador Antonio Bonfatti.

El límite para incorporar el personal básico por medio de selección sin concurso, para funcionar el MPA según esa ley 13459, era de cuatro años desde la puesta en marcha de dicho organismo, plazo que justamente se vencía a principios de enero de 2019, por lo que los nombramientos posteriores a esa fecha sólo podían ser efectuados tras el debido proceso de llamado a concurso público con un adecuado plazo de convocatoria como lo dictan todas las normas que regulan el ingreso de agentes a cargos en la provincia, entre las cuales también dicha ley 13.459 lo establece.

Pese a ello, en esta Resolución de febrero, se efectuaron nada menos que 195 nombramientos,  luego de la fecha límite para determinar el traspaso de personal de planta de otras reparticiones que admitía esa Resolución. Cabe destcar que estos debían tener no solo antecedentes adecuados al cargo a ocupar (en muchos casos los ingresantes solo poseen como antecedentes haber trabajado en pasantías), sino revistar en planta al menos desde que la misma se había puesto en marcha, puesto que se suponía que provenían de una selección realizada a lo largo de un tiempo prudencial, y que esa decisión se tomaba tras cuatro años de vigencia de la ley que así lo establecía.

Pese a ello, la mayor parte de los ingresantes, en algunos casos tenían menos de un mes desde su ingreso al servicio público y otros debían estar inhibidos para acceder al cargo ya que se hallaban afiliados a los partidos políticos a cargo del gobierno provincial (nada menos que 43 de ellos), otros 7 son actualmente funcionarios en cargos políticos (algo también taxativamente prohibido por la legislación sobre el caso), 13 agentes son parientes cercanos de funcionarios de gobierno, y otro número importante poseen conocida amistad o llegada a funcionarios políticos del gobierno provincial. Todos ellos, deberían estar de acuerdo a la ley que los comprende, inhibidos de ocupar esos puestos, o bien éticamente no deberían ocuparlos.

"A esto se debe sumar los militantes que no se hallan afiliados formalmente, pero que su actuación política es públicamente conocida y que también integran la lista de nombramientos en un porcentaje cercano al  40 %, e incluso algunos de los involucrados son actualmente pre candidatos a cargos electivos en las próximas elecciones provinciales y municipales" destaca Cavallero ante este diario, al tiempo que aclaraba que este no es un trabajo de inteligencia sino de "simple chequeo de datos públicos".

Otro dato revelador que expone el legislador es que "un importante número de ingresantes fueron admitidos formalmente como agentes policiales entre diciembre pasado y enero de este año, por lo que su experiencia laboral no sobrepasa los dos meses o menos en algunos casos". También hay que agregar que "muchos de ellos ingresaron a fines del pasado año a las funciones con el puntaje mínimo de admisión y en no pocos casos se habían presentado previamente a concursos por ejemplo, para administrativos del Poder Judicial u otros cargos públicos, y habían sido rechazados por no superar los exámenes evaluatorios correspondientes. Y aún más, se desconoce en qué lugar están actualmente prestando servicio, si es que han sido incorporados a la fuerza de seguridad" destaca Cavallero.

En esa línea el diputado del Partido del Progreso Social remarca que "este último caso, demuestra por otra parte, que la fundamentación de la Resolución en cuestión, es incongruente con la realidad, ya que avala su incorporación, expresando que tal hecho es fruto de un proceso de selección que llevó un tiempo prolongado al gobierno, como así también la discutible experiencia de algunos ingresantes que justifique su incorporación sin pasar por un concurso público que los elija tal como legalmente debería hacerse".