Allanan Catastro porteño por el derrumbe en San Cristóbal
En busca de pruebas por la tragedia

Por el derrumbe de la vivienda lindera a una obra en construcción en el barrio de San Cristóbal, en el que murió un hombre de 32 años, la justicia secuestró documentación de la empresa constructora, el estudio de arquitectura y la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno porteño. La obra, colindante al inmueble donde funcionaba un supermercado chino en la planta baja, tenía denuncias de la Unión Obrera de la Construcción (Uocra), y de la Agencia Gubernamental de Control, que inspeccionó la obra el 25 de marzo pasado, y la intimó a realizar tareas de apuntalamiento de medianeras para mejorar la submuración. Sin embargo, un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires señala que la agencia encargada del control, creada durante la administración de Mauricio Macri, “poco ha hecho por mejorar la seguridad de los porteños”. Según el director de la ONG, Javier Miglino, en la era PRO en la ciudad hubo al menos 26 derrumbes mortales “con al menos 32 muertos, 220 heridos y daños por valor de 500 millones de pesos”.

Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 9, a cargo de la causa, para secuestrar documentación vinculada con la obra adyacente a la edificación ubicada en la Avenida Pavón 3094, entre cuyos escombros murió Adrián Continello, un sonidista de la Televisión Pública. 

Los documentos que analizará la justicia corresponden a la empresa constructora Lybster S.A., con domicilio en Conde al 2000 de la Ciudad; al estudio de arquitectura, con sede en el partido bonaerense de San Isidro; y a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro del Gobierno porteño.

La causa se encuentra caratulada como “homicidio culposo” y, por el momento, tiene como único imputado al arquitecto encargado del proyecto y de la dirección de la obra de la avenida Pavón al 3000, Eduardo Agustín Aguaviva. De acuerdo a esas mismas fuentes, en el marco de las primeras medidas adoptadas en el expediente, se evalúa si se mantiene la calificación o si se lo recaratula como “estrago culposo seguido de muerte”, en cuyo caso el expediente podría recalar en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas.

“Este no es un hecho aislado sino la consecuencia de una política de controles ligeros a nulos en las más de 12.000 obras en construcción”, sostuvo en su informe el Director de Defendamos Buenos Aires.

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