Corría 1972 y, pese a los diversos acuerdos que gobiernos radicales por un lado y de la derecha (militar) por el otro habían efectuado con el FMI, la tasa de inflación había llegado al 80 por ciento anual. Un año más tarde, bajo el gobierno peronista y ya sin la asistencia del FMI, la inflación era del 17 por ciento. No habían sido “cirugías monetaristas o reaccionarias” las instrumentadas, diría poco antes de dimitir el ministro de Economía que había logrado estos resultados, José Ber Gelbard, sino la implementación política de un acuerdo corporativo que, a instancias del propio Perón, habían suscripto el 30 de mayo de 1973 los trabajadores y empresarios.
Julio Broner, titular de la CGE que agrupaba a las Pymes nacionales y el de la CGT, José Ignacio Rucci, rubricaron el “Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, Liberación Nacional y Justicia Social”, conocido luego como “Pacto Social”. En éste se afirmaba que “en los últimos 18 años el país ha asistido a un proceso de injusta distribución del ingreso, por la cual los trabajadores asalariados que alcanzaron una participación de más del 50 por ciento del ingreso nacional durante el gobierno del Gral. Perón, hoy lo hacen en solo el 36,1 por ciento”. Incorporaba además una fuerte crítica a la presencia dominante del capital extranjero, el cual, señalaba, “tenía como consecuencia la oligopolización y monopolización de la economía”.
Fue sin dudas el antecedente más exitoso en el control de la inflación, pues si bien la convertibilidad en los noventa permitió lograr cifras más bajos y por mayor tiempo, el mismo se hizo bajo el clásico esquema del tipo de cambio fijo. Además con la impronta neoliberal de atacar fuertemente el resto de índices macro y socioeconómicos, fundamentalmente empleo y nivel salarial, así como el aumento exponencial del endeudamiento.
En cambio, el acuerdo de 1973 permitió que, por lo menos durante la gestión Gelbard –finalizada en octubre de 1974–, no solo se redujese la inflación, que descendió del 80 al 27 por ciento anual (con el piso del 17 a fines de 1973), sino que la participación de los trabajadores en el PIB creciera del 33 al 42 por ciento, el desempleo cayera del 6,6 por ciento al 4,0 por ciento, el salario real aumentara un 19 por ciento, el déficit fiscal se redujera del 5,6 al 4,8 por ciento, y el PIB aumentara más de 10 puntos.
En palabras del propio Gelbard, el Pacto tenía la legitimidad de contar con el apoyo de las grandes mayorías, pues se basaba en el Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional de mayo de 1973, que había sido diseñado por los trabajadores a través de la CGT y por la entidad que agrupaba al 90 por ciento de los empresarios (la CGE), para una vez oficializado, sumar el apoyo de la UIA y la Sociedad Rural.
La clave para este respaldo era el liderazgo de Perón, quien tras 18 años regresaba al país y era visto por todos los argentinos como el único líder legítimo, debido a que durante sus dos presidencias había logrado beneficiar por igual a trabajadores y empresarios nacionales, a diferencia de los gobiernos radicales y de derecha (en ese caso militar), quienes habían generado disminuciones tanto en los salarios (se redujeron del 48 por ciento del PIB en 1955 al 35 para 1973) y en la rentabilidades de los pequeños y medianos empresarios, beneficiando solo al sector agroexportador, financiero y multinacional.
Puntualmente, el Pacto Social tenía como primera medida un aumento general de una suma fija de 200 pesos, que daba como promedio un alza del 13 por ciento en los salarios medios y hasta un 20 por ciento en el caso de los mínimos, así como un incremento del 40 por ciento en las asignaciones familiares y de un 28 por ciento en las jubilaciones mínimas. Tras estos aumentos, serían congelados los salarios, beneficios sociales, precios al consumidor de cerca de 600 empresas oligopólicas, y tarifas de servicios públicos durante dos años, además de suspenderse las paritarias y efectuarse una reducción en la tasa de interés para fortalecer la producción.
Existen diversas interpretaciones sobre las razones por las que el Pacto Social no pudo sostener sus logros en el tiempo. Lo que hoy sería descripto como “tormentas” externas, como la crisis mundial del petróleo derivada de la decisión de la OPEP de incrementar unilateralmente el valor del crudo, o su derivación en el hecho de que el Mercado Común Europeo implementó un “cepo” para cuidar sus divisas y restringió la compra de hacienda a nuestro país. Todo ello generó diversas inconsistencias macroeconómicas, como el encarecimiento de las importaciones o la apreciación de la moneda nacional para evitar una devaluación, lo que se trasladó también en remarcaciones o ausencia de stock en las góndolas, en abierta violación al Pacto, con las consiguientes demandas de la CGT en marzo de 1974 por actualizar los salarios antes de lo previsto. Pero lo cierto fue que el fallecimiento de Perón el 1º de julio de 1974 derrumbó toda la arquitectura, pues antes que económico, el Pacto Social era un programa político garantizado por el único líder argentino con legitimidad, pero que contaba con 78 años.
Lo que quedó fue solo el esqueleto, que Antonio Cafiero intentó resucitar, pero bajo un liderazgo opuesto al de Perón, el de Isabel Martínez. Resulta imposible aventurar que hubiera sucedido si, el liderazgo de Perón, se hubiera mantenido durante toda la vigencia del Pacto.
@JBlejmar
