En la Legislatura porteña comenzó el tratamiento de varias designaciones de jueces en la Ciudad de Buenos Aires, entre ellas las de Santiago Otamendi y Marcela de Langhe, para ocupar los cargos vacantes en el Tribunal Superior de Justicia. Los nombramientos fueron propuestos por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a priori, el cuestionamiento –en el ambiente político–, seguramente va a recaer sobre De Langhe, quien en la actualidad ocupa dos cargos en forma simultánea, uno en la Justicia local y otro político, algo incompatible, según las normas vigentes. En efecto, la doctora De Langhe se desempeña, al mismo tiempo, como integrante de la Sala II de la Cámara de Apelaciones del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas, y como directora de Formación Académica en el Instituto Superior de Seguridad Pública de la Ciudad de Buenos Aires, donde se forman los integrantes de la Policía de la Ciudad.

A De Langhe se la menciona como muy cercana a Guillermo Montenegro, actual diputado nacional y ex ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, quien la llevó en 2010 al Instituto Superior de Seguridad. La doble función que cumple hoy De Langhe lesiona las normas establecidas en la Ley de Etica Pública, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad, y en el reglamento del Consejo de la Magistratura. 

Una de las disposiciones vigentes en el reglamento del Consejo de la Legislatura señala que los integrantes del Poder Judicial no podrán “desempeñar cualquier otro cargo, empleo o ejercicio profesional remunerado público (nacional, provincial, municipal o de la Ciudad)”. Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad, señala que “es incompatible la magistratura con la actividad política partidaria, el ejercicio del comercio, la realización de cualquier actividad profesional, salvo cuando se trate de la defensa de los intereses personales, del cónyuge o conviviente, de los padres y de los hijos/as, y el desempeño de empleos públicos o privados, excepto la comisión de estudios de carácter honorario”. 

En las páginas oficiales del Gobierno de la Ciudad, se puede constatar que la doctora De Langhe percibe un sueldo básico de 123.117,40 pesos, más suplementos por “responsabilidad profesional” (61.558.70) y por “anticipo de servicios” (19.698,78) y un adicional fijo de 5.918,19 pesos, lo que hace un total de 210.293,07 pesos.

La postulación de De Langhe fue confirmada esta semana oficialmente a los propios diputados del macrismo. En la oposición no se descartó la posibilidad de que se solicite un pedido de informe acerca de la situación de la postulada De Langhe, precisamente por la incompatibilidad flagrante en la que se encuentra. PáginaI12 intentó comunicarse con ella, en los dos lugares donde ejerce funciones, pero hasta ahora fue imposible ubicarla. 

El artículo 111 de la Constitución establece que la designación de los cinco magistrados del Tribunal Superior de Justicia debe contar con acuerdo de los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, en sesión pública especial convocada al efecto.

En el Instituto de Seguridad Pública es donde se entrena y se forma la Policía de la Ciudad. Al proponer a De Langhe como una de las dos candidatas a ocupar las vacantes en el Superior Tribunal de Justicia, es obvio que por el perfil elegido como canditados, al jefe de Gobierno porteño le va a costar decir que se garantiza la independencia del cuerpo. De todos modos, la mayoría automática en la Legislatura es capaz de producir cualquier milagro. En otros tiempos, la postulación de adherentes al PRO en la Corte Suprema porteña habría provocado un escándalo. 

De Langhe, de 53 años, es abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UBA y Especialista en Derecho Penal por la Universidad de El Salvador. Se desempeñó como secretaria del Juzgado Nacional en lo Penal Económico 8 y  en el Juzgado de Garantías 3 de San Isidro, entre otros cargos en el Poder Judicial. En la página oficial del Instituto Superior de Seguridad Pública, De Langhe dice estar “orgullosa” por su designación y asegura, dirigiéndose al personal que se forma allí: “Asumimos con seriedad y responsabilidad el compromiso de formarte, capacitarte y desarrollar al máximo tus potencialidades en lo técnico, como así también transmitirte nuestros valores, para que puedas desempeñarte profesionalmente con Integridad y cumplir tus objetivos”.

“Estamos atentos a los cambios que se producen en el mundo y a las transformaciones sociales y culturales que tienen impacto en las carreras que ofrecemos. Por eso contamos con un cuerpo de profesores de excelencia, que son protagonistas, líderes en sus disciplinas y capaces de trabajar sobre esa realidad heterogénea con posturas humanistas y democráticas, que ponen el acento en la Solidaridad, es decir, en los intereses comunes y los lazos sociales que unen a los miembros de nuestra sociedad”.

Según la funcionaria, la institución policial que desde su creación ha recibido denuncias por violencia institucional, le brinda a sus integrantes “conocimientos y la experiencia indispensables para que puedas desempeñarte con objetividad, responsabilidad, fuerte compromiso ético y respeto a la comunidad”.