El Gobierno habilitó el uso de pistolas Taser a las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial, mediante una resolución que las presenta como “un medio intermedio” para el uso de la fuerza. Entre otros argumentos, asegura que dará a los uniformados “una opción” a las armas de fuego. Con la publicación del texto, difundido como un reglamento para el empleo de armas electrónicas no letales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, instruyó a las autoridades de la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y Gendarmería “a que procedan a la inmediata implementación de cursos de capacitación” para su uso. Por si hacía alguna falta aclarar el principal uso que les será destinado, el viceministro de Seguridad, Gerardo Milman, declaró que “no son armas para largas distancias”, sino para ser utilizadas “donde hay mucha acumulación de ciudadanos”.
La decisión de armar a las fuerzas de seguridad con estas pistolas es un ansiado proyecto de la administración de Cambiemos que viene recibiendo múltiples objeciones de los organismos de derechos humanos. La principal es que su alegada condición de “arma menos letal” llevará a su uso indiscriminado por parte de las fuerzas policiales, ampliando las situaciones en que la policía puede disparar. En este sentido, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que “el uso de las Taser requiere de dispositivos de salud y de seguimiento y control que hoy ninguna de las policías del país tiene”.
Cambiemos anunció hace cinco meses la compra de unas 300 pistolas. Entre los argumentos para su habilitación, la resolución sostiene que “los resultados obtenidos en los estudios médicos y técnicos realizados en prestigiosas universidades, como los efectuados por las universidades de California (UCSD) y Winston-Salem de los Estados Unidos, y por el Instituto de Medicina Legal de Málaga, España, concluyen que el empleo de las armas electrónicas no tiene efectos letales sobre las personas”.
Al mismo tiempo, se previene de amparos judiciales citando un fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires que sostuvo la legalidad de su empleo.
Los rechazos
Contra la habilitación de las Taser hay una causa en curso en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El argumento principal del reclamo, que fue presentado por Carlos Pisoni, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación e integrante de Hijos, es que son un elemento de tortura. “Como lo dice el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas 2007 en una resolución de noviembre de 2007, el uso de las armas Taser constituye una forma de tortura. Esto es así por el dolor intenso que provocan”, indicó Pisoni a PáginaI12.
“También se ha demostrado que la dicotomía entre armas letales y no letales es falsa. Está comprobado que estas pistolas causan muertes, principalmente porque provocan una modificación en el ritmo cardíaco: cuando el que recibe la descarga es una persona que está bajo efecto de drogas o toma una medicación, este efecto es peor. Lo mismo con embarazadas. Muchas de las muertes se producen por golpes en la cabeza al caer. Todos estos son elementos a tener en cuenta, porque un policía no pregunta antes de disparar quién tiene un marcapasos”, agregó el integrante de Hijos.
CIDH
La demanda ante la CIDH contra el Estado argentino es por la violación de su deber de prevenir la tortura. Presentada en 2016, la Comisión ya concluyó su estudio inicial y ahora debe notificar a la Argentina. El caso que le dio origen fue un amparo presentado por Pisoni en 2010, que obtuvo respuesta favorable en primera y en segunda instancia, pero fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires (ese fallo es el que cita la resolución de Patricia Bullrich). Tras ser rechazada también por la Corte Suprema, la presentación llegó finalmente a la CIDH con el apoyo de diversas instituciones y de los organismos de derechos humanos.
Además de Hijos, se expresaron en contra del uso de las Taser Amnistía Internacional, el CELS, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; la Asamblea por los Derechos Humanos; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos; Miguel Ángel Estrella, presidente de Fundación Música Esperanza y embajador de la Buena Voluntad Unesco, entre otras personalidades y organizaciones.
