Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional para Argentina, condenó la petición de los países del Prosur de limitar la competencia del Sistema Interamericano, suscripta por la Argentina, una decisión que calificó "100 por ciento política". Al ser consultada sobre la actual garantía de los derechos humanos en el país, Belsky fue categórica: "Nosotros advertimos que este es un gobierno con una mirada muy securitista de los derechos humanos: el enfoque está determinado por la seguridad".
—A raíz de las objeciones que hicieron Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay y Chile al Sistema de Derechos Humanos, ¿considera que el país tiene problemas en relación a los derechos que garantizan los convenios internacionales?
—Claramente la agenda de Derechos Humanos no es una agenda que el gobierno haya priorizado. Las políticas de derechos humanos, en su mayoría, están determinadas por el Ministerio de Seguridad. El rol de la Secretaría de Derechos Humanos ha sido muy marginal en estos años; no es un área que se haya pensado como transversal. En el debate del aborto, por ejemplo, podría haber tenido una participación importante y transversalizar cuestiones de género dentro del Estado, pero no lo hizo. Y nos preguntamos si no lo hizo para diferenciarse de la gestión anterior o simplemente porque tiene otra mirada. Nos preguntamos si responde a una estrategia política o si es un tema que no le preocupa, que no es prioritario, que no entienden. No entienden qué significan los derechos humanos, que afectan la vida de todos los ciudadanos de nuestro país.
—¿En qué casos la Secretaría de Derechos Humanos no actuó como debía?
—En casos muy relevantes, como los de Rafael Nahuel, Santiago Maldonado o Milagro Sala, que resolvió muy mal por no saber administrar ese tipo de situaciones, que los desbordan.
—En estos mismos casos, en cambio, sí tuvo un rol preponderante el Ministerio de Seguridad.
—Sí, pareciera ser que fue el organismo del Estado que más intervino en temas atinentes a la libertad de expresión, al derecho a circular libremente. Lo que interpretamos cuando un gobierno aplica políticas de derechos humanos desde un ministerio de Seguridad, es que la mirada de los derechos humanos está teñida la seguridad.
—¿Qué implica la carta enviada por los integrantes del Prosur?
—La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la OEA en general, se financian gracias al aporte de los Estados miembro, y la realidad es que el Sistema Interamericano fue creado para fortalecer una cultura de garantía y respeto a los derechos humanos, imitado por el sistema africano, europeo. Es el más avanzado de todos los sistemas regionales y ha sido imitado por otros países. El sistema contempla a aquellas personas que han sido víctimas de diferentes violaciones a los derechos humanos en sus propios países y no encuentran una respuesta adecuada, les da la posibilidad de reclamar justicia en otro ámbito. Lo que advertimos es que se quiere limitar la capacidad de actuación del sistema interamericano, invocando la autonomía de cada país.
—¿Argentina comparte con el resto de los países firmantes las objeciones al sistema Interamericano de Derechos Humanos? ¿Por qué suscribió el documento?
—Es una estrategia política 100 por ciento, quizá determinada por solidaridad con alguno de sus actuales socios regionales, que podría verse afectado por alguna decisión de la Comisión Interamericana. Todos los firmantes quieren poner "un límite”, y eso es fuerte. En el campo de los derechos humanos, Argentina tiene una Constitución súper progresista, que incorpora tratados internacionales y leyes de avanzada, como la Ley Migratoria, que este gobierno quiere modificar.
