En la ciudad de Buenos Aires hay un millón y medio de animales entre perros y gatos, de los cuales 500 mil están en situación de calle, por eso, las organizaciones de defensa de los derechos de los animales denuncian que el gobierno porteño no cumple con la ley que establece la construcción de un centro de atención veterinaria gratuita por comuna y tampoco implementa campañas de esterilización masiva de animales domésticos o callejeros.
“Tenemos superpoblación animal y esto implica que ya no tenemos capacidad de hogares. ¿Y por qué tenemos superpoblación? Porque no se castra”, sostiene Mary Antúnez, presidenta de la Fundación por los Derechos de los Animales No Humanos, una organización que trabaja para lograr políticas públicas en favor de los animales y cuyo padrino institucional es Raúl Zaffaroni. “En 2012 la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sancionó la ley 4351, que establece la creación de quince centros veterinarios, uno por cada comuna, además de centros móviles de atención veterinaria. La ley se reglamentó inmediatamente y se le adjudicó un presupuesto. Sin embargo, no se cumple”, le dijo a PáginaI12.
Según detalla la norma, el Departamento de Sanidad y Protección Animal tiene como objetivo el control demográfico animal –a través de campañas de esterilización quirúrgica masivas, gratuitas, sistemáticas y extendidas– y el cuidado sanitario de los animales, garantizando la medicina veterinaria básica y gratuita. El departamento depende de la Agencia de Protección Ambiental del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, a cargo de Eduardo Macchiavelli, que en 2019 tiene destinado un presupuesto de más de 169 millones de pesos. Sin embargo, los activistas denuncian que el presupuesto del área es subejecutado año a año y que las campañas de esterilización que se realizan son insuficientes.
“Las castraciones se tienen que hacer de forma que causen un impacto poblacional. Es la única forma de beneficiar a la población en su conjunto, porque los animales se siguen reproduciendo en progresión geométrica”, explicó Antúnez. Se estima que una hembra canina y toda su descendencia sin castrar durante 7 años pueden procrear más de cinco mil cachorros. En el caso de una hembra felina, la cifra puede llegar a los 500 mil cachorros en el mismo tiempo. “Si no se cumplen las campañas de castración, ¿que progresión vamos a tener? La situación en la ciudad es alarmante”, agregó.
Además, en la Ciudad de Buenos Aires funciona el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, dependiente del Ministerio de Salud porteño, que tiene como objetivo “preservar el buen estado de salud de la población humana y animal de la ciudad”. Entre las funciones del instituto se destaca el control de la natalidad animal a través de las esterilizaciones. Así lo indica la ordenanza 41.831, de 1987, según la cual “el Instituto Pasteur promoverá la esterilización y realizará las que le fueran solicitadas”. Pero esto tampoco se cumple. “La Organización Mundial de la Salud indica que cualquier programa de salud, para ser efectivo, tiene que llegar a un 70 por ciento de la población. Hoy, el Pasteur está llegando a un 10 o 15 por ciento del universo total de perros y gatos en la ciudad. Entonces, estamos sobre un modelo insuficiente”, sostuvo Antúnez.
Sumado al déficit de las campañas de castración y vacunación, las organizaciones de activistas denuncian el mal estado del instituto y las malas condiciones en las que están los animales. “Básicamente, el problema es la cuestión edilicia. Los perros y gatos están encerrados en jaulas metálicas mínimas, sin luz natural, sin poder separarse de sus propias deposiciones y en donde la limpieza de las jaulas se realiza con los animales adentro, por ende el lugar queda permanentemente húmedo, los animales mojados y se enferman”, contó Romina Pessolani, quien forma parte del grupo Pasteur Sin Jaulas. A través de una petición en la plataforma Change.org, que ya tiene casi 140 mil firmas, la activista por los derechos de los animales impulsa un pedido al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para que se reestructure inmediatamente el edificio “para que los animales vivan en condiciones dignas y puedan ser rehabilitados y adoptados”.
Consultado sobre este tema, el legislador porteño Santiago Roberto aseguró que “la situación en el Instituto Luis Pasteur es de alerta y preocupación”. “Está abandonado por el Estado desde hace bastante tiempo. Las asociaciones de animales alertan que el Instituto atenta contra todas las leyes de bienestar animal. Gran parte de los perros y gatos que entran al Pasteur no son rehabilitados ni tienen la debida difusión para que consigan hogares de tránsito o sean adoptados. También hay problemas en lo que refiere a la alimentación que se les proporciona, que es de muy baja calidad. Por eso, la presencia del Estado es fundamental para proteger la vida y la salud de los animales. El incumplimiento de las leyes vigentes y el funcionamiento deficiente del Instituto agravan la situación en lo que respecta al control y, en consecuencia, a la prevención de enfermedades transmisibles a las personas”, manifestó el diputado, quien recientemente presentó “un pedido en la Legislatura para que el Gobierno de la Ciudad brinde información oficial sobre el estado de situación del Instituto y su funcionamiento”. “También pedimos que especifique el sistema de atención al público implementado, la cantidad de turnos otorgados para castraciones, la cantidad de animales que se encuentran allí alojados, la alimentación que se les da a los animales, el número de vacunas antirrábicas aplicadas y las castraciones realizadas, entre otras cuestiones”, agregó.
Al igual que Antúnez, Roberto señaló el incumpliento de la ley 4351 y lo vinculó con la falta de cumplimiento de la ley de comunas. “Si se respetara la ley de comunas y se les diera una participación activa en esta problemática, no caben dudas de que muchas comunas ya tendrían su centro de zoonosis”, aseguró. “En la ciudad de Buenos Aires, un 60 por ciento de los hogares tiene mascota. Son cientos de miles de animales en viviendas urbanas. Por eso es fundamental dotar al Instituto de todos los recursos necesarios para que pueda cumplir su función de brindar servicios vinculados con la salud pública y la prevención de las zoonosis. Responder bien a estas necesidades generaría una mejor calidad de vida para las familias y sus mascotas, y también atendería problemas de salud e higiene de toda la Ciudad”, señaló el diputado.
Para Antúnez, la falta de políticas públicas de salud veterinaria no tiene que ver con la falta de leyes acordes ni con una cuestión presupuestaria. “En la Ciudad de Buenos Aires tenemos el Instituto Pasteur, que no castra lo que debería castrar; tenemos la Constitución de la Ciudad, de 1996, que ordena protección de la fauna urbana, el respeto por su vida y el control ético de su reproducción; tenemos la ley 1338, que establece políticas para el control poblacional de perros y gatos y señala que la esterilización quirúrgica es política de Estado; y la ley 4.351, de 2012, que ordena la creación de estos quince centros veterinarios. Nada de esto se cumple. Entonces, no se trata de crear algo nuevo sino de cumplir con lo que ya existe”, analizó.
En ese sentido, denunció que “la salud pública animal hoy está controlada por la corporación veterinaria”. “Al regirse por intereses económicos, sumados a la indiferencia y la complicidad estatal, llegamos a la situación a la que estamos hoy”, manifestó la referente en la lucha por los derechos de los animales no humanos. “Si nosotros tuviéramos políticas serias, hoy estaríamos en estado de emergencia animal. Hoy no ocurren más cosas, por pura suerte, pero la situación es alarmante”, dijo.
Por último, Antúnez vinculó la problemática animal con la crisis socioeconómica actual. “Hay que tener una visión integral. Estamos viviendo sobre una realidad terrible, en la que cada vez hay más gente sin trabajo y sin salud, donde cada día tenemos más gente bajo la línea de pobreza, y los animales no escapan a esto. Y no solo no escapan sino que están en el último escalón. Son los primeros que se cayeron del sistema, y es entendible porque en este contexto, si una familia tiene que elegir entre que coma el nene o el perro, come el nene y está bien que sea así. Lo perverso es que se sabe lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, hay normas y presupuesto y, sin embargo, no se hace nada”, concluyó.
