Mentir y haber pretendido digitar la causa judicial por el asesinato de Rafael Nahuel Salvo no será gratis para Cambiemos. "Patricia Bullrich y Mauricio Macri tienen que pagar por lo que pasó con Rafita", dijeron los padres del joven mapuche, fusilado por la espalda el 23 de noviembre de 2017 por el prefecto Francisco Javier Pintos, durante la incursión del grupo Albatros en territorio recuperado por ese pueblo originario en Villa Mascardi.

La familia Nahuel Salvo celebró la prisión preventiva que la Cámara Federal de General Roca le dictó al cabo de la Prefectura que disparó contra los jóvenes mapuches  que habían regresado a la Lof Lafken Winkul Mapu tras la represión ocurrida dos días antes, y exigió que el Gobierno se haga cargo de su responsabilidad por el asesinato de su hijo. “Lo deberían meter preso de por vida, porque a nosotros no nos van a devolver la vida de Rafita, toda la familia sigue con el mismo dolor por no tener a Rafita, lo que más quiero es que los asesinos de los Albatros caigan, le tienen que dar perpetua, porque lo mataron a sangre fría”, dijo Graciela Salvo.

Página12 pudo saber que los abogados de derechos humanos que participaron en este caso preparan una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la resolución de los camaristas rionegrinos, quienes desnudaron el indebido rol que tuvo el Poder Judicial en defensa de los uniformados.

En tanto, Alejandro Nahuel, papá de Rafael, exigió que el intendente de Parques Nacionales hable con la familia. "Parques se lava las manos porque puso la denuncia en el juzgado federal”. Al mismo tiempo, denunció que tampoco fueron escuchados por el Poder Judicial de Bariloche y les tiraban teorías donde decían que el asesino de Rafael era un compañero de Pinto. “Pudimos hablamos con el juez, y se nos rió en la cara” afirmó Nahuel. 

Los jueces de la Cámara Federal de General Roca Mariano Lozano, Richar Gallego y Ricardo Barreiro, en base a los peritajes que demuestran que el proyectil que mató al joven mapuche salió del arma del prefecto, ordenaron su detención por “homicidio agravado” y no por “exceso en la legítima defensa”, tal como había puesto el juez de primera instancia Leonidas Moldes.

Los camaristas dictaron falta de mérito para los cuatro miembros de la patrulla que integró Pintos, pero al haber dictado el procesamiento con prisión preventiva de quien disparó confirmaron que el relato divulgado por Bullrich, su segundo en el ministerio, Pablo Noceti, y la Prefectura Naval acerca de la represión de aquel día ya es insostenible. Los jueces sostuvieron que la defensa de Pintos fue "guionada" desde el Ministerio de Seguridad, al igual que la producción de un peritaje ad hoc para demoler el que lo inculpaba.

"El Gobierno, Bullrich y Macri tienen que pagar lo que pasó con Rafita, ellos tienen que hacerse cargo que son responsables", reiteró su madre en una entrevista al canal Wallkintun TV - Canal Mapuche, de Bariloche, durante el cual estuvo acompañada por su marido.

A más de un año y medio del asesinato de Rafita, la familia y la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu del Mascardi continúan exigiendo justicia porque “no tenía ningun derecho de venir y quitarle la vida dándole un tiro por la espalda, no les importó nada”, lamentó Graciela.