El exobispo de Orán Gustavo Oscar Zanchetta, que había sido trasladado por el Papa al Vaticano, fue imputado por el delito de abuso sexual continuado agravado a dos seminaristas y la justicia resolvió además que el sacerdote no pueda salir del país y ordenó retener su pasaporte.

Acompañado por su defensor oficial, Zanchetta se presentó ante la fiscal penal Mónica Viazzi, interina en la Fiscalía Penal de Violencia Familiar y de Género de Orán, y se negó a declarar. Ahora, el exobispo no podrá regresar a Roma hasta que se defina su situación judicial.

A pedido de la fiscal, el juez de Garantías 2, Claudio Parisi, resolvió imputar a Zanchetta por el delito de abuso sexual continuado agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido a dos seminaristas cuando era obispo de Orán. Por los mismos delitos, el sacerdote también enfrenta una investigación canónica.

La justicia ordenó también que el próximo 12 de junio el exobispo sea sometido a un peritaje psicológico y le impuso la obligación de fijar domicilio dentro del país y concurrir a todas las citaciones, y abstenerse de “acercarse a las víctimas o a su grupo familiar”.

Por orden expreso del juez, el exobispo tiene “prohibición de ejercer cualquier tipo de agresión física o psicológica respecto de las víctimas”.

En diciembre de 2017, Zanchetta, que pertenece a la orden franciscana de los Frailes Menores Capuchinos, fue designado por el papa Francisco como consejero en la Administración del Patrimonio de la Santa Sede Apostólica APSA, denominada la “inmobiliaria” del Vaticano, ya que administra más de cinco mil propiedades en todo el mundo.

A fines de mayo, en una entrevista con Televisa de México, el papa Jorge Bergoglio había reconocido que fue su decisión llevarlo a la Santa Sede luego de haberle recomendado hacer un tratamiento psicológico. “Lo hice venir y le pedí la renuncia. Bien clarito. Lo mandé a España a hacer un test psiquiátrico”, había dicho el Papa.

Además de abuso sexual, la Iglesia investiga a Zanchetta por abuso de poder y mal manejo de los fondos del obispado a partir de la denuncia que hicieron en 2015 la Nunciatura otros tres sacerdotes. “Hemos tenido un obispo enfermo”, había dicho en un reportaje de El Tribuno el ex vicario general de Salta, Juan José Manzano.

La causa se inició de oficio, en enero último, tras una investigación de ese diario que derivó en la actuación de oficio de la fiscalía.