Esteban Lindor Alvarado fue imputado ayer como jefe de una asociación ilícita en un tiempo transcurrido desde agosto de 2018 hasta fines de abril de 2019. El objetivo de la banda era claro: generar ataques a edificios del Poder Judicial así como de empleados, para amedrentarlos, tratando de sembrar sospechas sobre sus enemigos, y cambiar también su complicada situación por el asesinato del prestamista Lucio Maldonado, hallado el 13 de noviembre de 2018 en la zona de Circunvalación y Oroño de Rosario con dos tiros en la nuca. La jueza María Carrara resolvió ayer dictar la prisión preventiva por el plazo de ley -hasta el inicio del juicio- a los miembros de la banda Alvarado, entre ellos cuatro policías, uno de ellos jefe de la Policía de Investigaciones junto a su hermano y dos oficiales que trabajaban en la Unidad de Gravedad Institucional, acusados de colaborar con esa organización criminal. Igual resolución se tomó con Nicolás Marcelo Ocampo, alias Fino, el único civil bajo arresto al que señalan como mano derecha del presunto capo narco. Anoche hubo nuevas detenciones de civiles.
La presentación del equipo de Gravedad Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA) se reanudó luego de que los seis implicados comparecieran el último viernes. Pasado el cuarto intermedio del fin de semana y otro receso a la tarde, voceros del organismo comunicaron que todos seguirán tras las rejas durante el plazo previsto por la ley.
Según explicaron ayer los fiscales Matías Edery y Luis Schappapietra, el comisario Martín Rey y su hermano David Marcelo -subcomisario- ayudaron a Alvarado desde su rol como jefes de la división operativa de la Policía de Investigaciones (PDI) para encubrir una serie de tres ataques a balazos registrados en diciembre, concretados al Palacio de Tribunales de Balcarce y Pellegrini, al Centro de Justicia Penal y a la vivienda de Rioja al 500 donde habita una investigadora de la Unidad.
Por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público en esos hechos también se investiga la actuación de Jorgelina Chávez y Pablo Bancora, dos uniformados que cumplían tareas dentro del MPA, y en la misma Unidad que investiga las balaceras. A la suboficial Chávez la denunciaron por pedirle a los fiscales que intervengan un teléfono de un allegado a la familia Cantero con el fin de desvincular al ladrón de autos del homicidio del prestamista Maldonado. A partir de las pruebas recabadas se la imputó además por cohecho y tráfico de influencias. El subinspector, por su parte, quedó en la mira de la Justicia a partir de una consulta sobre allanamientos para capturar a Alvarado el 20 de diciembre, una medida cuya fecha fue transmitida tres días antes a los allegados del delincuente para facilitar su evasión.
Por otro lado, las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) de la Policía de Santa Fe detuvo a otras cuatro personas en el marco de esta causa. Las nuevas detenciones fueron ordenadas por los fiscales de la Unidad de Gravedad Institucional. Se trata de Jorge B. -presunto testaferro-, Carlos A. -dueño de un taller-, Leandro S. -dueño de una concesionaria- y Adrián F. -titular de otro taller-. Los sitios que les adjudican los investigadores fueron allanados la semana pasada. Todos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días en el Centro de Justicia Penal de Rosario.
