El financiamiento destinado a educación en la provincia de Buenos Aires experimenta un ajuste estructural inédito. La inversión educativa registró una retracción de 27,1 por ciento entre 2016 y 2019 que representa un recorte de 64.709 millones de pesos en tres años. La cifra está ajustada por inflación para expresar la caída en la capacidad de compra del fondeo provincial. Así, la participación de la inversión educativa en el producto bruto geográfico (PBG) muestra una reducción de casi 1,5 por ciento al pasar de 4,5 al 3 por ciento en tres años. La principal variable de ajuste son los salarios de los docentes.
“Desde la apertura democrática desde 1983, la educación en la provincia de Buenos Aires no sufría un ajuste estructural como el observado entre los años 2016 y 2019. Todos los indicadores de financiamiento educativo se vieron reducidos de forma conjunta e inédita en la historia de la educación de la provincia de Buenos Aires”, indicó a PáginaI12 el especialista en economía de la educación y responsable de las estimaciones, Agustín Claus.
La reducción en la inversión en educación marcó un quiebre frente al dinamismo registrado entre 2005 y 2015, impulsado desde 2006 por la implementación de la Ley de Financiamiento Educativo. Las estimaciones preliminares realizadas por Claus y un equipo de investigadores arrojan que el peso de la inversión en educación en el PBG provincial finalizará 2019 por debajo del 3,2 por ciento observado en 2005. “El desfinanciamiento afecta la ampliación de la oferta educativa. Restringe el derecho social a la educación. En el mediano plazo implica que habrá menos escuelas, menos cargos docentes, menos posibilidades materiales y simbólicas que jerarquizan y contribuyen a la calidad de la educación de la provincia y del país”, advierte Claus ante la consulta de este diario.
El especialista considera que “el ajuste en la inversión educativa en la provincia de Buenos Aires está asociado a la gestión política de la gobernadora María Eugenia Vidal. Es la primera vez que en un contexto donde se incrementan los recursos descentralizados que recibe la provincia de la Nación a través de la coparticipación, estos no se destinan a Educación y a otras funciones como Salud, Ciencia y Técnica”.
Otro indicador contemplado en el informe para dimensionar el ajuste es el “esfuerzo educativo” que expresa la relevancia del presupuesto educativo ejecutado sobre el gasto público total provincial. El indicador osciló entre 35 y 38 por ciento a lo largo del periodo 2005-2015 para comenzar a ceder hasta 26 por ciento en 2017 cuando, según advierte Claus, alcanzó el nivel más bajo desde los noventa.
El documento ofrece una estimación para la evolución histórica de los niveles de gasto por alumno bonaerense desde 2001 hasta 2018 (último año con información disponible). El equipo a cargo del trabajo identifica cuatro períodos. La primera etapa, entre 2001 y 2003, la inversión por alumno registra una reducción 28 por ciento en términos reales. El segundo período que va de 2003 a 2010 se observa un crecimiento de 129 por ciento. Ese proceso, sostiene el reporte, tiene lugar “en un contexto de recuperación económica y aumento de la matrícula del sistema educativo estatal”. El tercero de 2010 a 2015 registra un crecimiento acumulativo del 24 por ciento donde conviven años de aumentos con caídas. Por último, entre 2015 y 2018 se registra una reducción del 30 por ciento para ubicarse por debajo de los 20 mil pesos por alumno estatal.
“El principal factor que tracciona el ajuste educativo son los salarios docentes reales a la baja. Es decir, perdiendo poder adquisitivo de la masa salarial dado que en la provincia más del 95 por ciento del presupuesto es salario docente, estatal y subvencionados de gestión privada. La baja real del presupuesto es objetiva, todos los indicadores se redujeron entre 2015-2019, con lo cuál tampoco habría mejora de la eficiencia de hacer más política con menos recursos, sino todo lo contrario”, señaló Claus.
