Debate sobre la crisis del financiamiento de la educación
“Existe una deuda social educativa”
Investigadores y expertos en economía de la educación analizaron el impacto de la caída de los recursos destinados a escuelas y universidades.

“Es muy difícil desarrollar un país sin una fuerte apuesta a la educación universitaria y tenemos un problema, porque es el nivel que menos masificado está", advirtió el investigador Juan Doberti, en un encuentro realizado en el Centro Cultural de la Cooperación para debatir el problema del financiamiento educativo “en tiempos urgentes”. El panel también estuvo conformado por Alejandro Morduchowicz, especialista en economía de la educación, Natalia Herger, representante del Programa Educación, Economía y Trabajo de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), y Gabriel Martínez, economista de Ctera.

Natalia Stopani, coordinadora del Departamento de Educación del CCC, explicó al comienzo del encuentro que un numeroso grupo de instituciones y diferentes observatorios trabajan desde el año pasado para “problematizar el presupuesto que se aprobó para este año y ofrecer líneas de análisis, entendiendo que es un problema del campo educativo fundamental”.

“Existe una deuda social educativa”, expresó Herger, antes de explicar ese concepto: se trata, dijo, de “una deuda que el Estado tiene con sus ciudadanos y que debería ser atendida a través de la definición de políticas que impliquen la programación de acciones y la asignación de recursos para atender a diferentes situaciones de desigualdad”. Luego, añadió que “la idea de tiempos urgentes nos remite a pensar el tema del financiamiento en el marco de problemas que son urgentes de resolver pero desde hace mucho tiempo. Son problemáticas cronificadas y que persisten”. También destacó la “necesidad de planificar para superar estos tiempos urgentes” y para, de esa forma, incorporar al sistema educativo a los jóvenes de 18 a 24 años con escolaridad primaria y/o secundaria incompleta, que en seis provincias alcanzan del 25 al 30 por ciento de la población de esa edad. Según Herger, un ejercicio de estimación de los recursos necesarios para llegar a esta población excluida y resolver este problema prioritario indica que sería necesario un direccionamiento del 1 al 9,5 por ciento del presupuesto educativo.

Juan Doberti, docente investigador de la UBA, disertó sobre el financiamiento universitario y subrayó la necesidad de apostar a la inversión en este nivel de formación por la importancia que tiene para el desarrollo nacional. “Es muy difícil desarrollar un país sin una fuerte apuesta a la educación universitaria. Crecer en este aspecto va a demandar muchos recursos ya que es el nivel educativo más caro a nivel mundial”. Luego enunció que, más allá de las controversias sobre si se llegó o no a cumplir con la inversión del 6 por ciento del PBI que exigía la la Ley de Financiamiento Educativo y luego la Ley de Educación Nacional, “se han aumentado mucho los recursos en educación en general que pasaron del 3,6 al 6 por ciento”. Y en el nivel universitario “se pasó del 0,6 al 1 por ciento del PBI. A lo mejor fue del 0, 5 al 0,8 pero en cualquier caso aumentó y, sin embargo, seguimos con muchos problemas”, sentenció Doberti. Indicó que, si bien se puede reclamar mayor presupuesto, hay que ver cómo se utiliza, porque -consideró- “además de gastar poco gastamos mal. Hay mucho para ganar de eficiencia”. También estimó que no es correcto “pensar que va a venir Vaca Muerta o la educación a distancia a salvarnos”. Una mejor educación universitaria, para Doberti, se va a lograr con “la exigencia de metas claras y planificación”, y no con intervenciones de “un iluminado que desde arriba diga cómo tienen que ser las cosas, sino con la generación de sistemas de conjunto”.

A su turno -y mediante una videollamada, porque se encontraba en la Ciudad de México-, Alejandro Morduchowicz se propuso analizar los aspectos macro y micro del financiamiento educativo. Explicó cómo en Argentina, al ser un país federal, el financiamiento educativo debería resolverse de acuerdo a la coparticipación, pero esos recursos no son afectados, es decir, no es necesario que se inviertan específicamente en educación. “Hay una especie de libre mercado provincial en que cada uno se autorregula con respecto al financiamiento de la educación”, planteó. Finalmente sostuvo que: “En la medida en que la situación de crisis aumenta y con el escaso financiamiento educativo, vamos a tener que ser muy originales y muy creativos para pensar qué hacer”.

Un tema muy presente en el conversatorio fue el de la Ley de Financiamiento Educativo y el destino del 6 por ciento del PIB a la educación. En nombre del Instituto Marina Vilte de la federación docente Ctera, Gabriel Martínez expuso las investigaciones que, junto con su equipo, realizan fundamentalmente en torno a esa ley. “A través del seguimiento, lo que hemos ido viendo es cómo, año tras año, ha disminuido el financiamiento educativo en el último tiempo”, dijo el economista. Explicó que bajó la inversión en, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que desde 2016 ha perdido un 54 por ciento de poder adquisitivo; también enumeró el ajuste en formación docente, en educación digital y en políticas socioeducativas, así como en el presupuesto universitario entre 2018 y 2019. “Pensábamos que las leyes nos aseguraban un piso, y la verdad es que ni la Ley de Paritaria Nacional, ni la Ley de Educación Técnica, ni la Ley de Educación Nacional se han cumplido. Las leyes no se cumplieron a pesar de que muchas de ellas no han sido derogadas. Son declaradas vigentes, se dice que se cumplen pero, cuando vemos los números, vemos que eso no sucede”.

El conversatorio fue organizado por diferentes observatorios y equipos de investigación en educación de la Universidad Pedagógica Nacional, la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el Centro Cultural de la Cooperación, Aula Abierta, las universidades nacionales de Avellaneda, de Quilmes, de General Sarmiento, de Moreno, de Tres de Febrero y de San Martín.

Informe: Melisa Molina.

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