EE.UU. quiere involucrarlo en la causa contra el fundador de WikiLeaks
En busca de Assange, persiguen al informático Ola Bini
Ola Bini espera la acusación de la Fiscalía de Ecuador. Ola Bini espera la acusación de la Fiscalía de Ecuador. Ola Bini espera la acusación de la Fiscalía de Ecuador. Ola Bini espera la acusación de la Fiscalía de Ecuador. Ola Bini espera la acusación de la Fiscalía de Ecuador.
Ola Bini espera la acusación de la Fiscalía de Ecuador.  

"Los procedimientos del lawfare no se aplican solamente a dirigentes políticos en América Latina sino también a activistas informáticos como Ola Bini en Ecuador" señala Damián Loreti, que, junto con Elizabeth Gómez Alcorta integran desde Argentina el equipo de abogados que defienden al experto informático que fue detenido en Ecuador y que Estados Unidos quiere interrogar para involucrarlo en la causa contra Julian Assange. Ola Bini es un activista de software libre, privacidad y transparencia desde hace mucho tiempo. Además es uno de los cuatro o cinco mejores programadores del mundo, ha inventado dos lenguajes informáticos sin propietario, tipo Linux, lo que ha provocado la represalia inusitada de las autoridades ecuatorianas, quienes lo acusan de hackear sistemas informáticos del gobierno.

El comercio de datos se ha convertido rápidamente en la mayor actividad económica del mundo, a través del cual circula más cantidad de información que la que se produjo en la historia de la humanidad. Es un universo que involucra miles de millones de dólares centralizado por muy pocas empresas y que se instaló en el centro del poder económico mundial y de cada nación. La circulación de datos, que incluye información personal de millones de ciudadanos, se ha convertido también en el principal blanco de vigilancia por agencias internacionales como la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos. Ola Metodius Bini, de nacionalidad sueca y 37 años, reside en Ecuador desde 2013.

"Naciones Unidas define que una persona es defensora de los derechos humanos cuando protege los derechos de terceros --señala Loreti, que integra con Gómez Alcorta el CELS-- por eso intervenimos nosotros desde el punto de vista de los derechos humanos, junto con el abogado inglés Toby Cadman y la abogada española Almudena Bernabeu, que reside en los Estados Unidos. Trabajamos junto a un equipo de abogados ecuatorianos que llevan la defensa oficial en la causa".

La defensa de la privacidad se ha convertido en el mundo electrónico en una nueva categoría de derechos humanos. La informática, la circulación de datos y la comunicación forman el corazón de las nuevas sociedades. Pero han ocupado ese lugar de manera cerril, con gran desconocimiento por parte de la sociedad que no alcanza a discernir la dimensión fenomenal que ha alcanzado y sin que haya legislaciones claras que las regulen.

Ola Bini es amigo de otro perseguido por su actividad informática independiente, el australiano Julian Assange, a quien ha visitado varias veces cuando estaba asilado en la embajada de Ecuador en Londres. El trabajo que desarrollan Assange y Ola Bini trata de disminuir la enorme desigualdad que genera el control y la vigilancia de la circulación de datos.

Estaba a punto de viajar a Japón cuando fue detenido, el mismo día que Assange fue expulsado de la embajada de Ecuador, el 11 de abril de este año. La ministra del Interior de Ecuador, María Paula Romo, denunció a través de los medios que había información de que dos rusos y un suizo estaban participando en maniobras de desestabilización junto con WikiLeaks. Según dijo después, las autoridades recibieron un llamado de alguien que se identificó como un tal Marcos, o sea un llamado anónimo donde se informaba que una persona llamada Ola Bini --que sería el suizo de la primera denuncia-- se dirigía al aeropuerto de Quito para viajar a Japón. Allí fue detenido el activista informático aunque no era suizo ni ruso, sino sueco y cuya actividad no era hackear sino impedir el hackeo.

Ola Bini fue detenido varias horas sin poder contactar a sus abogados, no se lo interrogó en su lengua materna y luego le aplicaron una prisión preventiva sin aclarar nunca el delito del cual se lo acusaba. Inmediatamente, la embajada de los Estados Unidos hizo un pedido para compartir el interrogatorio a Ola Bini con el fin de ampliar la acusación contra Assange.

Los medios no oficialistas ecuatorianos explicaron que el motivo de la persecución contra Bini es porque Lenín Moreno interpretó que WikiLeaks y Bini fueron los autores de difundir la información que detonó el escándalo de los INA Papers, con datos de cuentas offshore del presidente y sus familiares. Un escándalo similar al que produjeron en Argentina y otros países los Panamá Papers al poner en descubierto las cuentas offshore del presidente Mauricio Macri. Pero WikiLeaks y Assange señalaron que no tenían nada que ver con los INA Papers.

Pese a no tener pruebas y a que las circunstancias de los INA Papers eran muy diferentes a la operatoria de WikiLeaks, Moreno aprovechó para ceder a las presiones de Estados Unidos, expulsar a Assange al mismo tiempo que lanzaba una fuerte campaña de difamación contra el australiano y encarcelaba a Ola Bini.

El mismo Lenín Moreno en el Diálogo Interamericano afirmó que Bini "fue sorprendido hackeando cuentas del gobierno" y en una entrevista con la CNN agregó que el informático sueco "había sido encontrado con evidencias que serán analizadas" y enfatizó que visitaba "frecuentemente a Assange en la embajada" donde "seguramente recibía indicaciones de lo que tenía que hacer".

Cada una de esas declaraciones es una mentira mediática porque Ola Bini no fue sorprendido cuando hackeaba, ni existen evidencias de esa acusación y visitaba a Assange no para recibir indicaciones sino porque era su amigo. El hecho de que hasta el mismo presidente Moreno necesite mentir ante los medios demuestra que el gobierno no tiene pruebas para sostener una acusación.

Cuando se apeló la prisión preventiva y se pidió su libertad bajo fianza, la respuesta de la jueza Yaira Proaño, a quien los defensores ya le solicitaron la realización del juicio político por prevaricato, alegó que como la fiscalía no había evaluado el costo del daño provocado por un delito que se desconoce, tampoco podía fijar el monto de la fianza. "Los abogados que intervenimos en el caso desde el aspecto de los derechos humanos,--explica Loreti-- no podíamos salir de nuestro asombro porque la fundamentación de la prisión preventiva en el Código ecuatoriano advierte claramente que se debe aplicar en casos de extrema necesidad y nunca cuando la pena por el delito de la causa sea menos de cinco años, como sucede en este caso".

Loreti relata que "para evaluar cuál sería la mejor instancia se hizo una presentación a fines de mayo ante el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU señalando la sucesiva cantidad de violaciones a los derechos humanos en el caso de Ola Bini, como el derecho al debido proceso, su derecho a no ser privado arbitrariamente de su libertad, el derecho a la vida privada, el tratamiento cruel e inhumano que estaba recibiendo, no tanto en la cárcel, sino por el hecho de estar detenido sin conocer la causa, más los problemas que tenía para las visitas de su padre para acceder a la cárcel."

Finalmente se presentó un hábeas corpus y el tribunal distrital que lo recibió decidió la excarcelación de Ola Bini, a la espera de que la Fiscalía presente la acusación. Hasta ahora no se ha precisado de qué hechos concretos está acusado, cuándo ocurrieron, o de qué manera ni a quién afectaron. Hay una acusación genérica sin pruebas.

 

 

 

 

 

 

La última decisión judicial fue esta última semana para prolongar el plazo en que la Fiscalía debe presentar su acusación. Para lograr esa postergación hasta el 10 de agosto, la acusación vinculó a otra persona a la causa. De esta forma, Ola Bini sigue sin saber de qué se lo acusa.

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