A once penitenciarios del SPF con funciones en el Complejo carcelario de Ezeiza, les dieron vuelta el escritorio y quedaron del otro lado de la reja, acusados por torturas en dos causas diferentes. Cuatro lo fueron por la causa abierta por Brian Núñez, un ex detenido ahora en libertad, que era perseguido porque había denunciado y finalmente en junio de 2015 logrado condenas altas a tres guardias que lo habían vapuleado en Marcos Paz. En enero de ese año, cuando todavía no se había desarrollado el juicio oral pero ya estaban detenidos los acusados, a Núñez, para que aprenda, lo molieron a golpes y lo encerraron con aislamiento, y le recomendaron que para salir se provocara cortes, cosa que hizo con una yilet. Los otros siete fueron detenidos por una paliza de recibimiento –en el argot, una “bienvenida”– a una decena de internos que habían sido trasladados desde Devoto hasta Ezeiza. El miércoles quedaron detenidos nueve. Ayer, los otros dos. En esta causa, además de los detenidos, la Procuración contra la Violencia Institucional pidió investigar a dos médicos que no llegaron a divisar en los cuerpos de los detenidos, el amasijo de marcas provocado por puños, puntas y suelas de borceguíes, palos, y demás enseres domésticos, y firmaron el apto médico.

Brian Núñez logró la condena de tres penitenciarios que lo habían molido a palos en 2011. Al revés de lo que supone el sentido común del “que-se-pudran-en-la-cárcel”, la denuncia de un preso que sigue preso bajo custodia de los denunciados o de sus amigos, representa lo que el sentido común del periodismo suele denominar riesgo de vida y que, correctamente, es una vida en riesgo o, en todo caso, corre riesgo de muerte. Es el caso de Brian Núñez, terriblemente golpeado en varias ocasiones debido a que en julio de 2011 había reclamado a gritos que lo dejaran ver un partido de fútbol. Con Núñez, representado por Nicolás Laino, actual coordinador del Programa Contra la Violencia Institucional de la Defensoría General de la Nación, logró la detención de los tres y en junio de 2015, su condena (penas de 9 años y 8 y medio). Pero antes de la condena, en enero de ese año, a Núñez lo golpearon entre tres del cuerpo de requisa del Módulo 2 de Ezeiza, Nicolás Luzko, Marcelo Blanco, Daniel Tarraza, y Guillermo Molina, del Módulo 6. En la causa se determinó que “lo tomaron del cuello, le colocaron las esposas en los dedos y lo comenzaron a agredir con golpes de puño en las costillas; para luego, arrastrarlo hacia el interior de la leonera. Una vez allí, lo arrojaron al piso, le pisaron la cabeza y la nuca, lo patearon y le rompieron la ropa, mientras que ‘el Pelado’ le tocó la cola y le dijo: ‘viste que sos un puto’”. Un interno que fue testigo de la golpiza dijo que les gritaba “déjenlo, no le tuerzan más el pie, él fue torturado en Marcos Paz y tiene los huesos mal soldados”.

El juez federal 1 de Lomas de Zamora, Alberto Santamarina, indagó a los detenidos por apremios ilegales pese a que el fiscal federal Leonel Gómez Barbella, y Claudio Pandolfi de Procuvin, pidieron que se los indague por torturas y finalmente dictó la falta de mérito. La apelación llegó a la Sala II de la Cámara Federal. Los jueces César Alvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin, quienes rechazaron la falta de mérito y consideraron que había suficientes motivos como para procesar por torturas y, por el voto de Calitri y Schiffrin, ordenaron la detención de los cuatro.

Aunque los cuatro negaron las acusaciones, el parte médico (que no fue valorada por Santamarina) determinó que Núñez tenía heridas que no se habían registrado antes de su ingreso a la celda donde fue golpeado.

La otra causa que terminó en la detención de siete penitenciarios también partió de la falta de mérito dictada por Santamarina en una bienvenida brindada a 9 internos que llegaron desde Devoto y fueron vapuleados por turno a su llegada a Ezeiza en septiembre de 2011. El trabajo de investigación de los fiscales Gómez Barbella y Pandolfi logró modificar la lectura judicial. Los mismos jueces de la Sala II determinaron que se trataba de casos de tortura y ordenaron la detención del jefe de Turno Darío Herrero, el inspector Gustavo Vivas, el auxiliar Osvaldo Páez, el escribiente Mario Suárez, y los ayudantes de 3ª Sergio Godoy, de 5ª Pablo Pascuali, y de 1ª, Germán Aguirre.

En la causa, los fiscales pidieron la investigación de dos médicos del SPF, ya que cuando el grupo de internos fue revisado a su arribo al penal de Ezeiza, no se le encontró ningún tipo de lesiones, pero luego de su ingreso, la revisión médica indicó que habían recibido todo tipo de golpes. En su fallo los jueces subrayan el hecho de que pese a que los penitenciarios sostuvieron en su defensa que los presos mentían y que no había ocurrido nada “fuera de lo habitual” (detalle que nadie discute), dieron verosimilitud al relato de los detenidos, y realizaron un análisis pormenorizado sobre las situaciones de indefensión por la que pasaron y es habitual que pasen los detenidos, como la desnudez obligada que anticipa los golpes como “un castigo suplementario” que anticipa o precede las agresiones.

Los once penitenciarios quedaron alojados en la Alcaidía de Tribunales y es probable que desde mañana pasen a ocupar sus respectivas celdas en Marcos Paz, donde es probable que reciban otro tipo de bienvenida.