Por Agustín FontenlaDesde Madrid
El 14 de agosto la dirigente del Partido Popular (PP), Isabel Díaz Ayuso, será investida presidenta de la Comunidad de Madrid con los apoyos de Ciudadanos (Cs) y la ultraderecha Vox. Será la líder del primer Gobierno de coalición de la capital española, y el primero en integrar a su programa propuestas de corte radical.
Esta semana, en la Comunidad Foral de Navarra, al norte del país ibérico, la socialista María Chivite logró formar un Ejecutivo de coalición con el apoyo de fuerzas de izquierda y gracias a la abstención indispensable de EH Bildu, un partido cuyo coordinador general fue miembro de ETA, la banda terrorista nacionalista vasca.
La formación de esos dos Gobiernos representa un punto de inflexión en la política española, y se ofrece como contracara del escenario nacional, donde el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que lidera Pedro Sánchez, cumplirá casi cuatro meses desde las elecciones del 28 de abril, sin lograr acuerdos con otras fuerzas que le permitan formar Gobierno.
Para constituir sus Ejecutivos, Madrid y Navarra debieron trascender límites y costumbres arraigadas en la reciente historia política del país. La Comunidad de Madrid ha sido gobernada por el PP durante los últimos treinta años. Sin embargo, siempre por Gobiernos integrados únicamente por dirigentes populares. Esta vez, la ausencia de una mayoría obligó a la fuerza de Pablo Casado a buscar el apoyo de Cs y de Vox. Con Cs, la negociación fue sencilla gracias a las coincidencias en materia de libertad fiscal para las empresas y grandes fortunas. Con Vox, hubo que convencerlos de descartar sus medidas estrella para expulsar inmigrantes, limitar la lucha contra la violencia machista y reprimir al colectivo LGTBI.
El caso de Navarra necesitó otra dinámica. La Comunidad Foral ha sido siempre fruto de tensiones soberanistas por su cercanía con la región del País Vasco. Esa condición geográfica ha despertado los recelos del nacionalismo español, siempre preocupado por las aspiraciones del soberanismo, sea del lugar que sea. Por esta razón, cuando la socialista María Chivite formó un Gobierno de coalición con partidos de izquierda, y aceptó ser presidenta con la abstención de EH Bildu, el PP puso el grito en el cielo. Su portavoz en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, llegó a equipar a EH Bildu con los autores de los ataques terroristas de Cataluña en 2017, que dejaron quince muertos y un centenar de heridos.
Para el analista político y director de cuartopoder.es , Sato Díaz, es legítimo pactar con con Vox o con EH Bildu ya que “en una democracia representativa, hay que pactar y llegar a acuerdos con aquellos representantes que han sido elegidos por la soberanía popular”. En el caso de Madrid, señala que las “diferencias entre el PP, Cs, y Vox, son cada vez menores”. En cuanto al Gobierno que conformó la socialista Chivite, Díaz sostiene que “es la mejor representación de la pluralidad nacional, social y política que existe en Navarra, y el modo para pasar página a los fantasmas del pasado”.
Por su parte, la antropóloga Nuria Alabao, señala que la normalización de Vox en un Gobierno no es tan riesgosa como que se normalicen sus discursos contra los inmigrantes y los derechos de la mujer. “Durante la reciente campaña electoral, hemos visto cómo los discursos de Vox han orientado el discurso del resto de los partidos hacia la derecha”, apunta Alabao. Respecto a EH Bildu, considera que no existen riesgos ya que se trata de un partido homologable a cualquier otra fuerza socialdemócrata de España. Sin embargo, observa que “el fantasma de ETA ha sido durante muchos años una variable política que ha servido, sobre todo, a muchos partidos de derecha”, y, aunque el conflicto con ETA esté acabado, “la derecha pretende sostener ese fantasma porque cree que aún puede ser funcional a su discurso”.
Las coaliciones de Gobierno en Madrid y Navarra no son las únicas que se han formado en los últimos meses tras las elecciones regionales en España. Otras se han producido en grandes comunidades como Andalucía, o en ciudades importantes como Barcelona. Sin embargo, no parece que esa tendencia logre plasmarse fácilmente a nivel nacional. Desde los comicios del 28 de abril, el PSOE y Podemos han negociado sin éxito un Gobierno de coalición, que ahora dejó muy cerca la posibilidad de unas nuevas elecciones.
Para Díaz, las razones que explican que las coaliciones no sean posibles en el Estado nacional, se remontan al fin de la dictadura franquista y el periodo de transición a la democracia. “Una vez que cayó el Gobierno de Adolfo Suárez (Unión Cívica Democrática, 1977-1982), el sistema político español se basó en un bipartidismo (PP y PSOE) que mantendría la unidad en las llamadas ‘cuestiones de Estado’ referidas a la unidad territorial, y la monarquía y sus secretos, que incluye también a sus negocios”. En ese contexto, cualquier fuerza ajena al bipartidismo que ponga en discusión esas “cuestiones de Estado”, tendrá difícil ingresar en el Gobierno español.