Las universidades nacionales de La Plata (UNLP), Lanús (UNLa) y Río Negro (UNRN) cuentan con programas y protocolos para garantizar el trato igualitario de la comunidad trans-travesti en el ámbito académico, un espacio que era inalcanzable para ese colectivo que sufre históricamente la vulneración de sus derechos. La sanción de la Ley 26.743 de Identidad de Género, en 2012, impulsó la implementación de esas medidas inclusivas.

La UNLP adhirió a la normativa ese mismo año con la creación de la Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, a cargo de la docente investigadora trans Claudia Vásquez Haro.

En los próximos meses, Vásquez Haro presentará una investigación científico-académica y cualicuantitativa sobre mujeres trans-travesti en cárceles en la provincia de Buenos Aires y el ámbito federal.

Se trata de un trabajo coordinado entre la Facultad, Otrans Argentina y la Convocatoria Federal Trans-Travesti Argentina; y financiado por el Fondo Internacional Trans, que tendrá como objetivo la producción de “una guía comunicacional para las privadas de su libertad, vinculada al proceso judicial ordinario”, explicó la docente de la cátedra de Comunicación y Derechos Humanos.

“Pensamos la producción de conocimiento como una dialéctica entre la teoría y la práctica. Nos marca la agenda los sectores más vulnerados y estamos atentos, atentas y atentes, desde nuestro lugar de investigadores y docentes, qué aportamos desde nuestro saber con el otro, no para el otro”, consideró Vásquez Haro.

Además de la producción de conocimiento, la Dirección de Diversidad Sexual de la Facultad ofrece acompañamiento, formación y capacitación en articulación con la universidad, escuelas secundarias, institutos terciarios y organismos de la sociedad civil.

Otra casa de estudios superiores que adhirió a la Ley es la UNLa. En 2013, aprobó la creación del Programa por la Igualdad de Género, dependiente de la Secretaría de Bienestar y Compromiso Universitario, abocada a “concientizar y capacitar a les estudiantes de los distintos departamentos”, explicó Andrea Vallejos, coordinadora de esa iniciativa.

Desde 2015 también impulsó “dispositivos para favorecer el ingreso del colectivo trans en la universidad”, uno de ellos es el protocolo ante situaciones de discriminación.

“Si bien hay situaciones que tienen que tener una sanción en términos de reparación, lo enriquecedor de esta herramienta es pensar prácticas pedagógicas que desarmen lo que posibilita que sigan produciéndose discriminación en la universidad”, indicó la coordinadora.

También dictaron resoluciones de prevención a la violencia; brindaron conversatorios optativos para sensibilizar a los alumnos y capacitaciones para autoridades, docentes y no docentes enmarcadas en la Ley Micaela. Buscan, además, establecer una suerte de beca para miembros de la comunidad LGTBIQA, que permita “acompañar desde lo económico” y garantizar “una mayor igualdad” en la universidad.

La UNRN, por su parte, lanzó una convocatoria de becas para personas trans dentro del Plan de Igualdad de Género, aprobado en 2017, con el “Protocolo para la Actuación en Situaciones de Discriminación y/o Violencia de Género”.

Esa ayuda económica consiste en una asignación mensual durante 10 meses y quienes la soliciten sólo deberán declarar la identidad trans y seguir el trámite acorde al resto de las becas de esa institución.

“Es una política activa de inclusión de personas pertenecientes a uno de los grupos sociales más vulnerabilizados; y esperamos que faciliten su acceso y/o permanencia en las universidades y colabore a reducir las desigualdades, violencias y discriminaciones que sufren”, explicó Daniela Heim, docente investigadora y coordinadora de la Comisión para la elaboración del Plan de Igualdad de Género.