"Del costo fiscal de las medidas, el 90% es para mejorar la situación de la clase media y media alta"
El "alivio" deja afuera a los más vulnerables
Un informe de ITE revela que el plan "electoralista" del gobierno no compensa el impacto de la megadevaluación sobre el bolsillo de los menos pudientes. 
El sacrificio fiscal solo prevé una mínima compensación a los sectores socialmente más afectados por la suba de precios.El sacrificio fiscal solo prevé una mínima compensación a los sectores socialmente más afectados por la suba de precios.El sacrificio fiscal solo prevé una mínima compensación a los sectores socialmente más afectados por la suba de precios.El sacrificio fiscal solo prevé una mínima compensación a los sectores socialmente más afectados por la suba de precios.El sacrificio fiscal solo prevé una mínima compensación a los sectores socialmente más afectados por la suba de precios.
El sacrificio fiscal solo prevé una mínima compensación a los sectores socialmente más afectados por la suba de precios. 
Imagen: EFE

De los cerca de 85 mil millones de pesos de costo fiscal que se estima tiene el paquete de medidas del “plan alivio” que aplica el Gobierno después de la derrota electoral en las PASO, casi el 90 por ciento se destina a los sectores medios y medios-altos, la franja de la población en donde se registró un cambio en el voto en contra de Mauricio Macri en esta elección en relación a 2015. El sesgo del paquete oficial en favor de sectores de mejor poder adquisitivo (en términos relativos) se explica en primer lugar por el impacto de la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que beneficia al segmento más acomodado de los trabajadores registrados. Según el Instituto de Trabajo y Economía (ITE) el perfil de los sectores en donde más impactan las medidas implica que el Gobierno se concentró más en recuperar votantes que en compensar equitativamente los efectos de la devaluación posterior a las elecciones, o sea, más “modo candidato” que “modo Presidente”.

Los números involucrados en el paquete de medidas que lanzó el Gobierno está todavía en discusión. El Ejecutivo no sólo tiene que lidiar con el Fondo Monetario Internacional para evitar que las medidas hagan caer el acuerdo fiscal que sustenta los desembolsos de dólares, sino que también los gobernadores pusieron el grito en el cielo por el impacto en la recaudación de las arcas provinciales. Los líderes provinciales exigen alguna recomposición de parte de la Nación ante medidas que fueron tomadas sin consulta previa y que afectan los recursos coparticipables y amenazan con una judicialización masiva.

Según los números elaborados por el Gobierno nacional, la suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias redundará en una baja de la recaudación de 44.729 millones de pesos, mientras que la rebaja temporaria a tasa cero del IVA alimentos implicaría una caída de ingresos de 8917 millones de pesos y los cambios en el monotributo, 548 millones de pesos. Por otro lado, la rebaja de 4 mil pesos de los aportes personales (dos mil en septiembre y otros dos mil en octubre) implica una erogación de la Nación de unos 20 mil millones de pesos, mientras que también está el bono a los empleados públicos (700 millones) y los 8 mil millones de pesos del bono de dos mil pesos (a pagar en dos cuotas) para los titulares de la Asignación Universal por Hijo. Por último, se incrementa en 2500 pesos la beca Progresar (1500 millones). También correspondería agregar el impacto en regalías provinciales del congelamiento por 90 días en el precio del crudo que pagan refinerías a petroleras, definido en un decreto presidencial.

Más allá de la polémica por el resultado fiscal de las medidas y cuánto de ese número afecta a las arcas provinciales, otro canal de análisis tiene que ver con los beneficiarios del paquete anunciado. “Del costo fiscal estimado, casi el 90 por ciento se dirige a mejorar la situación de la clase media y media alta, mientras que poco más del 10 por ciento se destina a los sectores vulnerables y clase media baja. Cuando se analizan las medidas, queda en claro que el Gobierno se inclinó más a recuperar una parte del electorado que a morigerar los efectos de la devaluación y la consecuente aceleración inflacionaria”, indica el informe del ITE. El desequilibrio del costo fiscal en favor de los sectores de mayores ingresos está dado por la rebaja del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias aplicable para todo el 2019, que en un sueldo bruto mensual de 100 mil pesos implica una devolución total de 19 mil pesos por mes por el período enero-agosto junto a unos 2700 pesos hasta fin de año. Se trata de un monto muy superior al beneficio que reciben trabajadores en relación de dependencia que no  pagan Ganancias, monotributistas y titulares de AUH.

Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) el impacto total de las medidas es de 0,46 por ciento del PIB (unos 95 mil millones de pesos), de los cuales las provincias se harían cargo de unos 35 mil millones. En tanto, la Comisión Federal de Impuestos (CFI) que integran ministros de Hacienda provinciales y de la Nación calculó el impacto para las provincias en 29.654 millones de pesos. De todas formas, el resultado entre ingresos y egresos del Estado (nacional y provincial) no será tan negativo, porque también hay que tener en cuenta que parte de ese dinero vuelve a las arcas estatales con el mayor pago de impuestos, principalmente por el IVA derivado del alza del consumo. En esa línea, desde el Gobierno nacional ahora quieren instalar que el impacto neto para las provincias sería de apenas 3228 millones pesos.

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