El gobernador Miguel Lifschitz firmó ayer junto a gobernadores peronistas y de otros partidos un documento donde solicitaron al gobierno nacional que retrotaiga las medidas económicas anunciadas después de las Paso, bajo amenaza de presentar el próximo lunes un amparo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. "En los últimos meses, la situación de las provincias se viene deteriorando por la caída de la recaudación, la situación social y económica, la pérdida del empleo y el aumento de la pobreza", dijo Lifschitz tras el encuentro realizado en el Consejo Federal de Inversiones (CFI). "Hay una coincidencia de todos los gobernadores de rechazar la quita de recursos a las provincias, entendemos que es inconstitucional, se están afectando recursos presupuestados de las provincias que provienen de la coparticipación federal", agregó. Para el mandatario, los recursos "no pueden ser reducidos ni afectados de manera unilateral por el gobierno, requerirían de un acuerdo con las provincias, y de un tratamiento legislativo, por lo cual vamos a exigir judicialmente". Lifschitz precisó que los cambios impositivos dispuestos por el gobierno nacional le quitan a Santa Fe 4.000 millones de pesos.

Tras el encuentro, 18 mandatarios opositores, entre otros los de San Luis, Alberto Rodríguez Saá; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de La Pampa, Carlos Verna; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Sergio Uñac; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Juan Manuel Urtubey, y el vicegobernador de Santa Cruz Pablo González, difundieron el documento: "Las medidas que se han dado a conocer, realizadas en forma inconsulta, y sin tener en cuenta de dónde saldrán los recursos para afrontar las mismas, nos hace compartir esos costos fiscales al no disponerse con ellas las compensaciones necesarias a las provincias, generando un despojo de nuestros recursos y colocándonos en una grave situación de desfinanciamiento".

Los gobernadores plantearon que la Nación "no puede disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias, tanto por el presupuesto en ejecución, como por el pacto fiscal, en el que casualmente acordamos esfuerzos y renunciamientos".

Frente a esta situación, los mandatarios elevaron la queja: "Estamos en grave peligro de no cumplimento de las obligaciones salariales, la prestación de servicios esenciales y la preservación de la paz social en cada uno de los Estados que representamos. No podemos permitir que se apropien de los recursos provinciales, por parte del Estado Nacional solo por el justificativo de intentar atemperar las consecuencias perjudiciales, precisamente de sus propias y malas políticas económicas y financieras, de las cuales los estados provinciales no tenemos ninguna responsabilidad".

En ese sentido, Lifschitz confirmó que los 19 mandatarios irán a la Corte, en principio el lunes, para solicitar "una medida de amparo que proteja los recursos de los gobiernos de las provincias que son indispensables para garantizar los servicios fundamentales, como la educación, la salud, la seguridad y la justicia que están cargo de las distintas provincias".

Por otro lado, dijo que todos los gobernadores coincidieron en que "si no hay una medida de reparación del gobierno en relación a los recursos de las provincias, todas estarían en situación crítica para poder resolver la situación financiera de aquí a fin de año". El gobernador contó que entre los mandatarios había "mucho disgusto, siempre que el gobierno ha querido tomar medidas complejas y difíciles, ha convocado a los gobernadores y ha buscado puntos de equilibrio y acuerdo. En esta oportunidad se ha cortado solo, perjudicando de manera sustancial al conjunto de provincias".

 

En la previa, había calificado a las medidas, vinculadas al congelamiento de los combustibles, el IVA y ganancias, como "electoralistas y traerán algún alivio transitorio para la clase media y los trabajadores con el objetivo de mejorar el rendimiento del oficialismo pero se tomaron al calor de los resultados electorales sin medir las complicaciones que generan a las provincias". Sugirió que "una alternativa podría ser que lo que se va a recaudar de más por retención a las exportaciones, debido al tipo de cambio actual, se distribuya entre las provincias".