La Cámara Nacional en lo Comercial convocó a una nueva audiencia judicial a la que llamó a las partes involucradas en el juicio concursal por la deuda del Grupo Macri con el Estado. En esta oportunidad, también notificó para que asista a la fiscal general Gabriela Boquin, quien había advertido que el acuerdo por el Correo Argentino era ruinoso para el Estado. Esto derivó –luego de mucha resistencia– en el anuncio del presidente Mauricio Macri de que darían marcha atrás. Ayer el ministro de Comunicación, Oscar Aguad, presentó un escrito en el que se retractó de haber aceptado la oferta del Grupo Macri. En tanto, el Gobierno se presentó en la causa que le inició el holding familiar del presidente al Estado. Allí recusaron al juez y pidieron la caducidad por falta de movimiento del expediente. En suma, la estrategia del Gobierno es mostrarse sin intención de perjudicar al Estado.

En un escrito de tan sólo dos carillas, Aguad cumplió con lo que había anunciado Macri la semana pasada y pidió dejar sin efecto el acuerdo que habían firmado con el Grupo Macri. “Siguiendo expresas instrucciones del presidente de la Nación, retracta la aceptación efectuada por el representante del Estado nacional a la propuesta realizada por Correo Argentino S.A. en la audiencia del 28 de junio de 2016”, dice el escrito presentado por Aguad. Hay debate entre los especialistas sobre si es posible retractarse de un acuerdo ya firmado. Deberán definir esta cuestión las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, Matilde Ballerini y Ana Isabel Piaggi.

A renglón seguido, Aguad afirmó que se retracta “sin perjuicio de no compartir ni los fundamentos ni el espíritu ni las conclusiones del dictamen de la Sra. Fiscal que intervino en la causa”. Si no coincide con que el acuerdo era perjudicial para el Estado, ¿para qué se retractó? El ministro de Comunicación lo explicó así: “Lo manifestado en el punto antecedente se justifica dado que, en definitiva, la aspiración última de esta Administración consiste en la obtención de la mayor transparencia pública posible y la satisfacción de un crédito que desde hace 15 años el Estado nacional, por omisión de la anterior gestión, no pudo percibir”.

No hubo respuesta en el escrito a uno de los principales argumentos que planteó la fiscal en su dictamen: el repentino cambio de estrategia del Estado nacional que llevó a una rápida aceptación de condiciones que habían sido rechazadas por una década.

Finalmente, Aguad solicitó a las camaristas que fijen una nueva audiencia para poder hacer un “análisis integral de las cuestiones sometidas a este proceso” con la “mayor participación de las instituciones de control del sector público nacional”. Allí el Gobierno busca conseguir que participe la Auditoría General de la Nación, pese a que ese organismo no interviene en las causas judiciales. No obstante, la AGN sí auditó la concesión del Grupo Macri en el Correo en 2001 y 2002 y recomendó, entre las opciones posibles, rescindir el contrato y cobrar la deuda que tenían los Macri por falta de pago del canon al Estado. El último informe lo firmó el entonces presidente de la AGN, Leandro Despouy, hoy encargado del área de derechos humanos de la Cancillería.

Ante el pedido del Gobierno, las camaristas respondieron en pocas horas: “Fíjase audiencia para el día 16 de marzo del corriente a las 11 horas, a la cual deberán comparecer las sindicaturas actuantes y la concursada, invitando asimismo a la Sra. Fiscal General de la Cámara”, indicaron en un escrito que enviaron a las partes. Resolvieron invitar a la fiscal, que no había sido convocada a la anterior audiencia. Allí deberán definir si aceptan la retractación del Estado. Además, habrá que ver si el Grupo Macri presenta una nueva oferta. En el escrito que presentó el holding de la familia del presidente la semana pasada defendía la propuesta que habían presentado como “justa y razonable”.

Además de dar a conocer que ese acuerdo implicaba una quita del 98,87 por ciento, la fiscal Boquin había advertido en un segundo dictamen que el Grupo Macri se había presentado en otra causa en la que le reclamaba al Estado 2364 millones de pesos. Si conseguían cobrar, desde la empresa de Macri prometían pagar los 600 millones que habían negociado con el gobierno de Macri. Y se llevaban otros 1700 millones por la concesión que habían obtenido en tiempos de Carlos Menem. La fiscal había advertido que en la causa en la que le reclamaban al Estado pedían un 11 por ciento anual de interés mientras que el Gobierno de Macri había aceptado un 7 por ciento y sin actualización de ningún tipo por los años transcurridos.

El Gobierno buscó mostrarse activo también en ese frente. Macri puso a su asesor jurídico Fabián Rodríguez Simón a trabajar en la estrategia junto con Aguad y el procurador del Tesoro, Carlos Balbín. Estos dos últimos se presentaron en el fuero contencioso administrativo, que es donde el Grupo Macri presentó la demanda por daños y perjuicios 15 días antes del acuerdo. Los funcionarios pidieron la “caducidad de la instancia” dado que el expediente estuvo sin movimiento seis meses. Se trata de una figura que prevé el Código Procesal Civil y Comercial. En su favor, indicaron que el Grupo Macri no hizo ninguna presentación para impulsar la causa, aunque probablemente el holding argumente que presentó un escrito en agosto del año pasado. Los abogados del Gobierno hicieron un cálculo de los días en el que computaron la feria judicial. Además, recusaron sin causa al juez Pablo Cayssials, que tenía el expediente. Ahora se deberá sortear para que un nuevo juez defina si acepta el planteo del Gobierno. De todas formas, el Grupo Macri tiene otra serie de demandas abiertas contra el Estado: una de ellas por daños y perjuicios iniciada en 2000, en el juzgado de María Alejandra Biotti.