Debate. Interrogantes sobre el proyecto de un nuevo gasoducto
¿Capitalismo o anarquía de mercado? 
La Secretaría de Energía a convocó a una polémica licitación pública nacional e internacional para el diseño y construcción de un nuevo gasoducto entre Vaca Muerta (Cuenca Neuquina) y San Nicolás (provincia de Buenos Aires)

El Decreto de Necesidad y Urgentia 465, publicado en julio pasado, instruyó a la Secretaría de Energía a convocar a licitación pública nacional e internacional para el diseño y construcción de un nuevo gasoducto entre Vaca Muerta (Cuenca Neuquina) y San Nicolás (provincia de Buenos Aires).

En primer lugar, se crea un marco regulatorio especial con una vigencia de 17 años. Ello es así porque se pretende una tarifa en dólares y sin posibilidad de ser revisada. La concesión se otorgará por un máximo de 45 años y sin ningún tipo de regulación estatal en el precio y las tarifas. La "regulación" será entonces determinada entre privados. Además, se ignora la Ley de Obra Pública para no ajustarse a los plazos legales ni al presupuesto ni a la ingeniería básica.

En segundo lugar, se trata de una obra destinada exclusivamente a la Cuenca Neuquina. ¿Y las demás cuencas productivas? ¿Es la Neuquina la única con proyección de desarrollo para esta administración? Parece que sí: en el primer semestre, la producción gasífera de la Cuenca Noroeste cayó 12,4 por ciento (acentuando la caída del 2018), la del Golfo San Jorge retrocedió 4,3 por ciento, mientras que la Cuyana (que se había recuperado el año pasado del descenso de 2017) se vino abajo en 4,7 por ciento.

En tercer lugar, no hay ninguna necesidad ni urgencia para haber hecho lo que se hizo. Esto es así porque existen leyes que pueden resolver la ampliación del sistema. En efecto, para incrementar la capacidad existente está la Ley 24.076, que le confiere el poder de control a el Enargas -que incluso, si la ampliación necesaria no es cubierta por la tarifa existente, permite una sobretarifa-. Ahora, si lo que se busca con el gasoducto es exportar, la Ley 17.319 habilita a los productores y les otorga el derecho de tener una concesión de transporte para sacar su producción a los efectos de llevarla tanto a los centros de consumo como a exportarla, por cierto, derecho subrogable.

En suma, las leyes 24.076 como 17.319 deberían haber sido las normativas elegidas para esta situación. No obstante, el DNU las atropella y otorga una licencia de transporte que durante 17 años no va a tener regulación de precios y tarifas. O, expresado de otro modo, la regulación caerá en cabeza de terceros, lo cual por ser una licencia de servicio público significa caer en la ilegalidad.

En cuarto lugar, se utiliza al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para el financiamiento, entre otros aportantes menores. Los recursos que pondrá el FGS han surgido de la privatización de los activos de las centrales termoeléctricas Brigadier López y Ensenada de Barragán. Una operación notable porque se dispuso la enajenación de empresas del Estado para financiar, desde el Estado, un supuesto servicio público cuyos precios y tarifas serán fijadas entre privados. O sea, un negocio de privados con plata del Estado derivada de la privatización de empresas estatales. 

Por otro lado, las usinas en cuestión fueron adquiridas por Central Puerto y un consorcio entre Pampa Energía e YPF. Pampa Energía es co-controlante de TGS, la gran beneficiada con el nuevo gasoducto, mientras que YPF la punta de lanza de los proyectos de exportación de GNL. 

En quinto lugar, tenemos la participación de Cammesa. Sabido es que el gasoducto, como consta en el Decreto 465 y en el pliego correspondiente, será construido en dos tramos, cada uno con sus respectivos plazos. Pues bien, sucede que se obliga a Cammesa a tomar en firme 10 millones de m3 para la realización del primer tramo. La tarifa, que aún es desconocida (y que el Enargas no regulará), la pagará la administradora del MEM, pero por un gas que no podrá adquirir, ya que para eso es necesario el segundo tramo. El segundo tramo, cabe recordar, habrá de terminarse en aproximadamente 5 años.

Cammesa debería haber plantedo a las autoridades competentes, esto es, a la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles, lo siguiente: ¿Por qué un contrato en firme para un gasoducto que recién le va a aportar gas en 5 años? Si Cammesa tiene sus centrales en el norte de Buenos Aires y el sur de Santa Fe por donde pasa TGN, ¿por qué se hace un gasoducto dirigido primero al sur? Asimismo, ¿a Cammesa cuánto le costaría -comparativamente hablando- llevar el gas a sus centrales a partir de los gasoductos existentes, con sus respectivos plazos de ejecución y extensiones resultantes? Dicho de otra forma: ¿Qué otras obras podrían realizarse para lograr el mismo resultado? Por ejemplo: llevar el gas desde Centro Oeste por San Nicolás; o desde el Neuba I y Neuba II (por TGS); o el segundo anillo de 70 kilómetros entre Cardales y Mercedes y sus dos plantas; o una combinación entre estas alternativas. Si son menos de 500 kilómetros, Cammesa podría disponer mucho antes los 10 millones de m3, ampliando en etapas, lo cual permite liberar capacidad de forma progresiva (mejora la eficiencia). 

Por último, si bien cierto que el ahorro en barcos de gasoil es real, la clave es que dicho ahorro futuro implique en este presente la menor erogación posible. ¿Es factible conseguir igual ahorro con las obras antes mencionadas, pero erogando menos? Otro interrogante: quienes no vendan por este gasoducto, ¿qué precios tendrán para que sus inversiones -volumen de suministro- no decaigan precisamente en invierno? ¿Se trasladarán a los usuarios esos precios en caso que resulten tener que ser mayores?

En sexto y último lugar, si será Cammesa la encargada de viabilizar económicamente este proyecto al ser la encargada de contratar en firme la demanda inicial (esos 10 millones de m3), quiere decir que serán indirectamente los usuarios y las usuarias del servicio público de electricidad quienes financiarán el nuevo ducto. 

En este sentido, el DNU exime al usuario residencial de gas natural ser el destinatario -vía traslado a cuadros tarifarios- de los precios y tarifas del nuevo Régimen Especial Temporario. Sucede, no obstante, que sobre el usuario del servicio público de electricidad no hay ningún reparo. Si bien el sector residencial está todavía subsidiado, los industriales medianos y grandes no lo están, con lo cual la vapuleada industria terminará subsidiando vía mayores tarifas el gas que las termoeléctricas consumirán de acá a cinco años.

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